La elección del 7 de junio exhibió la panoplia de viejos y nuevos instrumentos del régimen para legitimarse por la vía electoral pero deja en evidencia también su extrema debilidad.
Debe revisarse el uso común de la expresión “voto duro”, entendido como fidelidad ideológica, identitaria y afectiva de segmentos del electorado hacia determinada fuerza política, porque en el caso de las cinco facciones del Pacto por México (PRI, PAN, PRD, Verde y Nueva Alianza) se ha reducido al mínimo y ha sido remplazado por la mera capacidad de compra, inducción y coerción del sufragio.
Lo cierto es que es posible, si se empieza a construir una gran confluencia de organizaciones y fuerzas opositoras, construir un frente capaz de quitarle al Pacto por México la mayoría absoluta en el ámbito electoral y el control clientelar y corporativo, en lo social, y si eso se consigue no habrá maniobras fraudulentas capaces de revertir el fin del régimen.
Aún queda por delante, en este proceso electoral, el trecho fatigoso de las impugnaciones y los procesos judiciales, y ya hay que empezar a ejercer los cargos obtenidos por la verdadera oposición.
Hoy más que nunca se trata de una tarea colectiva en la que debe involucrarse la ciudadanía que entregó su mandato y que debe vigilar su cumplimiento. Al mismo tiempo, esa ciudadanía debe preservar, reforzar y multiplicar sus vínculos con las causas populares y los movimientos ciudadanos.
El país requiere una demostración de que, pese a todo, el acceso a posiciones de poder por la vía electoral puede ser un factor de triunfo para las causas populares, que es posible y practicable impulsar el rescate del país y de su población desde las instituciones y plantar cara, desde ellas, a los intereses financieros y delictivos de los capitales transnacionales.
Hay que demostrar, por último, que es viable el ejercicio de los puestos de representación popular para servir y no para servirse