El escenario para el gobernador Javier Duarte y su más cercano grupo de colaboradores no podría ser peor.

Objeto del escarnio y del linchamiento público por las acusaciones sobre presuntos actos de corrupción e impunidad, Duarte de Ochoa enfrenta actualmente la peor de sus pesadillas: la llegada al poder, como sucesor en el cargo, de Miguel Ángel Yunes Linares, contra quien emprendió, prácticamente desde que llegó a la gubernatura, en 2010, una férrea campaña de señalamientos y acusaciones.

Son tan pobres los resultados de la administración que está por concluir; y tan adversa la opinión de los veracruzanos sobre el actual gobierno del estado, que la crítica promovida desde el sector oficial veracruzano contra Yunes Linares terminó por fortalecer al candidato panista, pavimentando la carretera a la victoria del blanquiazul en las elecciones del presente año.

Miguel Ángel Yunes midió a la perfección el descontento social por la inseguridad, la violencia, la escasa generación de empleos, los niveles de corrupción e impunidad y la ausencia de obra pública en las diferentes regiones del territorio estatal. El hoy gobernador electo sabía lo que decía cuando, al reunirse con un grupo de periodistas, antes del arranque de la campaña, comentó que Javier Duarte era considerado por la opinión pública como el culpable de todos los males de Veracruz y que ello, de manera inevitable, afectaría al PRI y a su candidato a gobernador. Al final, los resultados electorales dieron la razón al panista.

El descrédito de una administración que termina cuestionada, señalada y acusada por ineficiente y corrupta es evidente.

De las empresas “fantasma” al desplome del blindaje

Lo peor, sin embargo, apenas viene para el grupo que todavía está en el gobierno estatal: al tema de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación y de las irregularidades detectadas en las revisiones a las cuentas públicas veracruzanas se suma la investigación que realiza el Sistema de Administración Tributaria sobre empresas “fantasma” que habrían sido beneficiarias con millonarios contratos del gobierno estatal. 11 dependencias del poder ejecutivo veracruzano están relacionadas con los millonarios contratos.

En ese contexto, el SAT, a través de su página de internet, confirmó la presentación de 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República; 18 de esas empresas inexistentes declararon ingresos por más de 100 millones de pesos; 13 más no alcanzaron dicha cifra; y una ni siquiera realizó declaraciones fiscales.

Dato para ilustrar el monto de las operaciones: la dependencia que encabeza Aristóteles Núñez Sánchez informó que una de las empresas investigadas declaró ingresos por más de mil millones de pesos.

Por si dichos escándalos (las revisiones de la ASF y las investigaciones de la PGR y SAT) no fueran suficientes, este lunes el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, propinó un batazo a la nuca de Duarte, al promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las reformas aprobadas sobre combate a la corrupción; esto es, el paquete de iniciativas que se han denominado como el “blindaje” para el gobernador.

La intención de la medida promovida por la PGR es que se declare como inconstitucional el nombramiento del contralor, del fiscal y de los magistrados de la Sala Anticorrupción. La posición de la Presidencia de la República, dada a conocer por el vocero Eduardo Sánchez Hernández, no podía ser más contundente: el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene cabida a legislaciones locales a modo.

Posición sacrificable

Acorralado, Javier Duarte se vio obligado a desistir de su plan de blindaje y utilizó su Twitter para decir que “de acuerdo con la Presidencia de la República, los miembros de la terna a magistrados anticorrupción han declinado y no enviaré ninguna otra propuesta”; de igual manera, exhortó “a la Comisión de Procuración de Justicia de la Legislatura del Estado declarar desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción”.

Duarte de Ochoa no podía asumir una actitud diferente e insistir en su plan de blindaje, porque ello hubiera representado una confrontación, aún mayor, con la Presidencia de la República, demasiados frentes abiertos; un gobernador tan debilitado como el veracruzano no cuenta con la posibilidad de oponerse a una decisión del ejecutivo federal; ello sería tanto como derribar una pared a puntapiés.

Por otro lado, todo apunta a que el ejecutivo veracruzano es para Los Pinos una posición prescindible, sacrificable por su nivel de descrédito y por las acusaciones que pesan en su contra.

Mientras todo eso ocurre, la dirigencia nacional panista adelanta que llevará a Duarte a juicio político ante el Congreso de la Unión. El pasado jueves 7, Ricardo Anaya se refirió a la exigencia de su partido de remover del cargo al actual ejecutivo veracruzano. Por su parte, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, exigió que Duarte sea separado de la gubernatura, a fin de evitar que oculte información que permita proceder en su contra.

Incluso el ex candidato del PRI al gobierno del estado, Héctor Yunes Landa, se sumó este lunes a las voces que opinan que el ejecutivo de la entidad no debe permanecer en el cargo, por dignidad.

Ante dicho escenario, se puede anticipar que los siguientes meses serán para Duarte de Ochoa una verdadera e insufrible pesadilla. @luisromero85