Lejos de la coordinación entre el mandatario todavía en funciones y el gobernador electo, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares respectivamente, la transición gubernamental en Veracruz ha sido un permanente enfrentamiento, que lo mismo incluye descalificaciones y denuncias penales que señalamientos y acusaciones ante los medios y redes sociales.
Desde que se conocieron los resultados de la elección local del pasado 5 de junio, las diferencias entre el gobernador saliente y el electo han subido de tono y escalado a niveles nunca antes vistos en la entidad.
Nunca como hoy, la relación entre un gobernador que está a punto de salir del cargo y el que está por llegar ha sido tan mala; asimismo, no existen antecedentes de una sucesión en que la principal característica sean la confrontación y el encono.
Veracruz no es el único estado en que habrá cambio en el poder ejecutivo; recordemos que en las elecciones del presente año se votó por 12 gobernadores, con siete derrotas para el Partido Revolucionario Institucional.
En Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz hubo procesos electorales este año; sin embargo, únicamente en esta última entidad ha prevalecido un ambiente que bien podría calificar como conflicto político por la confrontación y la polarización.
En Chihuahua, por ejemplo, donde existen marcadas diferencias entre el gobernador en funciones, César Duarte, y el electo, Javier Corral, el proceso de transición ya  está en marcha. Desde el pasado 11 de julio, el equipo de transición del panista Corral Jurado, que incluye a la diputada Rocío Reza, al ex dirigente del PAN, Gustavo Madero y al ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, sostuvo una reunión con el secretario de gobierno de esa entidad, Mario Trevizo Salazar. Incluso, al terminar la junta correspondiente trascendió que uno de los temas abordados fue la deuda pública que enfrenta ese estado, misma que supera los 50 mil millones de pesos.
Igual ocurre en Quintana Roo, donde a pesar de la pugna entre el todavía gobernador, Roberto Borge Angulo, del PRI, y el candidato electo, Carlos Joaquín González, de la alianza PRD-PAN, la transición se desarrolla con cierta tranquilidad.
El pasado dos de agosto, a través de sus redes sociales, Roberto Borge difundió una fotografía en que aparece con el gobernador electo; en esa publicación, el ejecutivo en funciones apuntó: “En la casa de gobierno de #Cancún con @CarlosJoaquin, gobernador electo. Hablamos sobre la transición de #QuintanaRoo”. En respuesta, por la misma red social, el perredista se refirió a la reunión con Borge Angulo y señaló que era “por el bien de #QRoo”.
Mientras tanto, en Oaxaca, donde también habrá transición, Gabino Cué Monteagudo, quien llegó al cargo por una alianza entre PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, pasará la estafeta al priista Alejandro Murat Hinojosa. En esa entidad, que se ha caracterizado por la politización de la población y por los frecuentes conflictos sociales y políticos, el gobernador en funciones y el electo sostuvieron una reunión el pasado 13 de julio, a fin de definir la ruta del cambio en el poder ejecutivo y del proceso de entrega-recepción.
Así, al margen de lo que diga la ley en cuanto al inicio formal de los procesos de entrega-recepción en esas entidades, los equipos de los gobernadores que salen y los de los que llegan ya comenzaron a trabajar.
En Veracruz no es así: el enfrentamiento entre el grupo que llega y el que se va es evidente y las posiciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes son ya irreconciliables.
Al parecer, el nivel de las agresiones no disminuirá y el conflicto no parará hasta que uno de los dos termine con el otro. Las apuestas y las probabilidades corren contra el gobernador en funciones, quien dejará el cargo el 30 de noviembre próximo.

Ganar tiempo para cuadrar las cuentas

Recordemos que desde hace casi dos meses, el 13 de junio pasado, una vez que superó la aduana de las urnas, Yunes Linares solicitó adelantar el proceso de entrega-recepción.
En conferencia de prensa, el gobernador electo habló de la necesidad de iniciar a la brevedad una auditoría a la actual administración, para conocer a detalle el estado del poder ejecutivo; en pocas palabras, revisar todas las dependencias, recursos, plantillas, bienes, activos y deudas.
Casi de inmediato, la administración de Javier Duarte se negó a dicha posibilidad, argumentando que la ley en Veracruz señala que ese proceso inicia un mes antes de la toma de protesta.
En el seguimiento de dicho tema, el de la transición en el poder ejecutivo veracruzano, el pasado dos de agosto el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, descartó la posibilidad de que se adelante la entrega-recepción, como lo ha demandado el gobernador electo.
Dijo Flavino Ríos que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es clara y que ese proceso iniciará hasta el primero de noviembre.
Dicha postura de la actual administración ha sido señalada como un intento por ocultar información o bien ganar tiempo para cuadrar las cuentas y limpiar la casa; sin embargo, si en más de dos años de señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación eso no ha sido posible, en tres meses que restan parecería una misión imposible, dada dimensión de la inmundicia administrativa. @luisromero85