El gobierno estatal ha buscado tapar el enorme hoyo financiero que padece mediante el uso discrecional de los recursos que debían llegar a los ayuntamientos, tanto aquellos que establecen sus propias políticas de egresos como los enviados por el gobierno federal mediante programas como el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), cuyo manejo inescrupuloso le ha permitido favorecer a municipios con altos componentes poblacionales (léase: electorado), cuyos ayuntamientos son gobernados por el PRI o sus aliados.

Si el resultante fuera solo generar mayor desarrollo en áreas privilegiadas de nuestra geografía, podríamos suponer que en el futuro se podrán resarcir aquellas a las que solo llegan apoyos asistenciales y programas sociales. El problema es que el mayor porcentaje de dichos recursos se destina a financiar faltantes del presupuesto estatal y no precisamente a la inversión productiva, por lo que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se ha convertido en un enorme hoyo negro.

Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, los sucesivos titulares del área financiera han manejado a discreción los recursos federales aprobados por el Congreso de la Unión para su distribución en los 212 municipios, echando al bote de la basura las reglas establecidas para su adjudicación.

Este problema se ha agravado en 2015. En efecto, aunque ya es una práctica repetida, se han anunciado serios recortes a los presupuestos municipales, aunque las aportaciones de la Federación han tenido incluso incrementos porcentuales en sus montos.

Si no tuvieran comprados a los dirigentes de la oposición, particularmente del PAN y del PRD, esta situación estaría amenazando con una respuesta radical de las fuerzas políticas y sociales.

Pese a dicho control, muchos ayuntamientos han levantado la voz para mostrar su preocupación y molestia pues este año no contarán con los recursos que ellos mismos ya calculaban, provenientes del gobierno federal, por circunstancias que a todas luces tienen un trasfondo electoral.

Un ‘error’ condena a 109 municipios

Por ello, las declaraciones hechas por el senador priista José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, no hacen sino descorrer el velo de opacidad que Mauricio Audirac Murillo ha tenido sobre la distribución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Aunque fue muy precavido en su discurso, calificando como un error derivado de una mala interpretación de las reglas del FISM en donde todos vemos voracidad fiscal del gobierno estatal, Pepe Yunes puso en claro que no hay justificación para que la mitad de los ayuntamientos de Veracruz estén a punto de la bancarrota por una disminución criminal de sus ingresos.

Y es que, según lo ha declarado, la bolsa general del FISM en 2015 es muy similar a la del año pasado, incluso superior en un 4 por ciento. Este año, el gobierno federal destinará 6 mil millones de pesos, superior a los más de 5 mil 960 millones destinados en 2014. “Lo que está generando confusión son las variables que enriquecen la formula prevista en la Ley de Coordinación Fiscal, dándole más dinero a 103 municipios y quitándoselos a 109 municipios”.

Incluso señaló que el Senado de la República tiene elementos para suponer que la aplicación de la fórmula tuvo una mala interpretación porque en realidad el monto de los recursos es casi el mismo que se recibió en años anteriores. “Seguramente, la fórmula se recapacitará. Lo que hay que ver es que se aplique adecuadamente para que no haya este tipo de distorsiones”.

Y sí, por fortuna no ha llegado el recurso a las mágicas arcas estatales y habrá posibilidad de renegociar un esquema tramposo que se ha diseñado para su uso electoral. Y no falta mucho para que los ayuntamientos tengan una respuesta pues el 31 de enero es la fecha límite que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

La oposición, la más golpeada

Tanto el Partido de la Revolución Democrática como el AVE han planteado su oposición a la drástica reducción de recursos del FISM, destinados a obras que ayudan a combatir la desigualdad social.

Y es que aunque se señala como una posible explicación del ajuste el que los ayuntamientos afectados no ejercieron dichos recursos, existe la denuncia de que no se ejercieron porque el gobierno estatal nunca se los otorgó. El AVE, por ejemplo, habla de 700 millones de pesos que no se entregaron en 2014 a los 15 municipios que ganó esa franquicia política. Lo mismo han argumentado los del PRD.

Lo más grave, sea por una u otra razón, es que los más afectados son los que, con razón, habían sido los más beneficiados. Me explico: los 109 municipios que podrían resentir merma en sus ingresos por el FISM son los que presentan los más altos índices de marginación y pobreza y, por ello, eran los que mayores montos relativos habrían sido autorizados para realización de obra pública, bajo la supervisión de la Sedesol federal.

El problema es que en la ‘operación licuadora’ (que aplica la Sefiplan para reunir en un solo fondo todos los recursos provenientes de todas las fuentes para disponer conforme le plazca), dichos recursos se perdieron como por acto de magia y ahora, además de no haberlos recibido y ejercido en 2014, se les castigará con menos recursos en 2015.

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