El próximo miércoles 27 de mayo deberá conformarse la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito del Estado de Veracruz (CEAIVD), un nombre muy largo para una instancia que, es posible, no pase de ser un mero trámite institucional del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien por desgracia ha mostrado muy poco interés y sensibilidad en el tema.

Esta comisión estatal será responsable de la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas, por lo cual estará a cargo del Registro Estatal de Víctimas, del Fondo, de la Asesoría Jurídica y Victimológica, así como la coordinación y asesoría técnica para los mismos fines, con el Sistema Estatal.

Dos puntos ennegrecen las expectativas sobre la integración de esta comisión:

1) La imposibilidad de que los organismos civiles que han luchado por la atención de víctimas del delito, coadyuven en el trabajo de atención, apoyo, registro y protección de quienes han sido afectadas por la acción del crimen organizado y de los delincuentes del orden común, y

2) El grave riesgo de que uno de los comisionados que se incluyan en la terna que envíe el Ejecutivo estatal al Congreso local, con la idea de que la presida, sea la actual presidenta de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, Mireya Toto Gutiérrez, cuya labor ha sido absolutamente negligente y omisa.

Las organizaciones que, de manera honorífica, han bregado a lo largo de los últimos años a favor de las víctimas del delito, que han registrado los casos, han otorgado asesoría jurídica y psicológica y han buscado la corresponsabilidad del Estado (federal y estatal) para que se haga justicia y se otorgue la protección a aquellas personas que, aun siendo afectadas dolorosamente por el crimen, sigue en situación de vulnerabilidad y amenazas, ven ambas deficiencias como un indicativo de que las cosas seguirán en el mismo tenor.

Nula participación civil en la comisión estatal

En efecto, a diferencia de la Ley General de Víctimas (LGV) de orden federal, la ley estatal no contempla la participación de organizaciones no gubernamentales que realicen propuestas de designación en representación de los colectivos de víctimas, especialistas y expertos.

Si acudimos a lo que dicta la norma federal, podremos observar que, con la finalidad de garantizar que sean representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, contempla que organizaciones no gubernamentales registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos, participen proponiendo a tres comisionados que deberán ser elegidos por el Senado de la República para la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Para ello, el Senado conformará una Comisión Plural que encabece el proceso de recibir las propuestas, procurando que en dichas nominaciones se garantice la representación geográfica de las diversas regiones del país.

Con ello, el legislador federal prevé que en el importantísimo tema de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, se tome en cuenta el sentir y las propuestas de las personas que han sufrido hechos victimizantes.

Esto no lo contempló la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz. Por ello, para la conformación de la Comisión Ejecutiva Para la Atención Integral de Víctimas del Delito, prevé la designación de tres comisionados que serán propuestos por el Gobernador al Congreso del Estado, sin que se contemple la opinión de quienes han dedicado su empeño a favor de las víctimas.

De manera que, en los próximos días el Congreso local recibirá una única terna enviada por Javier Duarte para definir a los comisionados que actuarán en los primeros cinco años (con posibilidad de ser reelectos). Una vez completado este primer periodo, los siguientes comisionados surgirán de tres ternas.

Las organizaciones no gubernamentales, los colectivos y todos aquellos grupos que cuenten con experiencia en el trabajo de atención a las víctimas, en ejercicio de sus derechos ciudadanos estarían en aptitud de analizar la posibilidad de acudir ante las instancias del Ejecutivo y el Legislativo del Estado, a efecto de solicitar ser escuchados sobre sus inquietudes de dar un seguimiento puntual a la conformación de la CEAIVD.

Mireya Toto, un cero a la izquierda

Por desgracia, la ley estatal no solo ha hecho a un lado la participación de la sociedad civil para influir positivamente en la definición de los criterios que permitan al Legislativo elegir correctamente a los comisionados, sino que se corre el riesgo de que Duarte postule en la terna a Mireya Toto Gutiérrez e, incluso, la señale como la que debe presidir la nueva comisión.

Y es que, pese a que entre los requisitos esgrimidos por la ley estatal para ser comisionado, el establecido con el numeral IV señala que deben “gozar de buena reputación” (que no cumple la susodicha), las organizaciones civiles temen que el gobernador Javier Duarte incluya (con la propuesta de que presida la nueva comisión) a Mireya Toto Gutiérrez, quien en más de dos años al frente de la actual comisión no solo no ha echado a andar los mecanismos de protección de víctimas sino que ha usado al personal adscrito para asuntos de su sola incumbencia personal.

Por ello, en sus más de dos años al frente de la actual comisión ni siquiera ha logrado integrar comisiones municipales del tema (lleva 3 de 212 municipios) y no hay vestigios de su trabajo. Su enorme capacidad teórica le ha permitido ciertamente entrampar al gobernador Duarte, algo que no ha logrado en el caso de las organizaciones civiles y organismos no gubernamentales.

En efecto, estas organizaciones han denunciado la inactividad de la comisionada impuesta por el gobierno estatal y ya se organizan para presionar al Congreso local en caso de que la terna que proponga el Ejecutivo esté conformada por ella o por personajes que hagan nugatoria la naturaleza (ciertamente estrecha) de apoyo a víctimas que contempla la ley estatal.

Ya veremos la próxima semana cómo se dan las cosas en Veracruz.

Allí estuve por pragmático, por demócrata y por caliente

Para oxigenar el deteriorado entorno público de la política en Veracruz, este viernes 22 de mayo, a las 16:45 horas, se presenta en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa el último libro de Jorge G. Castañeda (Jorge PuntoG Castañeda, como le decía el perredista acapulqueño Félix Salgado Macedonio), quien fuera canciller durante el gobierno de Vicente Fox.

“Amarres perros”, que juega con el título de la película que lanzó a la celebridad al recientemente galardonado con el Oscar Alejandro González Iñárritu (Amores perros), es un ejercicio autobiográfico de este protagonista de la vida política e intelectual de México, que desempeñó un papel relevante en el camino hacia la democracia en el país y que no solo ha sido testigo de grandes acontecimientos a nivel nacional e internacional, sino también partícipe.LibroAPJC (2)

En este libro, Jorge Castañeda “relata cómo fueron sus años formativos, su entorno familiar y afectivo, sus mentores y los diversos aprendizajes que lo convirtieron, sucesiva o simultáneamente, y de modo temporal o para siempre, en académico, escritor, militante de la izquierda, canciller, padre obsesivo, candidato independiente a la Presidencia, lector compulsivo, polemista y hombre polémico, miembro destacado de organizaciones internacionales…”

Por estas páginas desfilan personas renombradas como Carlos Fuentes, Adolfo Aguilar Zínser, Carlos Salinas de Gortari, Fidel Castro, Colin Powell, Vicente Fox, Carlos Slim, Gabriel García Márquez y Elba Esther Gordillo, y sucesos intrincados y tan interesantes como las repercusiones del TLC, el viraje en la política mexicana de relaciones exteriores, el movimiento estudiantil del 68, los delicados equilibrios entre naciones, la odisea de los refugiados guatemaltecos en los años ochenta, el famoso “comes y te vas”, diversas campañas hacia la Presidencia y los controvertidos comicios electorales de 1988.

El libro, publicado con el sello editorial de Alfaguara, tanto en versión impresa como electrónica, será presentado este jueves y, la verdad, nadie puede perderse entrar en contacto con este intelectual polémico e inteligente.

Zabludovsky, ¿innecesaria polémica?

Si me permite mi amiga Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, a quien aprecio y admiro desde que trabajamos juntos, voy a discrepar de su aserto de que las voces que se opusieron a que nuestra máxima casa de estudios le entregara el doctorado Honoris Causa al periodista Jacobo Zabludovsky, prohijaron una innecesaria polémica.

También discreparé de Carlos Puig que, en su columna Duda Razonable, publicada por Milenio, reprueba “que algunos revoltosos hayan logrado que la Universidad Veracruzana suspendiera el proceso para conceder el doctorado Honoris Causa a Jacobo Zabludovsky”.

Ni era innecesaria la polémica ni quienes firmamos la petición en Change.org somos revoltosos.

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara.
La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara.

Desde mi punto de vista se actuó a tiempo para evitar el dislate que la Junta Académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación pudo haber provocado a nuestra universidad. No hubiera servido de nada que la polémica se hubiera desatado con los hechos consumados. Se dio de manera oportuna.

En efecto, nuestras autoridades universitarias (Sara incluida) no tuvieron absolutamente nada que ver con la propuesta que, por lo demás, ni siquiera llegó a considerarse como parte del procedimiento que lleva a tales decisiones.

No es necesario ahondar sobre las razones que nos llevaron a suscribir esta oposición en redes sociales. Jacobo, según me ha dicho mi amigo Luis, quien lo escucha y lo aprecia todos los días en su programa radiofónico, es ahora un periodista crítico y es un placer disfrutar su inteligencia, su agudeza e, incluso, su delicado sarcasmo.

Pero el pasado marca.

Es un gusto, por otro lado, observar la sensibilidad de la rectora Sara Ladrón de Guevara y del equipo rectoral para escuchar a las voces que se expresan allende aulas y oficinas. No se ha prostituido, por tanto, la institución que representa reconocer a los hijos pródigos del conocimiento en el país y en el mundo, que es el otorgamiento de un doctorado Honoris Causa. ¡Enhorabuena!

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