El arribo de las elecciones intermedias en México vuelve a poner en lugar central de la opinión pública, periodística y académica la validez del proceso electoral.

Hoy, la institución llamada democracia (representativa) vive momentos casi terminales, no solo por la mediocridad, insensatez y corrupción de la clase política, sino por la ausencia de confianza en los árbitros de la contienda, que han permitido y siguen permitiendo fraudes, trampas, usos indebidos del dinero público, compra abierta de votos, reparto ilegal de bienes e incluso arribo de enormes sumas de dinero de origen desconocido.

El evento más descarnado tuvo lugar en 2012, no debe olvidarse, con los llamados Sorianagate y Monexgate. En el primero, monederos electrónicos precargados por un total de 2 mil 294 millones de pesos fueron masivamente utilizados en las tiendas Soriana de seis estados de la República los días 2 y 3 de julio, es decir, inmediatamente después de la elección.

Por el Monexgate, el Grupo Financiero Monex emitió 100 mil monederos electrónicos por un total de 160 millones de pesos, que fueron repartidos entre operadores del PRI. El origen de esas cantidades, develado por la investigación bancaria, fueron seis sospechosas sociedades mercantiles que el Tribunal Electoral se negó a investigar. Estos dos hechos debieron haber anulado la elección presidencial y puesto en duda el supuesto triunfo de Enrique Peña Nieto.

Nada de eso sucedió.

Ante este panorama desolador, todo mexicano honesto y que se respete debería abstenerse de participar, y negar su voto. Frente a esta situación vergonzosa, impropia de una sociedad verdaderamente democrática, debería hacerse un alto para replantear y reformular instituciones, fórmulas, procedimientos y principios, única manera de salir del oscuro túnel en el que se encuentra la democracia en México.