Mientras los más destacados miembros de la cúpula magisterial del SNTE han hecho declaraciones que enrarecen la medida contra los 2 mil 173 aviadores en el sector educativo anunciada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el estado se debate en una crisis que ni el anuncio de la reestructuración de la deuda bancaria parece crear buenas expectativas en el corto y mediano plazos, y la violencia del orden común, si bien muestra una clara tendencia a la baja en los años de la administración duartista, parece a cada rato salirse de control.

La declaración más confusa que ha expandido una nube de humo en torno a la medida anunciada este lunes por el mandatario estatal, recibida con elogiosos comentarios del titular de la SEP Aurelio Nuño, ha sido la del diputado Juan Nicolás Callejas y Arroyo, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local y líder ‘moral’ de la sección 32 del SNTE, quien alegó esta semana que dicha cifra no corresponde únicamente a trabajadores de la SEV, sino de toda la estructura de gobierno, lo que se contradice con lo expresado con toda claridad por Javier Duarte.

¿Fue una forma de aplacar a las huestes magisteriales o realmente cuenta con información que implicaría considerar como un engaño lo dicho por Javier Duarte? ¿Acaso constituyó una protesta contra el golpe mediático que ha puesto en la lupa de la opinión pública la complicidad del SNTE en el mantenimiento de una nómina despilfarradora que cuesta cada año más de 800 millones de pesos al erario?

Otro de los personajes del SNTE, la maestra Xóchitl Adela Osorio López, actual Secretaria de Educación de Veracruz, también puso en duda la posibilidad de despedir a la totalidad de los 2 mil 173 supuestos ‘aviadores’, pese a que su Oficial Mayor, Vicente Benítez, sustentó las declaraciones de Javier Duarte como originadas en un largo arqueo a la nómina educativa.

Señalar como posible que los supuestos ‘aviadores’ encaren la medida mediante juicios de amparo o laborales, llevaría a la hipótesis de que no todos los considerados en dicho paquete realmente han cobrado sin trabajar.

Por ello, la titular de la SEV augura resistencia a los despidos y recomienda que los procesos legales sean los más limpios para evitar respuestas legales que los impidan. Lo curioso sería saber cuántos de esos ‘aviadores’ ni siquiera estaban enterados de que quincena tras quincena recibían abultados emolumentos y quiénes realmente se beneficiaban sin que sus nombres fueran manchados por la desvergüenza.

En medio de la polvareda levantada, vale anotar que dos personajes de la política veracruzana, ambos distanciados del grupo de la Fidelidad, ya han salido raspados mediante filtraciones a la prensa: Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se señala de haber sido responsable de inflar la nómina con 142 aviadores cuando era funcionario con Patricio Chirinos, y Jorge Uscanga Escobar, cuya hija, la subsecretaria de Educación Media Superior Denisse Uscanga, habría sostenido como ‘aviadores’ a su esposo, un hermano y una cuñada.

Economía veracruzana, en cuidados intensivos

A los juegos pirotécnicos lanzados en honor a la Reforma Educativa, otro tema está causando escozor en la aldea: la reestructuración para el pago del 90 por ciento de la deuda bancaria heredada por Fidel Herrera Beltrán que, según la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), rebasa los 21 mil 145 millones de pesos, lo que quiere decir que solo nos quedaríamos con una deuda de 2 mil 514 millones 538 mil 062 pesos, si la Legislatura aprueba (como lo hará) la iniciativa enviada por el Gobernador para ocupar fondos federales y estatales para paliarla.

Sobre las dudas sobre la deuda derivada de la bursatilización, cuyo monto es de 5 mil 981.5 millones de pesos, la Sefiplan explicó este jueves que como fueron contratados mediante bonos cupón cero con el gobierno federal, es responsabilidad de este su liquidación y, por tanto, no pueden sumarse como deuda local.

Para disminuir en 90 por ciento la deuda bancarizada se destinarán porcentajes importantes de tres programas (dos federales y uno estatal): el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del que se destinará una cuarta parte; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), del que también se tomará un 25 por ciento de su monto, y los ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el famoso impuesto a la nómina que acaba de ser incrementado en 50 por ciento.

Lo cierto es que una administración agobiada por el sobreendeudamiento (heredado y propio), impedida por ello para aplicar una importante inversión pública que apuntale su crecimiento, ha logrado que la entidad se encuentre estancada, a punto de la recesión, y que los datos macroeconómicos apunten a un retroceso en los principales indicadores de desarrollo.

Según un estudio del organismo México ¿Cómo Vamos? , Veracruz se ubica entre las entidades que más aumentaron su pobreza laboral, al pasar de 44.9 a 52 por ciento (la media nacional es de 41.7 %), por lo que junto con el Distrito Federal y Michoacán, es uno de los tres estados que más pobreza laboral ha arrastrado en el país. El organismo calcula que estas tres entidades han ingresado en el presente sexenio 1.34 millones de personas a pobreza laboral.

Según sus cifras, aunque la meta fue crecer al 6 por ciento, al primer trimestre de 2015 Veracruz solo pudo hacerlo en 0.8 por ciento, es decir, menos de 1 por ciento, lo que le acerca peligrosamente a la recesión cuando Aguascalientes mostró un crecimiento superior a 11 por ciento. En cuanto a generación de empleo, aunque la meta era crear 13 mil 110 empleos formales por trimestre, durante el tercer trimestre de este año apenas pudo crear 2 mil 060; mientras tanto, en el tema de la informalidad de la economía, Veracruz está perdiendo la batalla para reducirla pues, del segundo trimestre de 2014 al de 2015, en lugar de disminuir ha crecido, al pasar de 58.4 a 58.6 por ciento.

El estudio revela asimismo que, pese a mostrar un decremento en el porcentaje de empleos que dependen del gobierno estatal, este ha sido insuficiente pues solo pasó de 5.1 a 4.8 por ciento. Una disminución marginal parecida ha sufrido la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal, al pasar del 4.7 al 4.5 por ciento. El único indicador que no tuvo el color rojo en el semáforo económico implantado por ese organismo privado fue en el de Estado de Derecho, que se mide por la disminución en la tasa de robo de vehículos, al que se le dio el color amarillo.

Los resultados en materia de desarrollo y crecimiento, como se puede ver, serán negativos y, pese a los esfuerzos de último momento para crear condiciones de inversión pública, difícilmente podrán ser modificados.

En siguiente entrega hablaremos de cómo nos va en materia de seguridad pública.

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