Este martes 24 trascendieron dos hechos en el país que seguramente le van a poner más leña a la candente sucesión estatal de Veracruz en 2016, ya que como lo han venido anunciando los principales aspirantes a la gubernatura –no sólo de la oposición sino también el senador priista Pepe Yunes Zorrilla, quien se ha distanciado del grupo que desde hace casi 11 años detenta el poder en la entidad–, su principal promesa de campaña será precisamente la de abatir la impunidad, ya que por las graves limitaciones presupuestales y lo corto del mandato que por esta única ocasión será de solamente dos años, no podrán desarrollar muchas obras y proyectos de gran impacto social.

Y es que como en este sexenio no se ha visto ni se ve voluntad para llamar a cuentas a los responsables del quebranto financiero del estado y de la zozobra en que dejaron sumido a Veracruz por su tolerancia y complicidad con los grupos criminales que aunque diezmados aún siguen enquistados en la entidad, entonces habrá que ver si quien dirija el destino del pueblo veracruzano a partir de diciembre del año próximo logra hacer comparecer ante la ley a los autores materiales e intelectuales del desastre económico y de la inseguridad estatal que actualmente permanecen impunes.

Por supuesto que hay razones para ser escépticos, pues hasta la fecha tampoco el gobierno priista del presidente Enrique Peña Nieto ha dado muestras de voluntad para proceder penalmente contra algún gobernante local, así sea de la oposición. El caso más evidente es el del renunciado mandatario de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre Rivero, contra el cual no se han presentado cargos a pesar de su presunto encubrimiento al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, implicado junto con su esposa  María de los Ángeles Pineda Villa en el secuestro y muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, como ha venido ocurriendo en los últimos tres sexenios, es probable que el llamado a cuentas provenga de un poderoso país vecino que ya tiene tras las rejas al ex gobernador priista de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y que el año pasado libró también orden de aprehensión contra el ex mandatario tricolor de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Ayer, el periódico Reforma dio la primicia de que el gobierno de Estados Unidos trata de sustentar la acusación contra el ex gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, y el ex alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra, por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y sus presuntos nexos con Ismael “El Mayo” Zambada.

“Aunque ya se ha investigado antes y supuestamente no se han encontrado pruebas sólidas que los vinculen en las redes financieras de ‘El Mayo’ Zambada, se está indagando nuevamente los probables nexos de algunos políticos sinaloenses con este narcotraficante, especialmente al ex gobernador Jesús Aguilar Padilla y al empresario Jesús Vizcarra”, establece el documento del gobierno del EU en poder del diario capitalino.

Aguilar Padilla se desempeña actualmente como subsecretario de Agricultura en la Sagarpa, y Jesús Vizcarra fue su secretario de Desarrollo Económico y su “delfín” para sucederlo en la elección de 2010, pero el candidato del PRI perdió la elección.

Con la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el gobierno estadounidense centró sus investigaciones en sus operadores financieros y en los principales mandos prófugos del Cártel del Pacífico, del cual el líder más visible es “El Mayo” Zambada, el cual logró tejer una red de 203 empresarios y prestanombres para lavar cientos de millones de dólares en los últimos 13 años, de acuerdo al informe de EU. Los negocios van desde gasolineras hasta establecimientos de belleza, clubes deportivos, autoservicios, servicios de transporte aéreo, desarrollos inmobiliarios y farmacéuticos. Además de Sinaloa, esos personajes operan en México al menos 242 empresas en el DF, Baja California, Chihuahua, Morelos, Jalisco, Puebla y Quintana Roo, de acuerdo con un reporte de inteligencia.

En Jalisco también sigue en curso la investigación contra Gabriel Quesada Suárez, primo del ex presidente Vicente Fox y ex representante de ese estado en el DF durante el mandato del gobernador Francisco Ramírez Acuña, del PAN. A Quesada Suárez se le vincula con una red de lavado de dinero a favor del Cártel del Pacífico operada por Saúl Saucedo, “El Ingeniero”, de acuerdo al expediente de la Corte del Distrito de Texas, con sede en El Paso.

El otro hecho dado a conocer también ayer y que podría repercutir en Veracruz fue la captura la madrugada de este lunes 23 del líder de los Zetas en Tamaulipas, Ramiro Pérez Moreno, (a) “El Rama”, durante un operativo de la Marina Armada en Nuevo Laredo.

“El Rama”, de 34 años, operaba como comandante regional de los Zetas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y buscaba el mando del cártel tras la caída de Omar Treviño Morales, el “Z-42”, capturado el 4 de marzo. “El Comandante Ramas”, como era conocido también, está identificado como uno de los responsables en delitos de alto impacto, en disputas con otros grupos criminales y en agresiones a las autoridades. Al capo se le atribuyen secuestros, extorsiones y tráfico de personas, drogas y armas. Es compadre de Miguel Treviño Morales, el “Z-40”, líder máximo de la organización detenido el 15 de julio de 2013 en Anáhuac, Nuevo León, y era incondicional de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, (a) “La Ardilla”, otro mando de Los Zetas capturado en octubre de 2012, al cual se le atribuyen matanzas como la de 72 migrantes en San Fernando en 2010. Pérez Moreno era uno de los 122 objetivos prioritarios a capturar por el gobierno del presidente Peña.

Pero aquí el quid del asunto es que en su historial, este peligroso delincuente registra un dato interesante: fue liberado mediante engaños de un penal de Veracruz en 2008, cuando el ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán estaba en “la plenitud del pinche poder”.