Cuando a finales del año pasado preveíamos que la situación de Veracruz se tornaría difícil en 2015, no calibrábamos qué tan desastrosos serían los efectos de fenómenos internacionales, nacionales y locales concurrentes, en un estado que ha mostrado una creciente vulnerabilidad en lo económico, lo político y lo social.

Y no ha pasado lo peor.

Los daños generados por la caída estrepitosa de los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar frente al peso nos están pasando factura, justo en un punto en que el gobierno veracruzano sustentaba su previsión de crecimiento económico por el hipotético arribo de enormes inversiones internacionales en materia petrolera, que generarían fuertes volúmenes de empleo transitorio y permanente.

Contra esos cálculos, lo cierto es que no solo no llegarán pronto las inversiones para nuestra principal industria nacional, la energética, sino que en regiones sensibles como el sur de Veracruz ya se empiezan a sentir los efectos de los ajustes presupuestales de Petróleos Mexicanos y de las modificaciones laborales pactadas con el sindicato (STPRM). Conforme pasen los meses, la situación se pondrá más oscura.

Y es que ello significará el despido masivo de trabajadores que pronto estarán en la calle sin esperanzas de ocuparse pronto, aunque el diputado Juan Bueno Torio explique que todo se regirá bajo un programa de retiro por edad y voluntario, así como se echará mano del personal “transitorio” que en estos momentos no se ocupe en las diversas áreas de producción.

Este escenario ya se está resintiendo hace más de un año en la región de Poza Rica, donde Pemex canceló el proyecto Aceite Terciario del Golfo, lo que significó que en cuestión de 20 meses se esfumaran 4 mil plazas laborales y que, de un año para otro, la inversión de la paraestatal cayera de 70 mil millones de pesos presupuestados a apenas 20 mil millones.

Los empresarios pozarricenses lo pintan de manera dramática: los efectos predadores de la súbita salida de Pemex de la región son más dañinos que los de dos huracanes seguidos.

Absolutamente todos los sectores empresariales han sido afectados: el de la construcción ha quedado con enormes pasivos por la adquisición de maquinaria, recomendada por Pemex para atender las necesidades del proyecto cancelado; el de los hoteleros y restauranteros por la baja severa en el arribo de trabajadores foráneos y de funcionarios y técnicos de la paraestatal; el de bienes raíces, porque no solo no se incrementó el número de personas que requieren comprar o rentar una vivienda, sino que muchos de los que lo hacían han debido moverse a otros destinos.

Para colmo, no ha habido reacción del gobierno estatal y, salvo la reciente promoción de entradas gratis a la Cumbre Tajín a quienes se hospeden en Poza Rica, hace falta mucha ayuda para que esa ciudad que sigue aportando sin recibir prácticamente nada a cambio, pueda sortear la severa crisis que pone en riesgo su presente y su futuro.

A eso se refería el senador José Yunes Zorrilla cuando criticaba que los gobernadores del país, particularmente los priistas y, más específicamente, el de Veracruz, le estaban dejando toda la tarea al gobierno federal. En el caso de Poza Rica, se deja la responsabilidad a Pemex y no se hace nada por revertir los efectos más dañinos de la crisis mediante la promoción turística de la región, la aplicación de recursos para obra pública y el impulso de empresas que permitan ocupar una mano de obra que no tiene posibilidad de ganarse la vida y que puede orientarse a la delincuencia.

Finanzas quebradas y gasto electoral

Pero si en materia económica nos va mal, en materia de inversiones públicas nos va mucho peor. El sobreendeudamiento gubernamental, los crecientes gastos suntuarios del gabinete, la desviación de recursos y el quebranto de las finanzas públicas están impidiendo no solo el inicio de obra pública y programas de combate a la pobreza sino la postergación en el pago de obras y programas de años anteriores que están llevando a la quiebra a muchas empresas veracruzanas.

Para colmo, en acciones que aparentemente tienen como móvil el apoyo electoral al Partido Revolucionario Institucional (PRI), varias dependencias están despidiendo personal para destinar sus salarios al pago de funcionarios y dirigentes sociales priistas, lo que ya se ha denunciado en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).

Independientemente de que ese sea el móvil o no (y es posible porque se ha complicado el flujo de recursos al tema electoral), lo cierto es que no es la única dependencia que, mátalas callando, está echando de la nómina a empleados y funcionarios medios para colocar a los suyos. Tal es el caso de Flavino Ríos Alvarado en la Secretaría de Educación, donde no solo hay enroques o cambios de funcionarios sino una verdadera rasurada a la nómina que ha puesto en la calle a decenas de trabajadores.

El problema es que no se trata de un programa de adelgazamiento de la pesada burocracia, con ánimo de racionalizar el gasto, hoy que las finanzas estatales han chocado contra un iceberg como el Titanic. No, todo parece indicar que solo se trata de acomodar a personajes de coyuntura que es necesario emplear para tareas más bien políticas.

Se adelantó la sucesión

Es posible que en unos días la atención política se centre en las campañas de los candidatos y partidos por las diputaciones federales y, con ello, se despresurice la olla de presión política que está generando el adelanto de la sucesión gubernamental que normalmente debía suceder a finales de este año y principios del siguiente.

A los graves problemas políticos que enfrenta por las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación, el resurgimiento de la violencia, el asesinato de periodistas, los saldos de los juegos centroamericanos, la inutilidad de las instalaciones deportivas, la falta de obra pública y el olvido a que ha sometido a varios municipios, el gobernador Javier Duarte está sufriendo un desgaste adicional por el adelanto del proceso para su cambio.

No solo son los comentados distanciamientos con el gobierno federal. Su reforma político-electoral, que tuvo como barco insignia un gobernador de dos años en los comicios de 2016, además del bullicio mediático del panismo yunista, le ha generado en los hechos un rompimiento con el senador José Yunes Zorrilla y, aunque logró someter al otro senador, Héctor Yunes, lo cierto es que ya está inmerso en la vorágine de la sucesión, con la paulatina pérdida de influencia y poder político.

Y el año que corre será un periodo de desgaste mayor.

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