Mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Apenas ha comenzado el año y los problemas para el gobierno veracruzano arrecian como lluvia de invierno.

En menos de dos meses han estallado escándalos y ocurrido circunstancias que lo mantienen en crisis:

  1. La desaparición y asesinato del periodista Moisés Sánchez, en Medellín de Bravo.
  2. La cancelación del Hay Festival a petición de periodistas e intelectuales de México y el mundo por el asesinato de 12 periodistas y la desaparición de otros cuatro durante el actual gobierno, cuyos crímenes han quedado impunes.
  3. El fracaso del Carnaval de Veracruz como punto de atracción del turismo nacional a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que puso en evidencia la falta de recursos para su promoción.
  4. La intensificación en varios rumbos del estado, incluyendo la capital, de la violencia criminal, lo que ha puesto en entredicho los programas de seguridad tanto del gobierno estatal como federal.
  5. Las sensibles y agudas observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación a la cuenta pública de 2013, en que estarían implicados recursos por un monto superior a los 7 mil millones de pesos, principalmente en los sectores de salud, educación y seguridad.
  6. Las crecientes voces de descontento en los municipios veracruzanos porque los recursos provenientes de participaciones federales no bajan; se quedan en una cuenta concentradora, la famosa ‘licuadora’.

En fin que, en este principio de año, el horno no está para bollos en Veracruz.

Si a ello agregamos que, en los meses previos, la iniciativa para una minigubernatura de dos años generó uno de los cismas más divulgados dentro del PRI estatal y que el proceso de selección de candidatos a las diputaciones federales ha derivado en la salida de varios dirigentes y militantes priistas, ya podemos imaginar cómo se va a poner la situación conforme pasen los meses.

Al menos hasta el 6 de junio en que se celebren los comicios federales, fecha en que podría ubicarse una especie de parteaguas en la relación entre la administración estatal y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, marcadas hoy por cierto desencanto federal y la duda sobre qué tan fructífero será el aporte del priismo veracruzano a la anhelada mayoría en la Cámara de Diputados.

Y es que ese desencanto y distanciamiento con el gobernador Javier Duarte se hizo notorio en la reciente visita del mexiquense a Los Tuxtlas.

La cada vez más abierta participación en decisiones gubernamentales y en el rumbo del PRI por parte del exgobernador Fidel Herrera Beltrán quien, dicho sea de paso, trabajó por la derrota de Peña en los pasados comicios (según lo ha comentado el periodista Manuel Rosete Chávez en un imperdible análisis) no ha hecho sino distanciar a los mandatarios estatal y federal.

No es cosa menor que la lucha anticipada por la candidatura priista al gobierno estatal en 2016 esté poniendo en riesgo al partido en el poder, circunstancia que lastraría políticamente al de por sí menoscabado Peña Nieto, quien sufre las consecuencias de los conflictos de interés de su equipo más cercano, el fracaso económico, las circunstancias internacionales adversas y la profunda crisis de derechos humanos.

Éramos muchos y parió la abuela

No podemos hacernos tontos. Si no hubiera existido una reforma político-electoral en el ámbito veracruzano, cuya principal propuesta, la minigubernatura, puso en punto de quiebre el adecuado manejo político de la sucesión gubernamental, no habría una mayor profundización de la crisis gubernamental.

Pero la ambición detrás de esa propuesta significó perder como aliados a los dos senadores priistas, Héctor y José Francisco Yunes, quienes se han convertido en verdaderos críticos de las decisiones políticas del duartismo. Lo han hecho con argumentos sólidos y no ha habido enfrente a polemistas de tamaños que confronten la cuidadosa arremetida de los Yunes.

El único que podría darles candela, Fidel Herrera Beltrán, ha debido actuar desde las catacumbas, maniobrando hilos que le fueron muy útiles mientras gobernó y estaba en la plenitud del pinche poder, pero que hoy a nadie convencen, como la torpe divulgación de correos apócrifos con textos de una redacción deplorable y un ideario digno de ideólogos esquizofrénicos, maltratados severamente por la adicción al alcohol y otros estimulantes.

Mientras el casi despedido titular de Sefiplan, Mauricio Audirac, se empeña sin éxito en mostrar cifras disminuidas de la deuda pública estatal, el senador Pepe Yunes apunta con precisión que la deuda (como comentamos ayer en este espacio) frisa los 41 mil millones de pesos.

Al acudir a un acto de una universidad privada el miércoles en Minatitlán, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado fue preciso respecto de la situación financiera del gobierno estatal. Dijo que Veracruz es el cuarto estado con mayor nivel de deuda, con un monto de 41 mil 355 millones de pesos, lo que representa 8.11 por ciento de la deuda total de las entidades federativas.

Al día siguiente, el titular de la Auditoria Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, ponía cifras reveladoras sobre posibles desvíos de recursos por un monto de más de 7 mil millones de pesos en el caso del ejercicio presupuestal de 2013, que colocaba a Veracruz en el primer lugar nacional con el 17.3 por ciento de las irregularidades detectadas, seguido de Michoacán (9.9%), Jalisco (8.6%), Estado de México (5.6%), Chiapas (5.2%), Guerrero (4.5%) y Oaxaca (4.3%).

En revelaciones hechas en el noticiero radiofónico Contrapartida, conducido por Carlos Loret de Mola, Portal dijo: “Veracruz está muy complicado, tiene muchísimos recursos metidos en esa cuenta concentradora”.

Sobre la famosa ‘licuadora’, el funcionario señaló en la misma entrevista:

“En el pasado se nos daba información, documentos en que trataban de demostrarnos que ya estaba reintegrado el recurso y con base en ello podríamos solventarlo, pero la sorpresa que tenemos de hace dos años para acá es que esos recursos que ya habían sido reintegrados y una vez que ya los solventamos, los vuelven a sacar, esto ya es una simulación en las que estamos procediendo a hacer denuncias de hechos”.

¿Dónde ocurre esto? Portal lo precisa:

“Yo le diría que son estados como Veracruz, Michoacán, Tabasco, Chiapas, son muchos y es una práctica nociva. Afortunadamente, tenemos una forma de parar esto. ¿Cuál es? Ya no solventamos hasta que no me demuestres que estos recursos que dices haber reintegrado a la cuenta o que reintegraste, los aplicaste al propósito para el que te autorizaron, o sea gástalos efectivamente, no les des la vuelta, no los pelotees de cuenta en cuenta, no los metas a tu cuenta concentradora».

A pesar de la gravedad de las aseveraciones, el presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso local, el diputado Francisco Garrido Sánchez, del partido Alternativa Veracruzana (AVE), prefiere calificar de desfasado el informe de la ASF.

Lo hace al mismo tiempo que 15 alcaldes de su partido, encabezados por su dirigente Alfredo Tress, se plantan en la Sefiplan para exigir que se les transfieran recursos federales que han caído en el insondable vaso de la famosa ‘licuadora’, la cuenta concentradora de la que habla el titular de la ASF.

Como se puede observar, aunque el gobierno estatal logre evadir las consecuencias jurídicas, lo cierto es que cada escándalo está dilapidando rápidamente su capital político.

Y apenas es febrero.

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