Enrique Peña Nieto llegó en 2012 a la Presidencia de la República con el apoyo político y financiero de dos poderosos grupos al interior del PRI con los que actualmente intenta “gobernar” el país: uno es el del Estado de México, al que él mismo pertenece, y el otro es el llamado Grupo Hidalgo, encabezado por el ex titular de la PGR y de la Sedatu, Jesús Murillo Karam, y el sobreviviente secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien pese a la nueva fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en julio pasado, aún aspira a la candidatura presidencial de 2018.

Desde antes de que Peña Nieto diera a conocer su gabinete se dio como un hecho que la titularidad de la SEGOB sería para uno de este par de ex gobernadores hidalguenses. Al final, Osorio Chong le ganó la partida a Murillo Karam, a quien el Presidente ubicó en la Procuraduría General de la República (PGR). Pero ambos han sido un fiasco en la administración del mexiquense. El último de sus ridículos ha sido el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace un año.

Este trágico episodio, quizá el capítulo más negro de la primera mitad del régimen de Peña Nieto, ha puesto nuevamente en evidencia la ineptitud de estos dos polémicos personajes. Por ejemplo, Osorio Chong, como responsable de la gobernabilidad y seguridad nacional, dejó crecer este grave problema que inicialmente competía atender y resolver al gobierno del estado de Guerrero, que ni siquiera es del PRI sino de filiación perredista, mientras que el 27 de enero de este año Murillo Karam decidió cerrar el caso con una “verdad histórica” que acaba de ser desmentida con las investigaciones recién concluidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales probaron científicamente que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula como aseguró el ex procurador.

Murillo se fue justo a tiempo del gabinete de Peña Nieto, pues de la PGR –cuyo último resbalón como titular fue murmurar en micrófono abierto que “ya me cansé”, ante la presión de los padres de los normalistas de Ayotzinapa que desde finales de 2014 le exigían avances y resultados comprobables en las investigaciones sobre el paradero real de sus hijos desaparecidos– pasó, en febrero de este año, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en sustitución de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fue postulado como candidato del PRI a diputado federal plurinominal.

Hace dos semanas, el pasado 27 de agosto, el ex procurador fue relevado en la Sedatu por Rosario Robles Berlanga, quien a su vez fue reemplazada en la Secretaría de Desarrollo Social por el ex canciller José Antonio Meade Treviño.

Se presume que Murillo Karam y su jefe vieron venir el cataclismo que les iba a representar la conclusión de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mejor optaron por anticipar su cambio para que este hidalguense incómodo desapareciera por el momento del candente escenario político nacional.

Y es que la herida de Ayotzinapa ha vuelto a supurar por toda la podredumbre que desde la PGR y la SEGOB se ha pretendido encubrir a base de burdas mentiras. En 425 páginas repletas de gráficas, peritajes, testimonios y entrevistas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhibió lo que realmente ocurrió esa noche del 26 de septiembre. Ni los estudiantes iban armados ni pertenecían al grupo criminal de Los Rojos. Tampoco fueron a interrumpir el acto de la esposa del alcalde de Iguala ni fueron entregados por la policía municipal al cártel de Guerreros Unidos. Y lo más importante: no fueron cremados en el basurero de Cocula con leña y neumáticos como los supuestos criminales afirmaron y la PGR confirmó.

La verdad es que los normalistas fueron a botear y a tomar autobuses a Chilpancingo para suplir sus necesidades, como durante años lo habían hecho sin incidentes violentos. Llegaron a Iguala por motivos circunstanciales y no por razones políticas o de confrontación criminal. Acabaron en un lugar equivocado, en un momento equivocado, en un transporte equivocado: cinco autobuses que fueron atacados por la policía municipal en el momento de salir de la central camionera. Otros agentes del Estado –la policía federal, soldados del Batallón 27 del Ejército y miembros del C4– estuvieron en comunicación, unos atacando a los estudiantes, otros absteniéndose de darles protección.

Hoy sigue sin conocerse el paradero de los 43 estudiantes que fueron subidos a seis patrullas de la policía. Los peritos del Grupo Interdisciplinario hablan de un operativo coordinado por alguien que no logran identificar. Aluden a un quinto autobús que desapareció y que quizás contenía droga, cuya existencia no consta en las investigaciones ministeriales pero el cual sería el indicio de una posible red de narcotráfico que de Guerrero se extendería hasta Chicago. ¿A quiénes del Ejército y de la Policía Federal, que a toda costa buscaban esa noche impedir la salida de los autobuses, se quiere proteger?

Murillo Karam ya renunció o lo renunciaron. Osorio Chong, quien aparentemente ya había superado la crisis de la segunda fuga de “El Chapo” Guzmán, ¿cuándo lo hará?