Sin mostrar la más mínima voluntad para resolver el conflicto que sostiene con la Universidad Veracruzana, a la que solo ha buscado embrollar con declaraciones públicas, insustanciales iniciativas de reforma y una nula comunicación con las autoridades universitarias, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa enfrentará este jueves 10 de marzo la horma de su zapato.
Para ese día, oficialmente, el Consejo Universitario General ha llamado a todos los miembros de la comunidad de la UV a dar la primera batalla callejera contra la asfixia financiera en que se mantiene a la casa de estudios y otorga representatividad –más allá de la formal– a la rectora Sara Ladrón de Guevara para que encabece por primera vez una acción desesperada de manifestación pública que permita expandir los frentes de gestión y presión para que Duarte no deje morir a la institución.
Si la marcha masiva con que los universitarios fueron a las calles para demandar el pago de los más de 2 mil millones de pesos que adeuda el Gobierno del Estado a la UV fue una muestra inicial del mayúsculo descontento que priva entre estudiantes, académicos, trabajadores e, incluso, funcionarios de la UV contra el intento por desaparecerla, lo grave de la decisión del Consejo Universitario General es que ha abierto un frente inédito de confrontación entre la UV y el gobierno duartista, que corrobora lo que todos ya habíamos observado: el agotamiento de todos los canales de negociación para resolver el problema.
En resumidas cuentas: Javier Duarte de Ochoa no tiene ninguna intención de resarcir el daño financiero hecho a la UV.
Tan fácil como que el discurso de su gobierno ha sido el de acumular agravios y amenazas. En medio de la turbulencia, de las denuncias presentadas por la UV para reclamar el pago y de las expresiones políticas de apoyo a la casa de estudios, la respuesta fue cobrar supuestos adeudos al IPE y a la hacienda estatal por concepto de impuesto a la nómina y, más recientemente, la amenaza de una reforma al artículo 98 de la Ley del IPE que cargaría a la UV la responsabilidad de cubrir déficits que han sido producto de malos manejos en ese organismo.
Para ganar (o perder) tiempo, Duarte salió con una iniciativa de reforma constitucional que buscaría asegurar el 3 por ciento del presupuesto estatal para la UV, una reforma que él no tendrá la obligación de cumplir pues se transferiría en automático al siguiente gobernador; ni siquiera ha mostrado esa bondad modificando el presupuesto para este año, que contempla una reducción de más de 200 millones de pesos a la participación estatal para la universidad.
A nivel nacional y estatal, mientras tanto, crece la solidaridad con la institución que más ha contribuido al desarrollo de la entidad con capital humano, vinculación con empresas y el sector social, investigación, arte y cultura.
La comunidad universitaria plantará cara a Duarte
Tan grave es la situación por la que cruza la UV, que la sesión extraordinaria del Consejo Universitario del pasado viernes se refirió exclusivamente al problema financiero. Para la comunidad universitaria, los tramos de negociación se han agotado y hace falta tomar nuevas medidas. Por eso, inusualmente, uno de los acuerdos ha sido convocar a una marcha ‘monumental’ para el próximo jueves.
A no ser las movilizaciones encabezadas por el entonces rector Roberto Bravo Garzón en los años setenta, para demandar el cumplimiento del gobierno estatal con la universidad, lo que vamos a ver en breve es producto de la acumulación de agravios con esta casa de estudios. El ambiente político, de por sí crispado por tantos huecos abiertos, se polarizará con la participación de una buena parte de los universitarios, además de quienes le apoyan, en las calles de las principales ciudades del estado.
¿Cuáles fueron los acuerdos del CUG? Hagamos un repaso:
- Convocar a una marcha monumental en defensa de la casa de estudios
- Rechazar la propuesta de reforma al artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, que obligaría a la UV a destinar buena parte de su presupuesto a cubrir los faltantes en el presupuesto del IPE para el pago de pensiones y jubilaciones
- Rechazar la reducción del presupuesto de 2016, que es de más de 200 millones de pesos, aprobada por los dóciles diputados locales
- Incrementar de 3 a 5 por ciento del presupuesto estatal anual para la UV, incorporado en la reciente iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte para garantizar la autonomía financiera de la UV
También acordó que la Rectora envíe al Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, la solicitud para que intervenga ante la Secretaría de Hacienda con el fin de que la casa de estudio reciba la totalidad de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie), mismos que redujeron en un 67 por ciento, de un total de 55 millones 423 mil 69 pesos.
Y es que por todos lados le está yendo mal a la Universidad Veracruzana. A los adeudos que sostiene el gobierno estatal, se añaden medidas del gobierno federal que afectan a su desarrollo.
Se ha publicado, por otro lado, un análisis hecho por el economista Hilario Barcelata en que se observa que el 3 por ciento del presupuesto estatal afecta más que beneficiar a las finanzas universitarias. En el análisis, sin embargo, se incurre en un error de apreciación.
En efecto, Barcelata señala en su análisis que el presupuesto aprobado para 2016 a la UV, por un monto de 4 mil 575 millones de pesos, representa el 4.6 por ciento de los poco más de 98 mil millones del presupuesto estatal, por lo que reducirlo al 3 por ciento significaría quitarle de tajo 1 mil 619 millones para dejarlo en poco menos de 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, hay que recordar que la iniciativa duartista se refiere solo a la parte del subsidio estatal y no del conjunto del presupuesto universitario. En anterior Hora Libre plantee las siguientes consideraciones sobre el tema de los porcentajes:
“Si hacemos cuentas, si consideramos que dicho presupuesto (el estatal) es de 100 mil millones al año, resulta que se destinarían a la UV unos 3 mil millones de pesos anuales, que significarían ciertamente un incremento del 25 por ciento al que ahora se le destina, pero a contracorriente (de aprobarse la reforma a la Ley del IPE), se le retendrían 400 millones.
“En 2015, el presupuesto de la UV fue de 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales, lo aportado por el gobierno estatal fue (o debía ser) de 2 mil 400 millones y el resto, 2 mil 200, por aportación del gobierno federal. Se pasaría de destinarle el 2.5% al 3%, sin que haya disminución respecto al año previo, lo que ciertamente es mayor al 1 por ciento que actualmente el gobierno federal destina a la UNAM”.
De todas maneras, la medida no está contemplada para 2016, hasta donde este servidor entiende, sino a partir de 2017. Los señores diputados, tan carentes de criterio e independencia, difícilmente contemplarán la propuesta de la UV en el sentido de que ese porcentaje sea del 5 por ciento. Habrá que analizar, de todas maneras, el texto de la iniciativa del Gobernador del Estado. No vaya a ser que, en efecto, el 3 por ciento se refiera tanto al subsidio estatal como al federal, lo que haría válida la preocupación expresada por el economista Hilario Barcelata y daría sentido a la propuesta universitaria de incrementarlo al 5 por ciento. Si ese es el caso, retiro mi dicho.
Los requerimientos de la Auditoria Superior a la UV
En medio de toda esta confrontación, llama la atención que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) haya hecho observaciones a varias universidades del país por haber incurrido en faltas graves en el manejo de los recursos federales, entre ellas la UV, que deberán ser solventadas y resueltas en aras de la transparencia, la legalidad y la racionalidad del gasto.
En efecto, según la ASF, las universidades de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guadalajara, Sonora, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Guerrero y Zacatecas realizaron pagos irregulares que suman mil 479 millones de pesos, los cuales deberán aclarar y regresar a la Tesorería de la Federación.
La UV, junto con otras nueve universidades públicas, contrató a personal que no cumple con el perfil académico para el puesto, lo que significa daño a las finanzas públicas. Otra irregularidad es el pago para plazas no autorizadas por la SEP y, en el caso de la UV, junto con las universidades de Baja California, Baja California Sur y de Guadalajara, excede los montos autorizados en los estímulos de carrera docente, prestaciones no ligadas al salario y al límite máximo de los tabuladores.
En medio de esta guerra declarado entre el Gobierno del Estado y la UV, estos temas deberán resolverse con prontitud para evitar que sean utilizados por el primero.
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