Aunque el antecedente habría que buscarlo en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, lo cierto es que el que encabeza Javier Duarte de Ochoa ya no sabe el dinero de quién utilizar para mantener el mínimo equilibrio financiero que impida un dramático desenlace de su gobierno.
Que el gobierno federal llame a cuentas al estatal para que reintegre los montos destinados a conceptos que no estaban etiquetados suena a decisiones fraudulentas detectadas, para las que la autoridad federal tiene los instrumentos jurídicos necesarios para obligar a reparar montos y procedimientos, so pena de encarcelar a los responsables.
Sin embargo, muy poco pueden hacer los más de 10 mil burócratas que, aun cuando han sido objeto de retención de una parte de sus salarios para el pago de créditos comerciales, hoy sufren la dolorosa realidad de que pueden perder los bienes adquiridos, además de ser incorporados al Buró de Crédito (la lista negra de los incumplidos), pese a que el gobierno estatal puntualmente les ha descontado en sus cheques los montos comprometidos.
Y todo parece indicar que ha sido un fraude organizado. No solo están involucrados el titular de la Secretaría de Salud, Fernando Benítez Obeso, y el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Vicente Benítez González, sino también los correspondientes líderes sindicales, esos zánganos que viven de las cuotas de los empleados pero que son incapaces de mover un dedo para su defensa.
Ambas dependencias descuentan a los trabajadores pero no entregan los montos a la empresa financiera Intermercado. Y esto ocurre desde hace un año. Derivado de ello, alguien se está quedando con dinero de los trabajadores, a quienes está arrojando al buró de crédito. Y ese alguien pertenece a la organización que dirige Javier Duarte de Ochoa.
Intermercado hace nacional el escándalo
Este martes, el director general de Intermercado, Carlos Gidi Blanchet, no solo ha recurrido a exponer a la opinión pública una carta dirigida al gobernador Javier Duarte en un medio estatal, ante la reiterada negativa de las autoridades a recibirlos; también lo ha hecho en el periódico Reforma, de la Ciudad de México, con lo que Veracruz vuelve a tomar notoriedad en el país y no precisamente por las cosas bien hechas.
En el escrito, el hijo del exrector de la Universidad Veracruzana Emilio Gidi Villarreal señala al titular de la SS, al Oficial Mayor de la SEV y a los sindicatos como responsables de perjudicar a miles de burócratas al desviar de manera ilegal sus pagos y utilizarlos para otros fines, y los acusa de suspender arbitrariamente y sin previo aviso el cobro vía nómina que se había pactado con las dependencias y trabajadores, afectando el plazo y condiciones establecidas para dichos préstamos.
“Las acciones emprendidas por el secretario de Salud, y el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, además de lesionar innecesariamente a una industria que genera empleos y participa activamente en la vida económica del estado, han dejado a diez mil colaboradores sin acceso a créditos y con historiales negativos. La capacidad de pago de los trabajadores siempre ha estado soportada en los beneficios derivados de los pactos colectivos, y siempre se contó con la anuencia explícita de la mencionada dependencia de gobierno”, señala Intermercado, a través de Carlos Gidi, quien solicita la intervención de Duarte de Ochoa para que ordene el pago inmediato de todas las retenciones que las Secretarías han realizado a sus trabajadores para pagar los adeudos contraídos que han sido “ilegalmente desviados por las dependencias citadas”.
Y es que no son créditos negociados para la compra de utensilios de cocina o para adquirir ropa deportiva. Según explica el empresario, las cantidades prestadas oscilan entre los 5 y los 150 mil pesos, pero además el problema se multiplica porque si no se paga con oportunidad se acumulan intereses moratorios; por si fuera poco, todos quienes incurren en moratoria son reportados al buró de crédito, dejando en situación difícil a trabajadores a quienes se les retuvieron esas cantidades.
La ventaja, la suerte enorme del gobierno estatal es que los trabajadores afectados no han reaccionado organizadamente para exigir que se les resarza el daño, y los sindicatos han sido convencidos (con prebendas a cambio) de que ni se metan a defender a sus agremiados en este conflicto.
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