Debieron ser muchos los mensajes privados enviados al gobernador Javier Duarte de Ochoa para que evitara usar al Congreso local para hacer leyes a su medida, reformas constitucionales pensadas en su exclusivo beneficio personal. Los desoyó. Continuó tratando de utilizar a diputados entreguistas, más preocupados por su cartera que por defender a los veracruzanos.
Luego, desde el CEN del PRI le hicieron un extrañamiento público sobre el tema de armar una ley anticorrupción y el nombramiento de un fiscal a modo, anclado por años, para defenderle, señalándole que si bien podría ser legal, no era ético. El llamado de la presidenta nacional priista, Carolina Monroy del Mazo, tuvo efecto en diputados locales que entendieron la gravedad de someterse a los designios de quien se va y ello impidió que las iniciativas tuvieran la mayoría calificada para su aprobación.
Pese a que en sucesivas sesiones del Congreso se tuvo que hacer a un lado el tema por falta de respaldo, las iniciativas se mantenían en el caldero, mientras se buscaba convencer –a golpe de cañonazos económicos– a diputados que pudieran dar el número necesario para lograr mayoría calificada. Pero el tiempo suele ser vengativo.
Muchos actores políticos, incluido el gobernador elector Miguel Ángel Yunes Linares, invocaron el uso del autoritarismo del viejo modelo del PRI, aquel que permitía (o soliviantaba) la caída de un gobierno estatal por órdenes del Presidente de la República, para evitar que el blindaje buscado por Duarte se hiciera realidad. La Presidencia de la República respondió a quienes lo solicitaron que la ley no le otorgaba esa facultad, en razón del federalismo y la autonomía de los poderes estatales.
Este lunes, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Quintana Roo y Veracruz, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que aprobaron recientemente, y que la oposición ha denominado como “blindaje” para los gobernadores salientes, Roberto Borge y Javier Duarte.
Y fue muy claro el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez. En una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, en que también estuvo presente Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos de la PGR, Eduardo Sánchez señaló que no hay cabida “para legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.
En la conferencia se dijo que los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo no pueden hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, de contralores, magistrados o fiscales anticorrupción, porque de ese modo se generaría “inseguridad jurídica”.
De un solo tajo, el gobierno federal echaba abajo la ley anticorrupción, el intento de nombrar un fiscal en la materia, la creación de una sala del Tribunal Superior de Justicia para el combate a la corrupción y el nombramiento de tres magistrados, cuya terna estaba compuesta por gente identificada con el PRI y el gobernador saliente e, incluso, con personajes famosos por haber dispuesto del dinero público, como el caso de la exalcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David, acusada de malversar más de 100 millones de pesos del ayuntamiento sureño.
Frenar el abuso del poder, no propiciarlo
Salvador Sandoval Silva explicó que la reforma constitucional de mayo de 2015, aprobada por el Congreso de la Unión, previó dos cuestiones que impiden tanto al gobernador de Veracruz, como al de Quintana Roo, Roberto Borge, realizar cambios legislativos en la materia:
“Primero: que los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional. Segundo: que hasta que eso ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas, continuarán en vigor”.
Por lo visto, los asesores jurídicos de ambos gobiernos estatales (Veracruz y Quintana Roo), acusados de actos de corrupción a escalas extremadamente graves y amenazados por los gobernadores que habrán de sustituirles el 1 de diciembre, no contemplaron esas condiciones y, a pesar de ellas, según Sandoval Silva, sus Congresos “han aprobado diversas reformas y realizado diversos actos que no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que tuvo como objetivo concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo”.
Ante ello, añadió, se promovió la acción de inconstitucionalidad, para que la SCJN analice las reformas aprobadas por los congresos locales, y “advierta que las entidades federativas mencionadas, carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.
El mensaje ya no deja ni dudas ni capacidad de movimiento para ambos gobernadores. Ninguno puede argumentar ignorancia de las leyes federales, y aunque en Quintana Roo se logró incluso el nombramiento del fiscal anticorrupción, este será echado abajo mediante la acción de inconstitucionalidad.
Lo quieren fuera… ya
La misma mañana del lunes, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció por medio de su cuenta de Twitter que había cancelado sus iniciativas. En su primer mensaje, señala: “De acuerdo con la @Presidencia MX los miembros de la terna a Magistrados Anticorrupción han declinado y no enviare ninguna otra propuesta”. El segundo: “Exhorto a la Comisión de Procuración de Justicia de la @LegisVer declarar desierta la convocatoria para nombrar Fiscal Anticorrupción”.
Falta ver si deroga la ley anticorrupción, que sí fue aprobada, aunque legalmente está impedido hasta en tanto no se hayan publicado las leyes generales correspondientes, aprobadas por el Congreso de la Unión.
Por lo pronto, Javier Duarte de Ochoa ha llegado a límites políticos inconcebibles, en el marco de una guerra sin cuartel contra todos los grupos opuestos, incluidos los de su partido, lo que entre otras cosas permitió su derrota por primera vez en las últimas ocho décadas.
La reacción del excandidato priista a Gobernador, Héctor Yunes Landa, ha sido considerada como la más dura de entre todas las que este lunes se manifestaron luego de este anuncio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yunes Landa exigió a Duarte que, por dignidad, “solicite licencia para separarse de manera definitiva del cargo de gobernador”.
Entre otras cosas, le acusa de orientar un esfuerzo irracional “por lastimar a la sociedad a través de quebrar al estado, pervertir el proceso legal, coaccionar a legisladores, suprimir en los hechos la división de poderes y destruir a la administración pública”.
Por su parte, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares se congratuló con la medida anunciada por el gobierno federal y dijo que por fin se había escuchado el clamor de la ciudadanía, que él ha externado en diversas ocasiones.
Ante el sesgo dado en su discurso para considerar la medida como una respuesta a sus solicitudes, manifestadas en conferencias de prensa y en una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, el delegado en Veracruz de la Secretaría de Gobernación, Ángel Isaac Ochoa, dijo que la acción de inconstitucionalidad anunciada por la PGR es en respuesta al rechazo generalizado de los veracruzanos a los intentos del gobernador por blindar su salida, y precisó: “No es en respuesta al reclamo del gobernador electo sino al rechazo social”.
Luego de señalar ante el Grupo de los Diez que la única victoria obtenida por Miguel Ángel Yunes Linares es la lograda en los pasados comicios del 5 de junio y no lo anunciado por la PGR, el funcionario federal reconoció que, junto con ello, el gobierno de la república está realizando auditorias, integrando averiguaciones y citando a funcionarios estatales para esclarecer las múltiples denuncias que pesan sobre la administración estatal saliente.
Lo que viene, entonces, no será una fiesta de despedida, sino la posible encarnación del infierno en la Tierra, al menos para quienes pertenecen a la administración veracruzana. De Quintana Roo, que hablen sus habitantes, felices porque también podrán evitar el blindaje que pretendía el bisoño Roberto Borge.
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