La última vez que el gobernador Javier Duarte desmintió personalmente los rumores de su supuesta renuncia fue en una conferencia de prensa organizada el lunes 15 de febrero de este año en el World Trade Center de Boca del Río, la cual había sido convocada originalmente para abordar el espinoso tema de la seguridad pública. Esa vez, el mandatario veracruzano afirmó que sí dejaría la gubernatura… pero hasta el 30 de noviembre próximo.
Por eso, a menos que el presidente Enrique Peña Nieto así lo disponga, Duarte continuará en el poder, aunque este miércoles, al asumir la dirigencia nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, un ex funcionario muy cercano al mexiquense, mandó una electrizante mensaje al gobernador de Veracruz: el ex director de la CFE propuso ante los 541 consejeros priistas crear un órgano anticorrupción interno “para fiscalizar a sus gobernantes y, de ser necesario, pedir su destitución”.
¿Acaso eso percibió el ex candidato priista a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, quien 24 horas antes de que Ochoa sustituyera en la presidencia del CEN del PRI a Manlio Fabio Beltrones, convocó a conferencia de prensa para pedirle a Duarte a que por dignidad solicite licencia para separarse de inmediato de su cargo, aunque se infiere también que la primera motivación del senador con licencia para demandar la abdicación del gobernador fue la acción de inconstitucionalidad que Peña decidió promover a través de la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las medidas anticorrupción que el Ejecutivo estatal intentaba sacar en el Congreso local para blindar su salida?
Y es que ésta no es la primera vez que Yunes Landa demanda la separación de Duarte. A principios de este año, cuando se perfilaba como el aspirante con mayores posibilidades de ser el candidato del PRI, el senador habría propuesto también ante el Comité Ejecutivo Nacional priista y altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación un interinato en el gobierno de Veracruz a sabiendas del costo electoral que le representaría a él y a su partido el descrédito y repudio popular de la administración duartista, como finalmente ocurrió.
Por ello, ante los rumores que a principios de febrero comenzaron a esparcirse en algunas columnas políticas acerca de que sería incorporado al gabinete presidencial en una posición menor, Duarte salió a desmentirlos igual que como lo ha venido haciendo prácticamente desde que asumió el poder. A principios de enero de 2011, por ejemplo, se rumoró lo mismo con la primera oleada de violencia. Ejecuciones y levantones al por mayor. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río cayeron los primeros periodistas. Miguel Ángel López Velasco, columnista de Notiver, inició la retahíla de comunicadores ejecutados y desaparecidos en este régimen. El acabose fue el tiradero de 35 cadáveres ocurrido en septiembre de ese año en la zona hotelera de Boca del Río, donde al día siguiente se efectuaría la reunión nacional de procuradores y de presidentes de tribunales del país.
Pero esa crisis inicial la salvó Duarte por el determinante apoyo del secretario de Marina, Mariano Saynez, un gran amigo de su familia, con el cual operó el programa “Veracruz seguro” que el presidente Felipe Calderón se vio forzado a aprobar.
Luego, en abril de 2013, en pleno proceso electoral local, Duarte enfrentó otro vendaval político que igualmente tambaleó su permanencia en la gubernatura. El escándalo mediático, detonado por la exhibición de grabaciones y videos que hizo la dirigencia nacional del PAN sobre el intento de manipulación de los programas federales de la Sedesol para apoyar a los candidatos priistas a las alcaldías y Congreso del estado, repercutió en la mesa del Pacto por México, obligando al presidente Peña Nieto a firmar un adendum con los dirigentes del partido blanquiazul y PRD.
En esa ocasión se rumoró que el gobernador sería colocado en la Procuraduría Federal del Consumidor que permanecía acéfala tras la renuncia del mexiquense Humberto Benítez Treviño por el escándalo de su hija, la “Lady Profeco”.
En agosto de 2015, de nueva cuenta, Duarte fue linchado mediáticamente por el multihomicidio de la Colonia Narvarte, en la ciudad de México, en el que se le quiso implicar porque entre las cinco víctimas figuraban el fotógrafo defeño Rubén Mendoza y la activista de derechos humanos nativa de Chiapas, Nadia Vera, que en junio habían salido de Veracruz por presuntas amenazas de muerte. Sin embargo, Duarte se sostuvo porque la Procuraduría capitalina, dependiente de un gobierno emanado del PRD, le quitó presión al sustentar otro móvil del multiasesinato y capturar a los presuntos criminales.
Seis meses después, en febrero de este año, Duarte se volvió a tambalear, pues a la crisis por la voluminosa deuda pública que le ha impedido cumplir puntualmente con el pago de subsidios a organismos públicos autónomos y descentralizados como la Universidad Veracruzana y el Instituto de Pensiones del Estado, nuevamente dos casos de alto impacto en materia de seguridad pública lo colocaron en el ojo del huracán: la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca que fueron entregados por policías estatales a un grupo del crimen organizado, y el secuestro y homicidio de la periodista Anabel Flores, reportera policiaca de El Sol de Orizaba. Pero Duarte, otra vez, afirmó que ni él se iba de la gubernatura y que tampoco Arturo Bermúdez saldría de la Secretaría de Seguridad Pública, como lo exigían no sólo representantes de partidos de oposición y de organizaciones no gubernamentales, sino también voceros de la Iglesia católica.
Ahora, ante la preocupación de los líderes del PRI por la proximidad del proceso electoral municipal de 2017, el mandatario veracruzano parece estar pendiendo de un hilo, por lo que según Héctor Yunes, habría presionado a diputados y alcaldes priistas y de partidos aliados para que firmen desplegados de apoyo que lo sostengan hasta noviembre en el poder.
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