Sea por personajes embozados dentro de la administración gubernamental o por grupos políticos poderosos que no han tenido acomodo en ella y, por ello, buscan descarrilarla políticamente, lo cierto es que en Veracruz, en los últimos meses, se está recrudeciendo la violencia, se están aplicando las más acerbas estrategias de linchamiento mediático y se están cometiendo homicidios y atentados contra estudiantes, periodistas y dirigentes populares, cuyos móviles a nadie le quedan claros por lo desproporcionado de la ofensiva.

Luego de los hechos ocurridos en el entorno de los comicios del pasado 6 de junio, cuando varios jóvenes fueron emboscados en un departamento de Xalapa y tundidos a golpes al grado de requerir su hospitalización, y los posteriores atentados con bombas molotov contra viviendas de dirigentes panistas en Veracruz y Boca del Río, la violencia no ha decrecido sino que se ha diversificado y empieza ya a tender sus tentáculos incluso hasta la ciudad de México.

En el caso de la continuada escalada homicida contra periodistas, la estrategia parece buscar que los hechos se escenifiquen en otras jurisdicciones, lo que por un lado pretendería (sin éxito) que la estadística se atribuya a otras entidades y, por otro, que la Fiscalía General del Estado no tenga intervención alguna, más allá de una declaración de apoyo a la autoridad ministerial que le corresponda, evitando con ello el descrédito político que ha rondado a los anteriores casos de periodistas asesinados que no ha logrado esclarecer satisfactoriamente.

Pero los casos se acumulan en el ranking del sexenio que encabeza el gobernador Javier Duarte de Ochoa, sin importar que los cuerpos e, incluso, los asesinatos se cometan fuera de la entidad. Y es que involucran a periodistas que o realizaban sus actividades informativas en nuestro territorio en medios de comunicación con domicilio fiscal en el estado, como Armando Saldaña Morales cuyo cuerpo fue descubierto más allá de la tenue frontera con Oaxaca, o como el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, asesinado entre el viernes y el sábado, quien se hallaba fuera de Veracruz por haber recibido amenazas e intimidaciones que le hicieron tomar la decisión de trasladar su residencia a la Ciudad de México.

Para colmo, se inauguran en la entidad los atentados contra medios de comunicación, como el ocurrido en Poza Rica contra el modesto periódico Presente, cuyas instalaciones y una unidad usada para perifoneo fueron incendiadas. Hace unas semanas, el propio gobernador Javier Duarte alertó sobre los riesgos que se ciernen sobre los comunicadores de aquella ciudad por la presencia del crimen organizado e, incluso, se atrevió a señalar (posiblemente con los pelos de la burra en la mano) que varios comunicadores estaban peligrosamente aliados a esos grupos. Esperemos que la investigación dé luces al respecto.

Crece la lista de comunicadores asesinados

La lista de comunicadores que han sido desaparecidos o asesinados durante el presente sexenio suma ya 15 nombres. El primero fue Noel López Olguín, reportero de Acayucan, desaparecido el 8 de marzo de 2011 y su cuerpo hallado el 1 de junio del mismo año, supuestamente asesinado por un sicario.

A este caso le siguió una cascada de muertes en el Puerto de Veracruz, cuyas víctimas fueron señaladas por el entonces procurador Reynaldo Escobar Pérez como colaboradoras del crimen organizado: Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, de Notiver, y su hijo Misael López Solana, fotógrafo de la misma empresa, asesinados por un comando el 20 de junio de 2011 en su propio domicilio, sin que a la fecha se haya aclarado el crimen. El 24 de julio del mismo año se reportaría la desaparición de Yolanda Ordaz de la Cruz, de 48 años, reportera de Notiver, cuyo cuerpo decapitado fue hallado dos días después.

Al año siguiente, el 28 de abril de 2012, en Xalapa, se encontraría –víctima de estrangulamiento en su domicilio– la corresponsal de Proceso, Regina Matínez Pérez, de 48 años, cuyo expediente señala como móviles un robo o crimen pasional.

Unos días después, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, fueron hallados en bolsas de basura los cuerpos de Guillermo Luna Varela, de 21 años, y Gabriel Huge Córdoba (37 años), ambos fotógrafos de Notiver, junto con Esteban Rodríguez Rodríguez (30 años), reportero del periódico AZ, y Ana Irasema Becerra Jiménez (33 años), empleada administrativa de El Dictamen.

El 14 de junio de 2012 fue encontrado en el centro de Xalapa, a unas cuadras de Palacio de Gobierno, el cuerpo mutilado de Víctor Manuel Báez Chino (46 años), reportero policiaco, quien había desaparecido el día previo.

Dos casos se refieren a desaparecidos: Miguel Morales Estrada (35 años), fotógrafo del Diario de Poza Rica, desapareció el 25 de julio de 2012, y Sergio Landa Rosales, periodista de Diario de Cardel, secuestrado el 26 de noviembre de ese mismo año.

Los casos más recientes son las del reportero del diario Notisur, Gregorio Jiménez de la Cruz (43 años), desaparecido el 6 de febrero de 2014 y su cuerpo encontrado seis días después; Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono y asesinado en su casa en Cosolapa, Oaxaca, fronterizo con Veracruz, Moisés Sánchez Cerezo (49 años), director de La Unión, secuestrado el 2 de enero de 2015 y hallado su cuerpo decapitado el 24 de enero, aparentemente mandado a asesinar por Omar Cruz Reyes, alcalde de Medellín; Armando Saldaña Morales (53 años), periodista de la estación La Ke Buena, asesinado el 4 de mayo de este año; su cuerpo fue encontrado con cuatro balazos y señales de tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz; Juan Mendoza Delgado (46 años), director del portal Escribiendo la verdad, reportado como desaparecido el 1 de junio y su cuerpo, atropellado, fue hallado al día siguiente.

En la mayoría de estos casos las autoridades estatales han evitado hacer coincidir el móvil de sus homicidios con su actividad periodística, ha tratado de asignarles otras ocupaciones, ha inventado móviles de los crímenes como venganzas, tramas pasionales o rencillas pueblerinas, sin haber investigado, o de plano ha evitado involucrarse por haber sucedido en otros estados.

Los tentáculos llegan al DF

Casi fue cuestión de horas entre que se lanzó la alerta de su no localización y la confirmación de su muerte: con muestras de tortura y maniatado, era parte de un multihomicidio en la Ciudad de México Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de la agencia AVC, revista Proceso y Cuartoscuro, quien unas semanas atrás había decidido exiliarse en el Distrito Federal por la serie de intimidaciones de que había sido objeto por desconocidos que le perseguían y vigilaban en su domicilio y en sus lugares de trabajo.

Tan verídicos eran sus temores que entre el viernes y el sábado fue objeto, junto con 4 mujeres que compartían un departamento en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez, de torturas, golpes y dos balazos que le infringieron sus agresores, cuyas identidades quizá nunca sepamos, aunque algunos señalan que actuaron con la misma efectividad que el grupo que golpeó a los jóvenes en Xalapa días antes de los comicios federales.

No me detengo en los detalles del caso criminal, que han sido prodigados por los medios de comunicación con puntualidad y oportunidad. Solo me gustaría señalar que las cosas empiezan a salirse de control: o fueron elementos del propio gobierno estatal sin autorización ni conocimiento del gobernador Javier Duarte, o fueron enemigos de Duarte que quieren moverle el piso atacando puntos que sobradamente han sido confirmados como las peores caras de su gobierno, en particular, la violencia y los crímenes contra periodistas.

Junto a Rubén Espinosa fue asesinada Nadia Vera, una activista universitaria que había desplegado un fuerte trabajo militante en Xalapa en el ámbito estudiantil y que organizaba una muestra internacional de video llamada Oftálmica. Oriunda de Comitán, Chiapas, Nadia tuvo la desgracia de estar en el departamento que compartía el fotorreportero en el momento equivocado.

Una reflexión

Lo grave es que esta escalada se recrudecerá conforme se acerquen, uno, la hora de las definiciones dentro del PRI para elegir a su candidato a la gubernatura, y dos, las campañas electorales para la sucesión gubernamental en 2016.

Y las agresiones no provendrán exclusivamente del gobierno estatal. Aunque en términos generales se atribuye al periodo gubernamental la ocurrencia de los hechos delictivos, mal haríamos en dirigir hacia Duarte, y únicamente a su gobierno, el dedo acusatorio de los homicidios.

Sí debemos acusarlo de ser omiso y de actuar con torpeza y casi de manera suicida a la hora de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas amenazados. Pero los peligros provienen de muchos lados y no lograremos detener esta sangría si solo vemos hacia un solo acusado.

Tampoco, si solo nos exaltamos cuando los hechos han sucedido. Nadie en este y en los anteriores casos ha enfocado sus baterías contra los empresarios mediáticos para los que trabajaban quienes fueron asesinados, esos que hunden a sus reporteros en la miseria y los exponen a las consecuencias de sus acuerdos oscuros o los hacen copartícipes de sus enemistades políticas sin darles la mínima protección pero que, cuando los asesinan, se dicen dolidos porque uno de los suyos cayó en la batalla. Solo hace falta preguntarle a Proceso cuánto apoyo le brinda a sus corresponsales, a quienes explota y desprecia, y si le brindó trabajo y salario a quien debió retirarse de Veracruz por no tener las condiciones de seguridad.

Cuántas veces, quienes hoy se vuelven paladines de los periodistas desaparecidos y asesinados, voltearon a ofrecerles la solidaridad del gremio al que, en cambio, solo han reconocido cuando disfrutan de la entrega de falaces reconocimientos de periodismo, estatales o nacionales, a sus personas. ¿Qué organización ‘de periodistas’ se interesó en Rubén Espinosa y le brindó acompañamiento jurídico, gestoría, apoyo laboral y demanda de seguridad por parte del estado, para evitar que emigrara y garantizar que siguiera con su labor en la ciudad que había elegido para ello?

Decía un gran amigo, y coincido con él: todos somos culpables de su muerte. Unos por omitir su obligación como Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y, en particular, de los periodistas; otros, los empresarios mediáticos, por fraguar con estado y delincuencia pactos que ponen en riesgo a sus empleados, a quienes someten con hambre y exigencias; unos más, por querer colgarse medallas por tantos colegas muertos a quienes nunca atendieron y, en ocasiones, despreciaron. Otros, porque ni nos preocupamos de sus cuitas y sus angustias.

Yo personalmente sufrí amenazas y pude ver la escasa solidaridad del ‘gremio’. ¿Qué debemos hacer en adelante para protegernos? Esa debería ser una tarea inmediata y prioritaria. No solo salir a marchas al día siguiente de que alguien es asesinado, no, más bien, hacer algo para evitar que sea asesinado.

Mejor aquí le dejo.

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