El distrito electoral de Boca del Río no es el más importante del estado en cuanto a número de votantes, sin embargo la elección de este domingo desató un gran morbo político por la medición de fuerzas que en él han hecho el ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán y su acérrimo enemigo Miguel Ángel Yunes Linares, el derrotado candidato del PAN a la gubernatura en 2010 y quien de nueva cuenta se perfila para la sucesión estatal de 2016.

Por estos y otros intereses políticos es que ambos personajes echaron mano de sus más fieles escuderos como representantes legales de sus partidos y candidatos ante la Junta Distrital del INE. Herrera sacó del ostracismo a su ex secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar, mientras que Yunes recurrió a Enrique Pérez Rodríguez, su ex secretario particular y ex delegado del ISSSTE, quien ya desempeñó esta misma comisión pero con el Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del IFE, cuando su ex jefe era el brazo derecho de la profesora Elba Esther Gordillo, que creó el Panal como brazo político partidista del SNTE.

Desde enero de 2014, Pérez Rodríguez despachaba como secretario del Ayuntamiento de Boca del Río que preside el primogénito de Yunes Linares.

A pesar de su bajo perfil, Enrique Pérez cobró notoriedad en febrero del año pasado a raíz de la recaptura del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues junto con su protector fue implicado en la sospechosa fuga del jefe del Cártel de Sinaloa, quien en enero de 2001 escapó fácilmente del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Debido a la presión mediática, el vocero del gobierno federal priista, Eduardo Sánchez, tuvo que salir a declarar que “hay una instrucción precisa por parte del presidente Enrique Peña Nieto de que se investigue cómo sucedió la fuga de ‘El Chapo’ hace 13 años”, y prometió que darían “a conocer y a exhibir a quienes lo ayudaron a huir de la cárcel”. Pero desde entonces se dudaba que el brazo de la ley alcanzara a Yunes, ya que muy astutamente supo separarse a tiempo del cargo que le hubiera implicado responsabilidad directa, y en su lugar colocó a uno de sus más fieles peones de su corte de incondicionales. En febrero de 2014, el diario Reporte Índigo publicó un texto titulado “La fuga del Chapo: el misterioso señor Pérez”, en el que se rememoraba que tras el escape de Guzmán Loera, las autoridades mexicanas consignaron como culpables del delito de evasión a casi 70 personas, entre custodios y mandos de este reclusorio federal, pero que sin embargo exoneraron a los funcionarios de alto nivel que estaban a cargo del sistema penitenciario.

Entre los nombres que salieron a relucir estaba el de Enrique Pérez, quien hasta enero de 2001 seguía como titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, cargo que le pudo heredar su jefe político siete meses antes de que concluyera el zedillato por la estrecha relación de Yunes Linares con Jesús Murillo Karam, quien en la sucesión presidencial del 2000 renunció a la Subsecretaría de Seguridad Pública de la SEGOB para incorporarse a la campaña de Francisco Labastida Ochoa. En lugar de Murillo Karam llegó de subsecretario Jorge Tello Peón, y la Dirección de Yunes fue ocupada por Pérez Rodríguez. Ambos continuaron en sus respectivos cargos hasta los dos primeros meses del sexenio de Fox, pues Tello y el yunista renunciaron tras el escándalo por la sospechosa fuga del “Chapo” Guzmán. Los detractores del neopanista choleño presuponen que quizá por ello es que muy explicablemente dejó la titularidad de Prevención y Readaptación Social y pasó a ser coordinador de asesores de Diódoro Carrasco, el ex gobernador priista de Oaxaca que sustituyó a Labastida en Gobernación y que al sexenio siguiente, ante la pérdida de la Presidencia de la República, al igual que Yunes también engrosó las filas del PAN. La relación de Miyuli y Enrique Pérez data desde que el ex priista se desempeñó, entre 1992 y 1997, como secretario de Gobierno. En ese entonces, cuando Pérez era el secretario particular de Yunes, se estableció en la entidad el narcotraficante Albino Quintero Meraz, un operador del “Chapo” que sería capturado por el Ejército en el puerto de Veracruz hasta mayo de 2002. La presunta complicidad con Pérez Rodríguez en la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la SEGOB pareciera ser muy similar al mismo modus operandi fraguado también por Yunes en febrero de 2010, cuando al separarse de la Dirección General del ISSSTE para ser postulado candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, muy hábilmente maniobró para imponer en su lugar a otro incondicional que le cuidara las espaldas en las amañadas licitaciones millonarias que dejó en curso: Jesús Villalobos López, quien en diciembre de 2012 fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública por fraude y quebranto de 299 millones de pesos contra esa institución de seguridad social, ya que cuando fungía como director de Finanzas con Yunes incumplió con su labor de supervisar un contrato para la realización de un inventario en 2010. Pero el señor Pérez no tiene de qué preocuparse, pues su jefe político está bien amarrado con altos funcionarios del gobierno del presidente Peña Nieto. Uno de ellos es Murillo Karam, quien pasó de la PGR a la SEDATU, con quien Yunes colaboró directamente entre noviembre de 1998 y abril de 2000 en la Subsecretaría de Seguridad Pública de la SEGOB, primero como asesor y luego como director de Prevención y Readaptación Social, hasta que el ex gobernador hidalguense se incorporó a la campaña presidencial de Labastida.

¿Con estos antecedentes habrá quien se sorprenda de que en la víspera de la elección, en Boca del Río, unos delincuentes armados sometieran en su domicilio a un capacitador del INE para robarle sólo dos de los seis paquetes de boletas electorales, lo que obviamente sembrará la sospecha sobre la legalidad de los comicios gane el partido que gane?