Mientras la presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de la Mujer, Estela Casados González, puso el dedo en la llaga de la inacción de la Fiscalía General para atender la creciente ola de feminicidios en la entidad, cuyo registro de 2014 apunta a 72 crímenes de género y en el naciente 2015 ya se habla de 12, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras ha actuado, en cambio, con inusitada rapidez para perseguir al alcalde de Fortín de las Flores, Armel Cid de León Díaz, denunciado por una mujer por el presunto delito de violencia familiar equiparada.

Ayer, según testimonia una fotografía enviada por la oficina de prensa, un sonriente Fiscal entregó a la también sonriente diputada Octavia Arteaga la solicitud para iniciar juicio de procedencia contra el alcalde, cuyo caso ha desvelado al secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, quien en días pasados pidió públicamente al munícipe su solicitud de licencia para acudir a las instancias judiciales a esclarecer la denuncia presentada por haber golpeado a su supuesta pareja sentimental.

Es verdaderamente elogioso que se trate de resolver con presteza un delito cometido por un servidor público, aunque el delito no sea grave según el código penal de Veracruz, sobre todo cuando se comete en contra de una mujer, sin embargo, de la misma manera (pronta, expedita y determinante) debiera la Fiscalía actuar para esclarecer los asesinatos de mujeres que la dependencia ha preferido ocultar bajo la sombra de la estadística general de homicidios, con el objetivo de evitar una alerta de género que muy bien correspondería al estado de Veracruz.

Pero, no. Como casi todos los demás delitos donde no se saca ganancia política ni merece mayor apremio porque no hay una presión mediática, los feminicidios en Veracruz siguen integrándose como signo de la vergonzosa personalidad jarocha sin que las autoridades hagan nada por detenerla, ni por hacer conciencia de su abominable naturaleza y menos por poner ejemplos de la mano dura con que se ha de perseguir, para evitar su multiplicación por todos los rumbos de la entidad.

Repito, es loable que se persiga y se busque aplicar el peso de la ley contra quien ha violentado a una mujer, el problema es que la sobrada atención que ha merecido el caso tanto del número dos del gabinete como del Fiscal y, ahora, del Congreso local, no hace sino sembrar sospechas sobre la calidad de distractor que se quiere dar con este espectáculo, mientras la acusada malversación de los recursos públicos, sobre todo de los provenientes de la Federación, se mantiene en el limbo, sin que muevan un dedito los cordobeses del Ejecutivo estatal para prever posibles acciones legales contra quienes resulten responsables.

Ya hace tiempo que también se habla de posibles comportamientos fuera de la ley en diversos ayuntamientos de la entidad, sin que se haga nada ya no para castigarlos sino al menos para investigarlos. Y vaya que podemos considerar graves los posibles quebrantos a varias tesorerías municipales, al menos porque significan un obstáculo al desarrollo de cientos de comunidades cuyos habitantes miran cómo se enriquecen alcaldes sin que los servicios e infraestructura mejoren un ápice.

Si observamos, el otro caso en que la Fiscalía General se ha comprometido en cuerpo y alma es el de la solicitud de desafuero del alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, del Partido Acción Nacional, por su autoría intelectual del homicidio del periodista Moisés Muñoz, entonces estaremos observando una deliberada tendencia hacia el espectáculo mediático y la judicialización de la política cuando, por otro lado, nada se ha hecho para esclarecer hasta sus últimas consecuencias el asesinato del extesorero municipal de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera, en donde participaron policías municipales y mucho se habló de la autoría intelectual del alcalde.

Que hay interés de provocar escándalo y dirigir los reflectores hacia estos casos lo muestra decididamente que el fiscal en persona se esté haciendo cargo de prácticamente todo este caso, incluso de acudir a entregar la solicitud de desafuero, habiendo tantos casos delictivos que están poniendo en serios aprietos a la población veracruzana, como si con ello se buscara un distractor que evite la mirada sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para colmo de males, la mayoría de los procesos judiciales emprendidos por quien ha sido electo para ser Fiscal los próximos ocho años han terminado en sonoros fracasos; el más reciente ha sido la liberación de la periodista Marijose Gamboa, en cuyo caso, quien se dice jurista y no político actuó como jefe de pandilla sin que lograra mantener a la acusada en prisión. Tampoco le ha ido bien en su pretensión de desaforar al alcalde de Medellín de Bravo por el homicidio del periodista.

Y en todos los casos, aunque él lo niegue, Luis Ángel Bravo ha actuado mal como político y pésimo como jurista. ¿A dónde iremos a parar?

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