Ahora que los adversarios políticos del gobernador Javier Duarte de Ochoa están aprovechando el lamentable caso de la joven Daphne Fernández para pegarle como piñata al mandatario priista, bien cabría preguntar si la doctora Mireya Toto Gutiérrez todavía despacha como directora general de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, cargo que asumió oficialmente desde julio de 2012.

Y es que desde que el padre de la joven presuntamente violada publicó sendas cartas abiertas en algunos medios impresos del puerto de Veracruz, lo que desató el linchamiento mediático y en redes sociales contra Duarte de Ochoa, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y los supuestos victimarios y sus familias, hasta ahora no se ha visto ni sentido la presencia de la doctora Toto, quien hace tres décadas, en agosto de 1982, cobró notoriedad como abogada de Elvira Luz Cruz, una desesperada madre que había intentado suicidarse luego de haber ahorcado a sus cuatro hijos de 6, 3, 2 años y de 2 meses de edad porque no tenía para darles de comer.

Por presiones de la sociedad mexicana, mucho más conservadora que ahora, la mujer fue sentenciada a 23 años de cárcel por filicidio. Su historia despertó tanto interés que incluso fue llevada al cine en 1985 con el título “Los motivos de Luz”, que dirigió Felipe Cazals.

Este miércoles, sin embargo, acompañado solo del alcalde porteño Ramón Poo Gil, el gobernador Duarte buscó un acercamiento con la familia de la joven presuntamente violada, entrevistándose directamente con la abuela María Elena Bretón de la Cruz, a la que aseguró que estará pendiente de que se haga justicia en el caso de su nieta.

Resulta inexplicable la aparente ausencia de Mireya Toto en un caso tan candente como éste, dado que hace casi cuatro años, al rendir la protesta de ley como directora general de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, al hacer uso de la voz, dijo que la puesta en marcha de esta instancia era “una acción concreta del Ejecutivo estatal que se traduce en una reingeniería del sistema de justicia a favor de las víctimas que implicará actuar con humanidad, solidaridad y sensibilidad respecto a la protección a la vida y el bienestar de las personas víctimas del delito”.

En esa ocasión se definió que esta comisión operaría con un modelo integral de asistencia jurídica, psicológica, médica y social a través de mecanismos innovadores que integrarán y articularán las diferentes instancias del gobierno estatal, la sociedad civil y los organismos no gubernamentales en coordinación decidida con los esfuerzos federales que en la materia se desarrollan, lo que no se ha visto hasta ahora en la atención de la joven presuntamente  mancillada por los llamados “Porkys de Costa de Oro”.

“Este rediseño –puntualizó aquella vez la ex diputada– implica mecanismos institucionales para revertir la afectación del tejido social vulnerado por la violencia con respuestas efectivas de atención integral a las víctimas”, señaló Toto Gutiérrez, quien por cierto, hace un año, en marzo de 2015, fue acusada públicamente por el catedrático de la Universidad Anáhuac de Xalapa, Arturo Hernández Abascal, de haber solicitado a las autoridades de ese centro educativo su despido sólo por haber mencionado a la funcionaria en su clase de Teoría del Estado, en la que había abordado con sus alumnos el tema de los derechos de las minorías y la no discriminación.

El regreso de Silva

Y hablando de otras sentidas ausencias, trascendió que Juan Octavio Pavón González dejará la Coordinación General de Comunicación Social porque mientras el gobernador Javier Duarte ya no siente lo duro sino lo tupido, el vocero andaba de shopping en Nueva York.

Pavón González es un buen funcionario que logró poner orden administrativo en esa dependencia estatal, pero lo suyo en realidad es lo técnico en materia de radio y televisión.

Y para este momento coyuntural, por lo crispado y candente de la sucesión gubernamental, Duarte de Ochoa y su vapuleada administración requieren de otro encargado de la vocería con más oficio, sensibilidad y pericia política.

El mandatario ha tenido que echar mano otra vez de Alberto Silva Ramos, a quien ya le había dado la misma encomienda en 2014, cuando el ex alcalde tuxpeño tuvo que dejar la cómoda Secretaría de Desarrollo Social del estado para relevar a Gina Domínguez Colío en Comunicación Social, cuya Coordinación General les habría sido propuesta a otros candidatos pero ninguno aceptó tomarla por la complicada relación con los medios y la difícil situación financiera del gobierno duartista.

Ahora, por la misma lealtad a su jefe político y amigo, Silva Ramos ha solicitado licencia para separarse de su cargo de diputado federal y así acompañar y servir de tiempo completo al gobernador Duarte en este último tramo, el más ingrato y desgastante del sexenio.