Aunque el refrán dice que más vale tarde que nunca, a la luz del sobreendeudamiento de estados y municipios la ley sobre disciplina fiscal recientemente aprobada en el Senado de la República parece haber llegado sumamente tarde.

Y tarde no solo porque es de las últimas de las reformas peñistas en salir a la luz y ser enviada a los congresos locales para encontrar su confirmación constitucional, sino porque estos dos años en que ha estado de una cámara a otra (del Senado a la de Diputados) han sido suficientes para que las cosas se tornen riesgosas para la continuidad de varios proyectos estatales y municipales.

En solo siete años (de 2007 a 2014), el endeudamiento de ambos niveles de gobierno se cuadruplicó, según señaló el senador perredista Alejandro Encinas, al pasar de 186 mil millones a 509 mil millones de pesos y, ya lo sabemos todos (en Veracruz la deuda creció en más del 67,000 por ciento entre 2000 y 2012), no ha servido para maldita la cosa porque no se destinó a obra pública sino al más descarado robo, compra de elecciones, pago de amantes y amasamiento de inconcebibles fortunas personales.

Este martes, insisto, se aprobó una normatividad que, en adelante, aparentemente controlará la desmedida vocación de nuestros gobernadores y alcaldes por hipotecar las finanzas públicas, al grado de ni siquiera permitir el pago de los más básicos compromisos. Y como no hay quinto malo, fue en la quinta ocasión en que se puso a debate en el pleno senatorial cuando por fin quedó saldado el trámite y se ha enviado a los congresos estatales para su promulgación.

La aprobación fue por abrumadora mayoría (89 votos), aunque los senadores del Partido del Trabajo y el perredista Mario Delgado votaron por la negativa, por una razón que no tiene discusión: no importa que exista una ley, de todas maneras se violarán las normas siempre que los gobiernos solicitantes sean del partido en el poder.

El senador veracruzano José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que con esas reformas “se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible, transparente y productivo de las finanzas públicas en la federación, pero también en los estados, también en los municipios y también en el Distrito Federal”.

Para Pepe Yunes, la deuda de cualquier gobierno, sea estatal o municipal, no debe rebasar el 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto. Por desgracia, ese tope ya ha sido irresponsablemente rebasado. Solo es cuestión de revisar lo que ayer comentaba en este mismo espacio: la deuda de Veracruz, por ejemplo, es del orden del 5 por ciento del PIB.

Como quien dice, le dieron tiempo al tiempo. De otra manera, el Congreso veracruzano habría estado impedido para autorizar al gobierno estatal un nuevo endeudamiento por 5 mil millones de pesos que podrá hacer efectivo en cualquier momento ‘ante alguna contingencia’.

El daño ya está hecho

En efecto, la ley aprobada no viene con escoba. Todo lo que se haya hecho antes ni siquiera será analizado, salvo el conjunto de los efectos y la situación que cada entidad y ayuntamiento presente a la hora de solicitar nuevos endeudamientos.

En el caso de Veracruz, el problema del endeudamiento no solo afecta al gobierno estatal.

Según cálculos de 2014, la deuda pública reconocida por el Gobierno del Estado era por un monto de más de 38 mil millones de pesos; sin embargo, los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apuntaban a una cifra superior a los 41 mil millones.

La diferencia entre una y otra cifra se refiere a los compromisos que, a mediados del año pasado, tenían pactados muchos municipios, cuyo monto se acercaba peligrosamente a los 3 mil millones de pesos, la mayoría por obra y gracia de la embarcada que les dio Fidel Herrera Beltrán para que bursatilizaran los ingresos previsibles por el impuesto a la tenencia vehicular.

El proyecto de presupuesto de egresos para este año contemplaba destinar al pago de la deuda un monto superior a los 4 mil 700 millones de pesos. Si se mantuviera ese ritmo de pagos, independientemente de las dificultades para el financiamiento de obra pública, Veracruz podría saldar la deuda contraída con instituciones financieras (sin contar su enorme deuda con proveedores) en más de 10 años.

En ese periodo, las participaciones federales estarían seriamente comprometidas, habría serias dificultades para financiar el desarrollo y las propias empresas locales, sobre todo las relacionadas con la industria de la construcción, estarían obligadas a cerrar, disminuir sus operaciones o buscar contratos en otras entidades del país.

Como todos podemos concluir, el retraso en la aprobación de una ley de disciplina fiscal para detener el incremento irracional de la deuda subnacional, ha radicalizado los problemas en los ámbitos estatal y municipal, ha permitido que estados como Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz, entre otros, se enfrenten a problemas de funcionamiento, y ha propiciado situaciones que muchas autoridades no podrán solventar.

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