Este lunes, un juez negó al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, una suspensión al amparo que interpuso para impedir que fuera detenido. Con ello, Medina perdería la protección federal que le impedía a un juez de control dictar las medidas cautelares que había pedido la fiscalía anticorrupción estatal, entre las que destacan el retiro del pasaporte e impedirle salir del país.

Si bien Rodrigo Medina fue exonerado de peculado y daños patrimoniales –los dos delitos más graves por los que se le había iniciado proceso-, y solo fue vinculado a proceso por el de ejercicio indebido de funciones por los apoyos del estado a la empresa Kia Motors, la posibilidad de ir a prisión sigue presente.

Al ex mandatario estatal también se le imputaban varios delitos como el de peculado y daño patrimonial por un desfalco al estado de 3 mil 600 millones de pesos.

El caso del ex gobernador neolonés es emblemático por varias razones. En principio, porque se trata de un gobernador priista que perdió la elección, y cuya administración fue el centro de la campaña electoral, como también sucedió en Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.

En segundo lugar, porque el proceso judicial lo ha emprendido la fiscalía estatal, a diferencia de otros casos donde las autoridades federales habrían determinado la suerte de los ex mandatarios. Y finalmente, porque en la naturaleza del nuevo sistema de justicia penal, ha tenido que presentarse ante un juez para presentar su defensa.

¿Y nosotros que tenemos que ver con Rodrigo Medina? preguntará el acucioso lector. Pues resulta que se trata de un nuevo escenario donde habrán de transitar de manera paralela dos sistemas anticorrupción: el de Nuevo León y el federal, razón que habría llevado al gobierno federal a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las iniciativas presentadas por el gobernador Javier Duarte hace apenas algunas semanas.

En los casos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua está claro que la suerte no estará vinculada a los nuevos gobiernos estatales, sino que, en caso de que prosperen las denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ante la Procuraduría General de la República (PGR), será el gobierno federal el que determine, con los mecanismos establecidos por el nuevo sistema anticorrupción, la suerte de los mandatarios en cuestión.

Por ello, en la víspera del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, muchos ven que el sistema anticorrupción se ha convertido en un reloj de arena para los jóvenes mandatarios.

Seguramente, uno de los logros más importantes que habrá de referir el Presidente en su informe es precisamente la entrada en vigor de este sistema justiciero; sin embargo, sin una sola muestra de su efectividad –es decir, algún funcionario de peso en el cadalso-, la confianza en que funcione será muy poca. Y para ello quedan acaso algunos días.

Pero tampoco se puede caer en la tentación de enjuiciar apresuradamente ante el grito ensordecedor del coliseo; cualquier sacrificio se entendería como una acción con fines políticos, que de no sostenerse en los tribunales, exhibiría al nuevo sistema anticorrupción como un brazo de control político. La cosa es seria.

Las acciones que se emprendan en contra de las administraciones que han sido señaladas por la corrupción será un detonante para la popularidad y credibilidad de quien las emprenda. En Nuevo León, “El Bronco” podría cumplir su principal oferta de campaña y tener un respiro a su controvertido inicio de gobierno, por ello, se ve difícil que el Presidente deje el éxito del sistema anticorrupción a merced de los gobernadores entrantes.

Los días corren. Hay quien apuesta a que habrá noticias en la víspera del informe presidencial; otros más conservadores no creen que el Presidente se exponga a ser señalado de autoritario y de buscar legitimar al nuevo sistema. De lo que pocos dudan es que, ante el escenario político en algunos estados y la caída en la popularidad del Presidente, el informe que se rendirá en poco más de dos semanas será el parte aguas respecto de su último tramo de gobierno.

La del estribo…

Cosas de la política. Los que nunca pensaron que llegarían, lo hicieron: José Nabor Nava Holguín a la Secretaría de Seguridad Pública y Fernando Sánchez a la Dirección del Registro Civil en el Estado. Y los que la tenían segura, dijeron no gracias: la rectora Sara Ladrón de Guevara y el tenista Santiago González.