El Estado pretende reformar el artículo cuarto Constitucional para proteger la vida desde su concepción para usarlo como distractor de otros temas graves como el feminicidio, consideró la integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Rosío Córdova Plaza.

“Me parece un distractor entre los múltiples atropellos y embates que está sufriendo la ciudadanía; invitaría a los diputados a considerar esto muy seriamente; la criminalización de la interrupción del embarazo está vinculada con la pobreza porque las mujeres que tienen recursos pueden acceder a ésta fuera de Veracruz; quien no puede desplazarse son las mujeres pobres”.

Señaló que esta reforma que analizan los diputados en el Congreso local es un retroceso escandaloso, pues es un tema que ya está legislado desde el 2009 y que en estos momentos carece de argumentos científicos para ser discutida.

“Ya se pronunció la CIDH y parece un poco ridículo que a estas alturas quieran criminalizar a las mujeres de manera más indiciosa, severa y con argumentos que no tienen sustento científico”.

Córdova Plaza insistió en que los diputados deben reflexionar a quién están perjudicando con la aprobación de esta reforma, pues dijo que no se debe tratar como una cuestión religiosa ni moral, sino que con ella se perpetúa la subordinación de las mujeres que no tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual las coloca en una situación de minoría de edad.

“Es protección de la vida de quién, porque una vez que nacen su vida no le importan a nadie, si no vean a los indigentes y la cantidad de pobres que hay; qué vida estamos defendiendo; deberíamos defender la vida que es viable”.

Por ello, opinó que tener a los grupos organizados de mujeres pendientes de esto, implica que no atiendan otros aspectos como los feminicidios, “el Estado pretende cuidar una vida que no es una persona y no cuidan la vida de las mujeres; nos están matando; secuestrando, violentando día a día. No puede ser que este sea el primer lugar en número de embarazos adolescentes y que se pretenda echar abajo las causales legales para la interrupción del embarazo”.

 

 

 

 

 

Avc