Cuentan que en una reciente borrachera con sus amigos en el elitista Club de Golf de Xalapa –ubicado en Miradores del Mar, una congregación del vecino municipio de Emiliano Zapata–, un alto funcionario de la Secretaría de Salud del estado se jactaba de su presunto sueldo mensual de ¡800 mil pesos mensuales!, una cifra que, según se sinceró, nunca se los ganó en 30 días durante el ejercicio de la cirugía como médico particular.

La versión aparentemente suena inverosímil, ya que ese ingreso no lo tiene ni el gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues de acuerdo a la Ley de Ingresos y Egresos para este año aprobada por el Congreso local, su salario mensual es de casi 75 mil pesos, ubicándose entre los diez mandatarios estatales que menos cobran por su función.

En el gobierno del estado de Veracruz, la percepción de un secretario de despacho fue fijada para este ejercicio fiscal en poco más de 60 mil pesos al mes. Pero ese monto corresponde al sueldo nominal, pues el ingreso más jugoso de la alta burocracia es el correspondiente a la llamada “compensación”, con la cual se despachan con la cuchara grande.

De ahí que lo presuntamente dicho por el alto funcionario de la Secretaría de Salud tenga visos de verosimilitud. Así lo haya expresado en estado líquido, sólido, gaseoso o “pedo”. Y es que casualmente al área administrativa de esa importante dependencia del gobierno estatal fueron reincorporados en octubre del año anterior la misma pandilla de ex funcionarios que en 2013 habían sido cesados luego de un millonario desvío de fondos federales detectado por la Auditoría Superior de la Federación en las cuentas públicas de 2011 y 2012.

Por presiones del sindicato mayoritario, hace poco más de cinco meses el gobernador Duarte de Ochoa tuvo que sustituir a Juan Antonio Nemi Dib, porque el ex secretario de Salud decidió renunciar ante las presiones de la lideresa sindical Ángela Soto, con la cual se confrontó al exhibir y negarse a seguir solapando sus presuntas corruptelas y chantajes.

A su salida, Nemi Dib dejó las bodegas de SESVER repletas de medicamentos, pues en su administración, a invitación del gobierno federal, se realizó a través del IMSS la compra consolidada de fármacos y material de curación, lo cual le representó al gobierno de Veracruz un ahorro de 70 millones de pesos.

Sin embargo, en los centros hospitalarios de la entidad sigue existiendo desabasto de medicamentos básicos.

A mediados de noviembre de 2014, en su primera comparecencia ante el Congreso local como secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, reconoció que, en efecto, estaban enfrentando el problema de no poder distribuir los fármacos a los diferentes centros médicos, por lo que analizaban la posibilidad de concesionar este servicio para garantizar el abasto de medicamentos en todo el estado. “Lo que falla es la distribución. Se instaló el sistema pero no estamos preparados para el medio de transporte, ni la forma de distribuir”, expresó ante los diputados de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de Veracruz.

Por cierto, en esa misma presentación con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del mandatario Javier Duarte, el nuevo titular de SESVER, al ser cuestionado por el diputado Joaquín Guzmán Avilés, del PAN, sobre las 90 denuncias por actos de corrupción, venta de plazas y el robo de medicamentos que un día antes de su renuncia había expuesto públicamente su antecesor, el doctor Benítez Obeso sólo reaccionó a responder escuetamente: “No las encontramos. Hemos hecho la búsqueda, he pedido al órgano interno y la Contraloría general, ya que referían 90 (denuncias), y jurídicamente no hay nada, sólo denuncias de trabajadores que tienen problemas porque faltan y hay que suspenderlos, pero no hay pruebas. Ojalá se encontraran, y si es que hay, se procederá”.

Enfatizó que no se trata de cubrir a nadie, sino que se trata de llegar a la realidad y que se castigue a quien haya cometido una irregularidad; pero aclaró que él, como médico, sus decisiones las toma en base a la “ética”.

Sin embargo, Benítez Obeso está actualmente copado –¿y también “copeado”?– por los mismos funcionarios del área administrativa que a mediados de esta gestión se vieron implicados en graves casos de desvío y malversación de fondos federales. Por ejemplo, de acuerdo con una nota difundida por la agencia de noticias AVC, “el pago irregular de salarios a funcionarios, así como la compra indebida de medicamentos valió que la Auditoría Superior de la Federación observara el manejo financiero del Seguro Popular en el estado por un monto de mil 597 millones 139 mil 600 pesos en el ejercicio fiscal 2013, sumado a que tiene que aclarar el manejo de mil millones más. Lo anterior queda de manifiesto en la auditoría financiera 13- A-30000-14-0864 GF-878, practicada al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (REPSS)” , que desde el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán muy explicablemente sigue a cargo de Leonel Bustos.