Aunque no ha hecho sino profundizar la brecha que separa al gobierno estatal de las organizaciones veracruzanas enfocadas a la búsqueda de desaparecidos y ha generado un escándalo en la Universidad Anáhuac donde presionó para el despido de un profesor, Mireya Toto Gutiérrez, directora de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, atesora en su fuero interno el deseo de ser incorporada por el gobernador Javier Duarte en la terna que deberá presentar en breve al Congreso local (con palomita de preferencia) para nombrar a los tres comisionados del nuevo organismo que crea la Ley Estatal de Víctimas, recientemente promulgada.

Conocida por autoritaria, la exmilitante de Convergencia por la Democracia (hoy Movimiento Ciudadano), de donde al parecer fue expulsada por su trabajo de zapa, ha logrado una vergonzosa hazaña: convertir a la Universidad Anáhuac de Xalapa en un hervidero de pasiones por el despido del abogado Arturo Hernández Abascal, tras 12 años de trabajo, por haber mencionado en una clase de la carrera de Derecho la orientación sexual de la funcionaria, quien presionó para que fuera cesado de inmediato.

Despedir injustificadamente empleados se le da muy bien a Mireya. En cada lugar en que la han contratado para que cobre bien sin hacer maldita la cosa, decenas de empleados han salido disparados por la mezquindad y grosería de la exdiputada local, sobre todo hombres, a quienes trata como si fueran sus esclavos.

Ya el hecho de que en todos lados genere víctimas por su trato despótico debió ser argumento suficiente para impedir que, en julio de 2012, Gerardo Buganza, por instrucciones de Javier Duarte, le diera posesión como directora de la comisión estatal para la atención de víctimas, pero que no haya hecho absolutamente nada en casi tres años al frente de ese organismo obliga a evaluar a sus contratantes sobre el grado de interés que tienen en favor de las víctimas de delitos.

 Al menos dos organismos consultados al respecto, el Colectivo por la Paz y la Red de Madres de Desaparecidos, no quieren saber absolutamente nada de la tuxtleca, pese a que varios de los asuntos que gestionan le corresponden al organismo estatal.

 Su proverbial negligencia (que no su ignorancia de la ley y de sus atribuciones) han hecho de la comisión estatal un organismo inoperante e inservible; por ejemplo, no da acompañamiento y representación jurídica a las víctimas porque se esconde detrás de la mera gestión.

Tanto la Ley General de Atención a Víctimas como las reformas hechas a la Constitución Política y a los códigos penal y de procedimientos penales del país, otorgan un papel de la mayor importancia a la víctima y a su asesor jurídico, algo que Mireya Toto no entiende o no quiere entender, y se ampara en que hasta junio entrará en vigor la Ley Estatal de Atención a Víctimas que, por cierto, no está completamente armonizada con la Ley General, pues no cumple con las necesidades previstas para atender el nuevo proceso penal adversarial de juicios orales, sobre todo en lo que toca al papel de la víctima y sus derechos en el proceso penal.

En el nuevo proceso penal acusatorio adversarial actúan tres actores principales: el ministerio público, la defensa del acusado y el abogado de la víctima, frente a un juez imparcial. Los tres personajes del juicio oral deben estar en igualdad de circunstancias. La ley estatal no le da ese peso a la víctima ni a su abogado. ¿Quién elaboró y manipuló esa ley? La doctora.

 Si tras su entrada en vigor, el gobierno estatal mantiene una actitud complaciente con esta funcionaria y maniobra para que se mantenga en el puesto, sabremos con precisión que a Javier Duarte y a su gobierno no les importa de ninguna manera atender a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, y más valdría –como en el caso de la comisión de apoyo a periodistas– que desapareciera y nos ahorráramos tanto dinero tirado a la basura.

Cambios en la Junta de Gobierno de la UV

Una buena oportunidad para que la rectora Sara Ladrón de Guevara pueda tener en sus manos prácticamente todas las decisiones que se enfoquen en el cumplimiento de su plan de trabajo, podrá tenerla cuando la próxima semana, durante la sesión ordinaria de Consejo General Universitario (CUG), proponga a dos nuevos integrantes de la Junta de Gobierno (uno local y otro foráneo) y, con ello, rompa con el club heredado por su antecesor.

Para pocos en la UV es un secreto que la Junta de Gobierno se ha convertido en un grupo de poder alterno que, en algunas decisiones, incluso ha mostrado su preponderancia imponiendo su punto de vista sobre el de la rectora, y ha establecido correas de control a la actual administración universitaria mediante la Contraloría General, dependiente de este órgano.

El elemento local que concluye su gestión, y que está muy identificado con el anterior rectorado, es el doctor Alberto Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, quien junto con otros integrantes locales de la Junta de Gobierno, como Ricardo Corzo Ramírez y Adalberto Tejeda Martínez, establecieron altos niveles de dominio que, en algunos casos, se saldaron con imposiciones a la actual rectora, como en el caso de la Secretaría Académica. El integrante foráneo que concluye su periodo es el doctor Rolando Cordera Campos, vinculado con el grupo de la revista Nexos.

Habrá que ver a quiénes postula Sara Ladrón de Guevara, quien ya ha incorporado en su periodo a la doctora Elena Rustrián Portilla, como elemento local, y quien preside la Junta, y al maestro Eduardo Matos Moctezuma, como miembro foráneo. La balanza, sin embargo, puede seguir desfavoreciéndola si el próximo lunes 9, cuando se celebre la sesión del CUG, no incorpora a académicos que estén identificados con su proyecto.

Un día antes, el 8, en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el CUG realizará una sesión solemne para entregar el doctorado Honoris Causa a la canadiense Lucie Sauvé, una de las máximas representantes del campo de la educación ambiental en el mundo, y a la filósofa española Amelia Valcárcel que, en agosto de 2006 recibió la Medalla de Asturias en reconocimiento a su labor en el pensamiento feminista español y a su lucha por la igualdad.

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