El tiempo se acaba paulatina pero irremediablemente. A 50 días de que concluya el año y menos de 40 para que la Universidad Veracruzana deba cumplir con sus obligaciones salariales y el pago de proveedores, prestadores de servicios, becarios y una larga lista de acreedores, los flujos del financiamiento estatal no llegan, se retrasan, se postergan, se debaten, no hay para cuándo puedan depositar los más de 2 mil millones de pesos, tanto de subsidio del estado como de la Federación.

La última noticia la acaba de dar ayer el pícaro director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Armando Adriano Fabre, quien ha puesto sobre la mesa el estira y afloja que ha impedido que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cumpla con las ministraciones adeudadas, no de este año sino de un acumulado de ejercicios fiscales.

Para ello, está alegando un supuesto adeudo de la casa de estudios para el pago de sus pensionados y jubilados, quienes dejaron su vida en las aulas y laboratorios de la UV y a quien el bisoño funcionario cuestiona que sean los que más altas pensiones reciban, como si sus salarios y aportaciones no hubieran sido equivalentes a los montos recibidos durante sus años de trabajo.

Y parece ser que está en ese tema el quid del problema: la negociación prácticamente infranqueable que impediría a la UV recibir lo que necesita para sobrevivir. El cobro que estaría haciendo el gobierno estatal para, en apariencia, sanear las finanzas del IPE, por adeudos de la Universidad Veracruzana, no solo la dejaría sin los recursos reclamados sino incluso transferiría parte de la deuda al ejercicio fiscal de 2016.

Según lo dicho por el director del IPE, cuyas declaraciones se reproducen en nota publicada en el portal Formato Siete, las aportaciones de los empleados universitarios y de la propia Universidad Veracruzana al Instituto de Pensiones del Estado no resultan suficientes para costear las pensiones de 3 mil 131 pensionados y jubilados de la casa de estudios.

Adriano Fabre dijo que este año el gobierno estatal pagó el déficit de 2 mil 065 millones 535 mil pesos, cuyo monto no puede ser cubierto con las aportaciones de los 9 mil 189 trabajadores universitarios en activo. ¿Se cobrará a lo chino la Sefiplan ese monto aparentemente aportado a las finanzas del IPE y que debía ser cubierto por la casa de estudios para el pago de sus pensionados? ¿El hecho de que la UV hubiera logrado su autonomía la ha puesto en una situación en extremo vulnerable porque, en primera, se puede disponer de un subsidio a modo y, por otra, se le consideraría deudor sin ninguna contemplación gubernamental para el pago de las pensiones?

La situación, por supuesto, está crispando a la comunidad universitaria, que se había mantenido hasta cierto punto expectante, sobre todo por las declaraciones del gobernador Javier Duarte de Ochoa en el sentido de que se apoyaría a la UV, y la actitud diplomática (no entreguista) mostrada por la rectora Sara Ladrón de Guevara.

Pero ha pasado un mes y las cosas ni para atrás ni para adelante. Aunque Duarte había declarado, en su justificación del incremento de 50 por ciento al impuesto sobre la nómina, que los montos adicionales servirían para resolver los problemas financieros tanto del IPE como de la Universidad Veracruzana, lo cierto es que, por una parte, este impuesto será destinado a la reestructuración del 90 por ciento de la deuda bancaria heredada por Fidel Herrera Beltrán, y por otra, la recaudación de dicho impuesto se verá reflejado más bien en 2016.

La comunidad universitaria ya ha pedido la palabra

La comunidad universitaria ya empieza a ejercer presión, a manifestar crecientemente su malestar por esta circunstancia, y la última prueba es una petición lanzada en la plataforma Change.org, dirigida al gobernador Javier Duarte de Ochoa, que este miércoles por la noche se acercaba a las 500 firmas, apenas unas ocho horas después de haber sido montada.

Bajo el título “Que Javier Duarte de Ochoa pague el adeudo que tiene con la Universidad Veracruzana” , el documento señala, refiriéndose a la compleja insolvencia financiera de la casa de estudios, lo siguiente:

“Esta gravísima situación pone en peligro la adecuada atención de los estudiantes inscritos en la Universidad, limita la ampliación y mejora de la infraestructura, los proyectos de investigación y difusión cultural, las actividades de vinculación y la existencia misma de la institución. Como puede constatarse en algunos diarios locales, Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional de Veracruz celebró una reunión con autoridades universitarias el 30 de septiembre del año en curso, en la que se comprometió a realizar pagos calendarizados a la institución para ir cubriendo la deuda federal y estatal con la UV (…) Sin embargo esto no ha ocurrido.

“Por ello, como sociedad exigimos al gobernador del Estado de Veracruz que cumpla con la responsabilidad empeñada, en el momento de asumir sus funciones, de velar por los intereses sociales y, con la obligatoriedad de hacer cumplir las leyes, para que se restituya a la Universidad Veracruzana a la brevedad el monto total de las aportaciones federales y estatales que se le adeudan, las cuales no corresponden a un subsidio dependiente de la voluntad del ejecutivo en turno, sino al imperativo constitucional de atender al artículo tercero de nuestra Carta Magna, la cual no está por encima de ninguna instancia, entidad, colectivo o individuo de este país, ya que de otra manera la Universidad Veracruzana no podrá continuar realizando su mandato ciudadano”.

El documento lanzado en change.org señala que la Universidad Veracruzana “es la institución de educación superior más importante del Estado de Veracruz y la sexta a nivel nacional. Durante 71 años se han formado en sus aulas generaciones de mexicanos, no sólo de Veracruz sino de toda la región sureste del país, muchos de los cuales provenían y provienen de estratos socioeconómicos poco favorecidos. En este sentido, la UV ha realizado una labor social de suma importancia, al ofrecerles a cientos de miles de jóvenes la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Actualmente la matrícula de la UV está compuesta por cerca de 80 mil estudiantes, los cuales están inscritos en los diversos programas de nivel técnico superior, licenciatura y posgrado que ofrece la institución en los cinco campus que posee a lo largo de toda la entidad veracruzana”.

Y añade:

“Por otra parte, la UV es ampliamente reconocida por las actividades artísticas y de difusión cultural que miembros de su comunidad realizan permanentemente, actividades que sin duda juegan un papel importante en el desarrollo y cohesión social, así como en la integración de las minorías y el respeto a los derechos humanos en el estado de Veracruz. Aunado a esto, la institución cuenta con infraestructura científica y una plantilla de investigadores de prácticamente todas las áreas del conocimiento, la cual realiza una importante labor de vinculación social en todas las disciplinas científicas.

“Puesto que la UV es una Universidad pública, requiere de la transferencia de recursos, los cuales se destinan de nuestros impuestos, para dar cumplimiento al mandato social de atender la educación pública, laica y gratuita sustentada jurídicamente en el artículo 3º. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Como lo establecen las instancias legales correspondientes, los recursos económicos que permiten a la UV hacer su labor provienen del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal. Sin embargo, desde 2008 la institución sufre una crisis financiera, debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz adeuda a la máxima casa de estudios de la entidad 2,256.1millones de pesos: de estos 1,799.1 millones corresponden al subsidio estatal y 451.7 millones al federal. En el caso de los primeros, se corre el riesgo de que la próxima administración intente ignorar su responsabilidad y, respecto a los segundos, nos enfrentamos al hecho de que la Tesorería de la Federación exija que le sean devueltos si no se logra demostrar su ejercicio antes del próximo 31 de diciembre”.

Como se observa, la comunidad universitaria no tardará en ponerse en pie de guerra y el gobierno estatal no tendrá, como contraparte, a una autoridad universitaria que ha buscado en todo momento que las negociaciones se celebren en el más alto espíritu conciliador, sino es posible que esto se desborde y participen activamente académicos, trabajadores y estudiantes universitarios.

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