Se presupone que el programa de jubilación anticipada para mil 585 trabajadores con 25 y 29 años de antigüedad laboral en la Secretaría de Educación de Veracruz –anunciado este lunes por el gobernador Javier Duarte de Ochoa como parte del nuevo decálogo de medidas de austeridad en el sector educativo, entre las que destaca también el cese inmediato de 2 mil 173 “aviadores” que cobraban sin laborar en la SEV– es una acción y decisión que debió considerar previamente su impacto inmediato en las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Y es que no es por amargarle anticipadamente la venidera Navidad al director Armando Adriano Fabre, pero sólo habría que calcular a cuánto se va a disparar la nómina del IPE a partir del próximo fin de año, cuyo monto se incrementa en más del doble en diciembre por los 40 días de aguinaldo que debe pagar.

En la actualidad el IPE, con aproximadamente 28 mil 650 pensionados, debe erogar alrededor de 420 millones de pesos cada mes, cifra que se tiene que ir ajustando al alza por las pensiones móviles y el pago de diversas prestaciones.

Dentro de un par de meses, sin contar aún a los mil 585 trabajadores de la SEV considerados en el programa de jubilación anticipada, el IPE deberá erogar más de 900 millones de pesos por el pago regular de las pensiones más el aguinaldo.

En general, el problema del sistema de pensiones en México es que la población jubilada sigue aumentando mientras que el número de trabajadores activos que hacen sus aportaciones para el retiro, va decreciendo. En Veracruz el IPE cuenta actualmente con alrededor de 98 mil derechohabientes cuyas cuotas suman 230 millones de pesos aproximadamente cada mes.

Esta situación obligará evidentemente al gobierno del estado a incrementar su subsidio al IPE, ya que con los mil 585 trabajadores considerados en el programa de jubilación anticipada con el cien por ciento de sus pensiones, el número total de pensionados rebasaría los 30 mil.

La administración del gobernador Javier Duarte, al parecer, no tendría mayor problema para dar ese apoyo extraordinario al Instituto de Pensiones del Estado, pues según anunció el propio mandatario veracruzano este lunes, con las diez medidas de austeridad que se implementarán en el sector educativo –entre ellas el “congelamiento” de las mil 585 plazas de los trabajadores que serían jubilados anticipadamente, más los 2 mil 173 “aviadores” que serían cesados de inmediato– se generará anualmente un ahorro total de mil 568.54 millones de pesos al erario del estado.

Ya tres semanas antes, el pasado lunes 28 de septiembre, el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, había anunciado también en conferencia de prensa una serie de “medidas y acciones para realizar una profunda reingeniería en la administración pública estatal a fin de fortalecer los ingresos propios y reducir los gastos”.

En esa ocasión, el titular de la Sefiplan enfatizó que “gracias a la disciplina financiera y presupuestal que hemos llevado, hoy tenemos una comprobada viabilidad económica y financiera” que habían “constatado reconocidas calificadoras internacionales que utilizan instrumentos de medición considerados como válidos a nivel global y nacional”.

Y precisamente refirió que hacía unos meses, la administración estatal había llevado a cabo “ajustes de control presupuestal para responder a los efectos derivados de la situación económica internacional que han impactado sensiblemente al país y desde luego a Veracruz”.

“Las medidas adoptadas –argumentó– nos permitieron, en lo que va del año, ahorros por el orden de los 1,064 millones de pesos, tan sólo en gasto corriente”, que, según explicó, “representa una disminución del 2.7% con relación al año anterior, que ha contribuido a mantener finanzas sólidas en este complejo escenario”.

Gómez Pelegrín reiteró que “esta política de contención de gasto público y la implementación de una profunda reingeniería de la administración desde su inicio, han significado importantes ahorros y ha permitido mantener el orden en las finanzas estatales”.

Y consideró importante subrayar que “en un primer esfuerzo de reducción del gasto público, se lograron ahorros en todos los rubros presupuestales por el orden de los 1,341.6 millones de pesos anuales”, puntualizando que eran adicionales a los que anteriormente había mencionado.

Enumeró entre las principales acciones la extinción de 18 Organismos Públicos Descentralizados que significaron un ahorro de 125 millones de pesos anuales, ya que “permitieron evitar la duplicidad de funciones y gastos innecesarios en la administración pública”.

Además mencionó también “la implementación de un programa de retiro voluntario, con un ahorro de 296 millones de pesos anuales, el congelamiento de plazas en la administración pública estatal, y la eliminación de la doble negociación salarial como parte de la reforma educativa”, lo que igualmente debió impactar las finanzas del IPE.