Unos cuestionarán que “ya para qué”; otros se preguntarán “por qué hasta ahora”, y algunos más –como el diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares, aspirante del PAN a la gubernatura– lo considerarán una “vacilada”, pero lo cierto es que aunque haya sido una decisión tomada al cuarto para las doce, a sólo un año de que concluya su sexenio, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha enviado al Congreso local tres iniciativas que buscan modificar diversos artículos de la Constitución Política de Veracruz “con el objetivo de lograr una gran reforma en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos” que dará pie al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.

El anuncio del jefe del Ejecutivo, hecho la mañana de este lunes 30, se da coincidentemente después de que el senador Pepe Yunes Zorrilla –uno de los más fuertes aspirantes del PRI para sucederlo en la gubernatura en 2016– aludiera en su tercer informe de actividades legislativas rendido ante Duarte de Ochoa y más de 15 mil asistentes al World Trade Center de Boca del Río, que en Veracruz “se padece una impunidad rampante que ofende y que lastima por razones que no necesitan explicarse” y refiriera que “en el Senado de la República aprobamos un conjunto de disposiciones para crear un sistema anticorrupción que junto con la Reforma en Transparencia, dota al Estado Mexicano de instrumentos jurídicos y administrativos para evitar actos de corrupción y en su caso sancionar a quien confunda la noble tarea del servicio público con un negocio personal”.

El del combate a la corrupción es un discurso que no sólo trae Yunes Zorrilla sino también su compañero de partido y de escaño en el Senado de la República, Héctor Yunes Landa, otro fuerte tirador al gobierno del estado, así como los demás aspirantes de la oposición, principalmente los panistas Yunes Linares y el ex senador y ex diputado federal Juan Bueno Torio, que buscan encabezar la alianza PAN-PRD en la elección del año entrante.

Por eso no es fortuito que antes de que inicien formalmente las campañas, el mandatario veracruzano se haya anticipado con este paquete de propuestas al Congreso local, entre las que destaca la eliminación del fuero del gobernador, el cual, recordó, fue establecido por los constituyentes con la intención de “proteger a los servidores de cualquier intimidación por el ejercicio de sus facultades y libertades; jamás fue de dotarles de privilegios indebidos que les impidieran responder frente a la ciudadanía, o al orden jurídico para el cual protestaron al ejercer su encargo. La deformación en el uso del fuero ha llevado a los ciudadanos, sin duda, a darle una valoración negativa y en muchas ocasiones de justificado rechazo”.

“Es momento de dejar en claro que el fuero, entendido como el legítimo ejercicio de la expresión de ideas y el equilibrio político del Estado, no significa, en ningún momento, el poder violentar, ni estar por encima de la ley”, expuso el gobernante priista, quien reconoció que “hoy la ciudadanía demanda conductas más responsables de todos los entes políticos, un sistema moderno que castigue la corrupción, y dé transparencia en el ejercicio público”. Adelantó que las iniciativas que iba a presentar “subrayan la responsabilidad de los servidores públicos por faltas o delitos en que incurran durante el desempeño de sus funciones”, por lo que propondría eliminar el fuero para el Gobernador, para los Secretarios de despacho, Presidentes Municipales, Síndicos yrepresentantes de organismos autónomos con excepción de los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Además, al argumentar que “la sospecha ciudadana crece cuando los responsables de investigar y sancionar no gozan de autonomía propia y dependen directamente de un funcionario”, dijo que propondría que el nombramiento del próximo Contralor General del Estado pase “por el tamiz de los representantes populares”. Así, para “fortalecer al encargado de vigilar las acciones de gobierno”, su designación deberá ser aprobada por dos terceras partes de los legisladores, a propuesta del Ejecutivo del estado. Esta nueva forma de designarlo, apuntó Duarte, “afianza el compromiso de un gobierno sujeto al escrutinio puntual de la sociedad”. El contralor durará en el cargo igual que el gobernador.

El mandatario estatal anunció también la creación de  la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular durará 5 años en el cargo y será nombrado también por mayoría calificada del Congreso local, previa convocatoria pública hecha por la propia Legislatura. Esta Fiscalía será un órgano especializado para detectar, sancionar y erradicar los hechos de corrupción y conflictos de intereses de competencia estatal.

Igualmente se creará un Comité Coordinador Anticorrupción, que estará integrado por el titular del ORFIS, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Contralor General del Estado, el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un representante ciudadano.

¿Funcionará? Esa es la gran interrogante. Dependerá de qué tanto empuje la propia sociedad. Sin embargo, una buena señal es que el Comité Anticorrupción estatal habrá de coordinarse con el de la Federación, y que el Congreso del estado deberá expedir la legislación local en materia anticorrupción, en concordancia con la Constitución federal.