¿Sabe usted cuánto nos costarán los comicios para elegir a 500 diputados federales que, más que temprano que tarde, cínicamente abandonarán sus funciones para buscar otros puestos de elección popular o cargos municipales, estatales o federales?

Mientras el país observa con desencanto el criminal recorte presupuestal por 124 mil millones de pesos, anunciado el viernes pasado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, que significará la cancelación de proyectos de infraestructura y de apoyo al desarrollo del país, los partidos políticos no sudan ni se acongojan, porque no se les recortará ni un centavo de los 5 mil 536 millones de pesos presupuestados para la elección federal del 7 de junio próximo.

Como si la baja en los precios internacionales del petróleo y el vaivén del peso frente al dólar no existieran en la preocupación de los 10 partidos que buscan con regocijo ganar escaños en el Palacio de San Lázaro, a los mexicanos cada legislador que llegue a calentar una curul nos costará la nada despreciable suma de 11 millones 72 mil pesos.

Una cifra muy discreta porque solo consideramos lo que recibirán oficialmente los partidos políticos para precampañas y campañas, sin contar aquellos recursos que personajes de los tres niveles de gobierno canalizarán ilegalmente a la compra de votos, además de lo que gastará el Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de esos y otros comicios, con un presupuesto de 18 mil 572 millones de pesos, que se sumarán a las sumas que ejercerán la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Si se hiciera una bolsa común con todos los recursos que oficialmente se destinarán al proceso electoral de 2015, podríamos suponer que la elección de cada uno de los diputados nos costará 50 millones de pesos, aunque a esa suma deberíamos añadir los recursos que se erogan antes y durante las campañas electorales, suministrados por gobiernos estatales y municipales, grupos empresariales, asociaciones sociales y civiles e, incluso, grupos criminales interesados en el triunfo de sus afines.

Y es que, en efecto, mucho antes de iniciar las precampañas, en el caso de Veracruz muchos recursos públicos se emplearon para impulsar la imagen de los militantes priistas que, en el colmo del cinismo y en el filo de la legalidad, realizan precampañas pese a que no tienen contendientes internos y, por ende, todo lo que realicen puede ser tipificado como actos anticipados de campaña.

Vea usted si no es una verdadera contradicción que México se haya convertido en la democracia más cara del mundo, cuando este año se destinarán unos 30 mil millones de pesos por parte del gobierno federal para la elección de 500 diputados federales, 9 gobernadores, 903 presidentes municipales y 639 diputados locales.

Y uno de los rubros más altos es lo que los partidos políticos recibirán este año, un total de 5 mil 356 millones de pesos, que se repartirán de la siguiente manera: Partido Revolucionario Institucional (PRI), mil 376 millones; Partido Acción Nacional (PAN), mil 158 millones de pesos; Partido de la Revolución Democrática (PRD), 886 millones; Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), 445 millones; Partido del Trabajo (PT), 390 millones; Partido Nueva Alianza (Panal), 371 millones de pesos; Movimiento Ciudadano (MC), 369 millones, y 121 millones para cada uno de los tres nuevos partidos nacionales: Morena, Humanista y Encuentro Social.

Lo que el INE gastará este año, pese a que al término de cada elección los mismos dirigentes partidistas exclaman con estupefacción que habría que abaratar los comicios, es el doble de lo que su predecesor, el IFE, gastó en 2000.

Si los partidos políticos en México, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde legalmente operan donaciones de fundaciones y organismos empresariales (aquí ocurre lo mismo pero de manera ilegal), se mantienen ‘exclusivamente’ de recursos públicos, los mexicanos deberíamos tener las herramientas necesarias para: uno, obligarlos a postular a los mejores hombres y mujeres que garanticen una gestión eficaz a favor del interés supremo del país; dos, a cumplir con el periodo para el que fueron electos, evitando la plaga de chapulines que depredan la función pública, y tres, a tirarlos de sus puestos en los poderes ejecutivo y legislativo si fallan en sus encomiendas.

Por supuesto, uno de los primeros pasos debe ser abolir el fuero constitucional de que gozan, y que es una de las principales razones por la que muchos buscan esos puestos para escapar del escrutinio judicial por incurrir en actos de corrupción.

¿Repuntará el homicidio en Veracruz durante 2015?

En 2014, Veracruz reportó 1,012 homicidios que fueron materia de investigación por parte de las autoridades ministeriales, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tales cifras ubicaron a Veracruz en el lugar número 13, con un promedio de 84 homicidios por mes. Los meses más sangrientos fueron los de abril, mayo y junio, cuando se registraron 113, 90 y 95 homicidios, de los cuales se consideraron como dolosos 60, 47 y 47.

Pese a que ello constituyó una incidencia menor que la ocurrida en los estados líderes en el tema, como el de México (4,020 homicidios), Michoacán (2,365), Guerrero (2,197), Guanajuato (2,182) y Jalisco (1,662), todo parece indicar que en 2015 se recrudecerá la violencia en el solar jarocho.

Nadie se explica por qué, tras onerosas inversiones en la mejora de la policía estatal, la tendencia durante enero esté rompiendo con las expectativas de mejora y cada día observemos en los medios informativos noticia de asesinatos de una crueldad cercana a la observada en los aciagos días de 2011.

Y febrero no está lejos de reforzar la tendencia.

¿Qué están pensando hacer las policías preventiva y ministerial, una para evitarlos y la otra para impedir que queden en la impunidad, cuando cada día se asocian con el crimen organizado los cuerpos policiacos municipales?

Ojalá sepan lo que deben hacer, y que Dios nos agarre confesados.

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