Aunque en unos días más, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública abrirá estadísticas de la incidencia delictiva en el país durante el mes de abril, los datos revelados por la asociación Alto al Secuestro ya señalan una tendencia al alza en materia de privación ilegal de la libertad, donde Veracruz se mantiene entre los 10 estados del país en que más casos se registran.
La organización civil liderada por la polémica Isabel Miranda de Wallace señala que de febrero a abril se puede observar un incremento del 7.8 por ciento en el número de casos, al pasar de 128 a 138 y, lo más destacado, que en esta última cifra estuvieron involucradas 171 víctimas, lo que significa que cada cuatro horas una persona es secuestrada.
En efecto, como ha sucedido a partir de 2011-2012, el estado de Veracruz sigue colocándose en los primeros lugares en este tipo de delito. La organización no gubernamental establece que el 82 por ciento de los secuestros denunciados en el país se realizan en 10 estados: México, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Distrito Federal, Veracruz, Michoacán, Tabasco, Jalisco y Oaxaca, en ese orden.
Si la sola privación de la libertad no fuera una razón preocupante para quienes son víctimas, en un delito que afecta directamente a la estabilidad emocional, psicológica y patrimonial de estas y sus familias, resulta mayormente preocupante que en el 14 por ciento de los casos las víctimas hayan sido privadas de la vida, asesinadas vilmente por sus captores y sus cuerpos arrojados en cualquier solar abandonado.
¿Secuestro, homicidio o secuestro y homicidio?
El caso que impactó recientemente a Veracruz, tanto a la ciudad como a todo el estado, ha sido el del secuestro y posterior homicidio de la joven Columba Campillo, cuyos captores optaron campechanamente por su sacrificio ante la posibilidad de ser reconocidos.
El caso no solo levantó las alertas, en particular por ser cometido contra una menor de edad, sino también porque a la Fiscalía General del Estado, a diferencia de varios casos que no han sido resueltos, le tomó unos cuantos días, a raíz del descubrimiento del cuerpo de la niña, dar con la banda que cometió este reprobable crimen, en que se ha incriminado por cierto a un familiar de la comunicadora en redes sociales Maruchi Bravo.
¿Cómo catalogará la Fiscalía este hecho, como secuestro o como homicidio? Como este, varios casos que han terminado con el asesinato de personas previamente ‘levantadas´ o secuestradas, han salido de las estadísticas del secuestro para engrosar las del homicidio doloso. En el argot policiaco, ciertamente hay una diferencia entre las personas que son privadas de su libertad para ser asesinadas y aquellas que son secuestradas para exigir un rescate y que, en el curso de las negociaciones o una vez consumadas éstas, son privadas de su vida.
Otro tema que afecta seriamente las estadísticas de secuestro es la de los casos en que las familias pagan el rescate y no regresan las víctimas, y que no son contabilizados. El comunicado de la organización Alto al Secuestro lo explica de la siguiente manera:
“Lamentablemente, estas cifras no son confiables ya que tenemos plena certeza de que existen muchas más víctimas que no regresan de un secuestro, en muchos casos aun y cuando la familia ha pagado un rescate, y que extrañamente no son contabilizados en las cifras oficiales. A ello, hay que agregar el alto número de víctimas de quienes no se tiene la certeza si fallecieron o no, porque simplemente nunca regresan a sus hogares”.
Cuando es el caso del secuestro de mujeres jóvenes, se presume que han sido plagiadas con fines de comercio sexual. Por desgracia, hay miles de estos casos en que ni las autoridades estatales ni las federales han aplicado políticas para su búsqueda y reinserción en sus hogares.
Alto al Secuestro señala, por otra parte, que en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han denunciado 5 mil 710 secuestros, y añade una hipótesis terrorífica: si el país sigue con la tendencia mensual que se reporta, al final de 2015 se registrarían alrededor de 7,000 secuestros.
Para colmo, dicha cifra no contabiliza la cifra negra que, según estimaciones de las autoridades federales, alcanza a 9 de cada 10 delitos, lo que haría suponer que en realidad se habrán cometido 70 mil.
¿Disminución del secuestro hace tendencia?
El discurso oficial, tanto en los estados como en el gobierno federal, se ha enfocado en que las cifras de secuestros, un delito del orden común, van menguando. Sin embargo, muy difícilmente este hecho reflejado en las estadísticas alimentadas por las propias procuradurías y fiscalías estatales puede considerarse como una tendencia definitiva.
Baste recordar que este delito tuvo su mayor incremento en los últimos años del gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, en lo que puede catalogarse como una diversificación de la operación de las organizaciones criminales que habían sido golpeadas duramente durante la guerra emprendida por el michoacano, sobre todo en materia de tráfico de estupefacientes.
Tan se diversificó que otras variantes de esas empresas criminales han sido el robo y venta de combustibles, cobro de piso, robo de minerales a gran escala, monopolio de sectores agropecuarios (como el del limón y el aguacate en Michoacán), comercio sexual, robo de vehículos, extorsión y secuestro, entre otros.
Según datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tomando el caso de Veracruz, el crecimiento de la incidencia delictiva en homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículo se observó de manera alarmante entre 2010 (último año del gobierno de Fidel Herrera Beltrán) y 2011, primero de Javier Duarte de Ochoa.
Cuadro 1. Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos (2000-2014)
En el caso del delito de secuestro fue verdaderamente espectacular. Aunque difícilmente podemos tomar como válido el dato de cero secuestros en 2009, lo cierto es que a partir de 2010 su número creció desmesuradamente: de 17 en 2010, a 144 en 2014, lo que significa un crecimiento de casi el 850 por ciento. Y hasta marzo se contabilizaban 22 secuestros.
No ha sido hasta 2014, cuando se registra una tendencia a la baja en los delitos extorsión y en robo de vehículos con o sin violencia y, sin embargo, aún con esas cifras con una ligera disminución, siguen siendo similares a las de 2010-2011.
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