En Veracruz, no son pocos los candidatos a la diputación federal –sobre todo de la alianza PRI-PVEM– que luego de dos meses de intenso proselitismo, con agotadores recorridos por los municipios de sus respectivos distritos, ya andan echando las campanas al vuelo presumiendo que nadie les arrebatará el triunfo en los comicios del próximo domingo.

Hay abanderados priistas y verde-ecologistas que han filtrado a los medios de comunicación encuestas que les dan supuestas ventajas en las preferencias electorales que prácticamente serían inalcanzables para sus más cercanos contrincantes.

En efecto, es muy probable que la noche de este domingo 7 la mayoría vaya arriba en las tendencias del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el famoso PREP, del Instituto Nacional Electoral (INE). Peeeero… habrá que ver cuántos de ellos logran llegar finalmente a ocupar una curul en la siguiente legislatura al Congreso de la Unión.

Y es que no es por amargarles anticipadamente el dulce sabor de la victoria, pero corren versiones de que algunos candidatos priistas y del PVEM habrían descuidado el control del gasto de sus campañas, sobre todo en la etapa final, por lo que quedarían expuestos a ser impugnados ante la autoridad electoral por haber rebasado presuntamente los topes legales fijados por el INE.

Inclusive existe la presunción de que en su afán por reivindicarse como autoridad y legitimar el cuestionado proceso electoral, los miembros del INE que han sido objeto de críticas y hasta de escarnio público por las tibias sanciones aplicadas al PVEM y por la filtración de grabaciones clandestinas de sus conversaciones telefónicas privadas, bien podrían echar abajo los triunfos de algunos candidatos priistas y verde-ecologistas por haberse excedido en sus gastos de campaña.

Como se recordará, a mediados de enero de este año el Consejo General del INE estableció que cada candidato a diputado federal no deberá rebasar en sus gastos de promoción y campaña proselitista un monto de un millón 260 mil 38.34 pesos, cantidad que fue determinada como tope máximo, por lo que de excederse en más del 5 por ciento será causal para anular la elección en el distrito que corresponda.

De manera particular se anularía si aparte de rebasar el tope con más de 63 mil pesos, la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar es menor a 5 por ciento.

Precisamente, a principios de este año, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello advirtió que el INE cumplirá con el mandato constitucional y legal de fiscalizar las precampañas y las campañas en este proceso electoral.

“No habrá obstáculo técnico, informático o administrativo que impida a esta autoridad electoral cumplir con sus responsabilidades constitucionales en materia de control de ingresos y gastos”, dijo Córdova Vianello, quien remarcó que las precampañas y campañas serán, visto el nuevo modelo, las más fiscalizadas de la historia del país.

Desde entonces, el consejero presidente expuso que dadas las nuevas disposiciones en materia de fiscalización es absolutamente necesario que partidos y candidatos sean muy cuidadosos en los montos de los recursos que ingresan pero, sobre todo, los que ejercen en las campañas.

Resaltó que la fiscalización representa para la reforma electoral de 2014 lo que el modelo de comunicación política fue para la reforma de 2007-2008. “Así de importante es el control de los gastos para el naciente Sistema Nacional de Elecciones”, subrayó.

“Al voto de confianza que los legisladores brindaron a este instituto para que instrumentara la reforma electoral, responderemos con los mejores resultados que podamos ofrecer, con transparencia, certeza, legalidad y puntualidad”, prometió el presidente del Consejo General del INE, quien se vanaglorió al decir –¡ay, nanita!– que “esta autoridad electoral nunca ha dejado de cumplir un mandato constitucional, y la primera experiencia del Sistema Nacional de Elecciones no será, en ese sentido, una excepción”.

En el Comité Ejecutivo Nacional del PRI no echaron en saco roto esta oportuna advertencia del INE, pues además de orientar a sus dirigentes estatales y candidatos, organizaron cursos de capacitación para los líderes y funcionarios administrativos de los comités del partido tricolor en las entidades, los cuales fueron convocados a la ciudad de México.

Inclusive, a mediados del pasado mes de mayo, el secretario Jurídico del CEN del PRI, Sadot Sánchez Carreño, anunció que el tricolor presentó las primeras quejas ante la Unidad de Fiscalización del INE, por el rebase de los topes de gastos campaña de los candidatos a gobernadores del PAN en Sonora y Baja California, así como del aspirante a diputado federal panista por el distrito VII de Tepeaca, Puebla, Mario Rincón González, quien presuntamente habría gastado hasta entonces tres millones 259 mil pesos, alrededor de 300 por ciento del tope autorizado legalmente.

Sadot Sánchez puntualizó que las quejas presentadas por el PRI tienen el objetivo de exigir que se observen las disposiciones legales, que ningún candidato priista quede en la indefensión y que se respete la legislación electoral. “El PRI está empeñado en mantenerse como el partido de la legalidad, pero al mismo tiempo exigiremos que nuestros competidores respeten y cumplan a cabalidad con la ley”, señaló Sánchez Carreño, quien precisó que los casos denunciados no eran los únicos.

A ver cuántos veracruzanos logran salvarse si la guadaña del INE corta cabezas parejo.