Como se las pretendía pasar de humo para mantener como secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) a Víctor Hugo Moctezuma Lobato, el presidente de ese organismo, Alejandro Bonilla Bonilla, se echó encima al PAN y al PRD, que exigen su remoción del cargo.

Los representantes de ambos partidos ante el Consejo General del OPLE señalaron que Bonilla protege a Moctezuma, quien a estas alturas ya debería haber dejado de ser secretario ejecutivo, pues no reúne la antigüedad de cinco años con título de licenciatura exigida como requisito para ocupar el cargo.

Además, la posición de Moctezuma Lobato ya estaba en vilo desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio “palo” al malhecho Código Electoral del Estado, confiriendo al Consejo General del OPLE y no al Congreso local la facultad para el nombramiento.

Bonilla Bonilla ha dejado correr el tiempo y resulta que el próximo 12 de diciembre vence el plazo para que los consejeros del OPLE ratifiquen o en su caso, remuevan a Víctor Moctezuma.

Ha de ser que Deantes no ha dado instrucciones todavía.

YA QUE HABLAMOS de legislaciones tramposas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional en Materia de Derecho de Réplica. La CNDH considera que parte de sus artículos son ambiguos y no obedecen a otros derechos amparados en la Constitución, ya que la ley “no cubre con los estándares constitucionales que sobre el derecho a la libre manifestación de ideas y el propio derecho de réplica garantiza la Carta Magna, además de que genera incertidumbre jurídica en los destinatarios de la norma”. Asimismo, el organismo señala que el derecho de réplica debe coexistir con la libertad de expresión y “la ley relativa no debe significar una expectativa de riesgo para el ejercicio armónico de ambas prerrogativas, puesto que deben ser ejercidos en función del principio de interdependencia”. Hablando de legislaciones tramposas. Nos siguen queriendo llevar de regreso a los 70.

VAYA ALBAZO EL que dio el pleno de la Cámara de Diputados, que aprobó en lo general con 343 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones, el dictamen que reforma la Ley del ISSSTE en materia de pensiones. Con esta reforma, el Pensionissste se convertirá en una empresa de participación estatal mayoritaria y en una Administradora de Ahorro para el Retiro (Afore) pública, con el argumento de que se le dotará de herramientas “para que compita en el mercado de las Afores y otorgue mejores pensiones”. Esta nueva “empresa estatal” se integrará por un Consejo de Administración de cuatro representantes del Gobierno Federal; tres nombrados por las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado; y seis consejeros independientes designados por el Ejecutivo federal. Inmediatamente este madruguete de los legisladores causó alboroto e indignación entre el sector de la burocracia estatal, que ve claramente cómo se trata de una maniobra para colocar las pensiones de los trabajadores del Estado en mercados bursátiles para que cada vez en mayor medida, el gobierno se desentienda de esta responsabilidad.

A ver cómo se pone la cosa.

MUY INTERESANTE, la entrevista que concedió Juan Octavio Pavón a los periodistas Raymundo, Manuel y su servidor, que formamos parte del programa Polaca a la Veracruzana. No recordamos que el Coordinador General de Comunicación Social haya concedido un intercambio de ideas como el que estamos comentando. Y es que el vocero duartista ha preferido mantener un perfil diferente y sin tantas estridencias. Juan Octavio está realizando una labor con mucha eficiencia. Ha puesto orden y disciplina en esa dependencia. Cuestión de estilos. Ha hecho más con menos. Poco ruido y muchas, pero muchas nueces.

POCOS SE HAN percatado, pero desde hace tres meses se encuentra acéfala la posición del representante del Ejecutivo estatal ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. A Javier Hernández Hernández ya se le venció el período y no han nombrado a nadie. Se suponía que el mandatario estatal iba a nombrar a Reynaldo Escobar Pérez, pero hasta el momento dicha decisión se ha mantenido en stand by. Ya sea Reynaldo u otro jurisconsulto, Javier Duarte ya tiene que proponer a alguien porque muchas decisiones importantes que se han tomado en ese organismo colegiado del poder judicial se han llevado a cabo sin la opinión del representante del Ejecutivo.