Por más que el hoy ex alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, alegaba inocencia en el proceso que se le sigue como presunto autor intelectual en el homicidio del periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, la Legislatura del Estado dictaminó su desafuero, con 35 votos a favor y 13 en contra, durante la sesión del pasado 26 de marzo.
Omar Cruz dejó de aparecer públicamente desde el 23 de enero; en esa fecha comenzó un periodo de inestabilidad política y gubernamental en el municipio de Medellín.
Las implicaciones del asesinato de Moisés Sánchez no pararon en un asunto penal: el ex alcalde es buscado por la justicia para que responda por los señalamientos; sin embargo, las consecuencias que representó el homicidio del periodista van mucho más allá y alcanzan el funcionamiento de ese ayuntamiento, donde el alcalde suplente, ya en funciones, Luis Gerardo Pérez Pérez, mantiene una disputa con la síndica Betzabé Solís Neri, quien contaría con el respaldo del resto del cuerpo edilicio, tres regidores.
Las diferencias se han profundizado cada vez más y mantienen detenido al ayuntamiento; las posiciones de alcalde, síndica y regidores se han radicalizado y no hay autoridad que intervenga. Los ciudadanos pagan los platos rotos.
Los desencuentros al interior del ayuntamiento de Medellín comenzaron cuando los regidores, supuestamente azuzados por la síndica, acudieron a la Legislatura del Estado, en febrero del presente año, para solicitar que Solís Neri asumiera las funciones de presidente municipal; expusieron que el gobierno local, con el alcalde ausente, no tenía dinero para obras, servicios y nómina; alguien tenía que firmar los cheques.
Luego comenzó un movimiento de ediles para promover que la síndica y no el suplente, Luis Gerardo Pérez, llegara a la alcaldía. Sin embargo, la Ley Orgánica del Municipio Libre (Artículos 24 y 25) es muy clara: las ausencias menores de 60 días de un presidente municipal serán cubiertas por el síndico; las que excedan ese tiempo o sean ausencias definitivas, por el suplente.
Una lucha por los recursos; cuando la víscera domina
Cuando Pérez Pérez asumió el cargo, acudió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, para denunciar que durante el periodo de menos de dos meses en que Betzabé Solís fungió como alcaldesa, los ediles se autorizaron un incremento salarial desmesurado; se aumentó la plantilla de personal para llegar a una nómina de más de dos millones 200 mil pesos; y se realizaron pagos irregulares.
El contraataque de síndica y regidores no podría ser más visceral: determinaron no firmar documento alguno, paralizando el funcionamiento de ese ayuntamiento, así como la obra pública, y perjudicando a la población del municipio, más que al edil con quienes están enfrentados.
La síndica, en su carácter de apoderada legal del ayuntamiento, no firma contratos ni las actas de las sesiones de cabildo; ni siquiera bajo protesta. Mientras tanto, en Medellín las obras están detenidas; hay tres contratos para trabajos de electrificación que corren el riesgo de perderse, al igual que los recursos que aportaría la Comisión Federal de Electricidad.
Es un problema que se podría resumir en una lucha por el manejo de los recursos públicos, que en ese ayuntamiento superan los 95 millones de pesos al año; son las secuelas del asesinato de Moisés Sánchez Cerezo.
Tuxpan celebra cuantiosa inversión
En Tuxpan, las cosas no podrían estar mejor: ese puerto se consolida a pasos acelerados en cuanto a la inversión pública y privada y a la infraestructura en materia de comunicaciones.
Hace tres días, el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, visitaron el municipio que gobierna Raúl Ruiz Díaz.
El miembro del gabinete federal señaló que a ese lugar le espera un futuro prometedor, por la enorme inversión pública; citó los casos de las autopistas México-Tuxpan (ya concluida) y Tampico-Tuxpan (en proceso y programada para terminarse en 2017).
Por otra parte, Ruiz Esparza anunció que en febrero de 2016 finalizarán los trabajos de la primera etapa del Puerto de Tuxpan, con una inversión de cinco mil millones de pesos.
Debido a ello, el gobernador veracruzano enfatizó que ese lugar se convierte en una ciudad de desarrollo y crecimiento económico de la mano de inversiones portuarias, hoteleras, comerciales y de servicios.
Tuxpan es hoy el municipio más importante del norte veracruzano; Jorge Ruiz Ascencio, director de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (Apitux), por ejemplo, señaló que en los próximos tres años llegará inversión privada por más de 16 mil millones de pesos, sin contar con mil millones más, en recursos públicos, que se aplicarán en el Puerto.
A todo eso, y al trabajo que se realiza desde el ayuntamiento local, se debe el optimismo de los tuxpeños, cuyo alcalde dijo ayer que todo ese crecimiento no sólo se traducirá en más inversiones productivas, sino, sobre todo, en mejores niveles de bienestar social. @luisromero85