¿Cuántos albañiles han sido asesinados en México, cuántos repartidores de productos industriales, cuántos traileros, curas, profesores, comerciantes, meseros, taqueros, franeleros, médicos, taxistas, agricultores, ganaderos, transportistas, estudiantes, abogados?

¿Por qué hasta organismos internacionales ponen el ojo en los asesinatos de periodistas y no lo hacen para el caso de las demás profesiones y ocupaciones?

Es posible que haya varias posiciones encontradas sobre la importancia que esto reviste y la mayoría de los mexicanos, tras el primer malestar y enojo por el hecho, es posible que pierda de vista el fenómeno, cuando lo común es que cada día aparezcan por todos los rumbos del país cadáveres de personas que, antes de morir, fueron torturados, desmembrados, acribillados.

El tema radica en el papel social que cumple un comunicador. Ya hemos visto cómo, al mismo tiempo que importante, se ha hecho una tradición vituperar a los periodistas con el grito unánime de ¡Prensa vendida!, y es cierto que la mayoría de las empresas mediáticas estén en esa circunstancia. En Veracruz, por cierto, varios medios nos están vendidos… están en venta.

Y, sin embargo, mientras muchos movimientos sociales repelen y hasta violentan a reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubren sus actividades, al mismo tiempo están conscientes de que sin ellos nunca se enteraría el resto de la población de sus peticiones y demandas.

¿Qué hay en el periodista que irrita igualmente a los gobernantes, los poderes fácticos, los grupos criminales y los movimientos sociales?, ¿qué motiva a verlos con desdén o molestia y, sin embargo, admitirlos por la conveniencia de su labor difusora?

Es muy difícil coincidir en los alcances y limitaciones de la libertad de expresión. No tenemos esa cultura en el país. Quienes hoy ponderan la labor y los contenidos de un periodista crítico, mañana dejarán de leerlo porque criticó al amigo, a la hermana, al dirigente o a la organización social.

Estado y movimientos sociales sostienen, por tanto, una relación hipócrita con los comunicadores, una relación de conveniencias e intereses, de amor y odio.

Pese a todo, el periodista es un interlocutor social y el hecho de que los más críticos sean asesinados, desaparecidos, intimidados y ahuyentados pesa en el contenido democrático de una sociedad. De ahí la mayor atención nacional e internacional a los casos de violencia contra el gremio.

¿Desdén ante feminicidios?

Cuando se dio a conocer el multihomicidio de la colonia Narvarte, muchas organizaciones feministas saltaron para protestar porque se hablaba exclusivamente del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, sin mencionar que junto con él habían sido salvajemente ultimadas cuatro mujeres.

La verdad es que, luego de saber del homicidio de Rubén, la siguiente llamarada de estupor y coraje entre quienes pusimos atención en el caso fue la revelación del homicidio de Nadia Vera, antropóloga egresada de la UV, oriunda de Comitán, quien sobresalió en su activismo político desde el movimiento #YoSoy132, en 2012, cuando se cuestionó la candidatura de Enrique Peña Nieto.

Seguíamos quedando a deber (hoy todavía cargamos con la deuda) porque nada sabíamos de la identidad de las otras tres mujeres. Hoy la prensa ha abusado con los datos escasos, pese a que el velo no se ha descorrido.

Un sector ve en la muerte de Nicole, una joven mujer colombiana cuya figura no se ha publicitado, un ajuste de cuentas entre las mafias mexicana y colombiana. Hay quienes aseguran, sin necesidad de abrirlas, que en las maletas que llevan los asesinos (grabados por las cámaras del DF) van bolsas de drogas robadas a la sudamericana.

En el historial familiar de la más joven, Yesenia Quiroz Alfaro, maquillista, ya se han establecido nexos con el exgobernador interino de Michoacán, José Jesús Reyna García, preso por sus nexos con el narcotráfico, solo porque su esposa es prima hermana de la madre de Yesenia.

De todo ello, muchos quieren sacar tarraja. Ante la ancha avenida de críticas para el gobernador Javier Duarte de Ochoa, no solo culpable en el imaginario colectivo de la muerte de Rubén Espinosa sino, colateralmente, del homicidio de cuatro mujeres, una de ellas destacada activista en Veracruz, muchos hay que quieren tender una cortina de humo tratando de remitir el caso a un simple ajuste de cuentas.

La propia procuraduría capitalina dio pasos en falso rumbo a esos discursos en las primeras horas de las investigaciones.

Hoy hemos visto con puntualidad algo a lo que no estamos acostumbrados los veracruzanos quienes debemos esperar hasta cuatro meses o más (o toda la vida) para conocer el rumbo de las investigaciones ministeriales de casos como este: los avances y descubrimientos hechos por las autoridades del Distrito Federal, así sean mínimos, incluso sus tropiezos, son divulgados de inmediato, lo que podría dar mayor credibilidad a sus conclusiones.

Lo cierto es que no solo se asesinó a un fotoperiodista sobre el que pendían amenazas en Veracruz. También se ultimó a una activista social. Y todavía más, condenable desde todos los puntos de vista, se cometieron cuatro feminicidios, con todas las agravantes.

México, el peor país; Veracruz, el peor estado

En lo que va del año, según el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), han sido asesinados en el país tres periodistas. A ellos habría que agregar el reciente homicidio de Rubén Espinosa.

En la última década, según un estudio publicado por El Universal, el número de comunicadores asesinados es de 80, mientras 17 se encuentran desaparecidos, lo que puede significar (aunque no oficialmente) que no estén con vida.

De 180 países del mundo, Reporteros sin Fronteras coloca a México en el lugar 148 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, muy lejos del primer lugar, Finlandia, considerado el país con mayor libertad, sin reporte de periodista asesinado o agredido durante el año pasado.

Para tener una idea del grado de riesgo de los periodistas mexicanos, el estudio observa que cerca del lugar de México, aunque con mejores evaluaciones, se encuentran países como Malasia, Bangladesh, Burundi, Camboya y Venezuela.

En 2015, la lista de periodistas asesinados se compone del comunicador oaxaqueño Filadelfo Sánchez Sarmiento y los veracruzanos Armando Saldaña Morales y José Moisés Sánchez Cerezo (asesinados entre el 26 de junio y el 2 de julio); también el reciente homicidio de Rubén. El portal Animal Político agrega las muertes de Juan Mendoza Delgado, director del portal Escribiendo la Verdad, del Puerto de Veracruz.

De acuerdo con CPJ, desde 1992 el 79 por ciento de los periodistas asesinados cubrían temas relacionados con el crimen, mientras que el 29 por ciento reportaba actos de corrupción, 21 por ciento sobre política, 12 por ciento sobre cultura, 6 por ciento sobre derechos humanos y 3 por ciento sobre deportes.

El 94% fueron hombres y se sospecha de que la orden provino del gobierno en el 10 por ciento de los casos.

El 90% de los casos quedaron en total impunidad.

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