En Veracruz, los partidos políticos prácticamente han cerrado las puertas a muchos militantes que hace tiempo quieren participar como candidatos a puestos de elección popular.

El caso del PRI local es modélico: desde hace al menos nueve años, los candidatos oficiales han salido o de las filas más cercanas al gobernador en turno o de entre quienes han depositado pingües recursos en las cuentas de los dirigentes políticos y partidistas para comprar las postulaciones (lo que no les garantiza apoyo político).

Quienes no entran en esas hipótesis, es decir, la mayoría de los dirigentes partidistas locales, aquellos que tienen un reconocido arraigo entre la militancia y sus bases sociales, pero ni tienen dinero ni se codean con los miembros del grupo en el poder, nomás no pueden acceder a las oportunidades que antes se repartían de maneras menos exclusivistas.

Por ello, muchos optan por ser abanderados de otros partidos, generalmente los más pequeños, porque los tradicionales aliados priistas (PVEM y Panal) también son manejados como dependencias gubernamentales, y sus candidatos son elegidos de entre quienes tienen posibilidades de ganar pero no se cayeron con más dinero que los finalmente postulados como tricolores.

Si a eso se agrega que todos los partidos son presionados a nivel local por grupos políticos y económicos fuertes e, incluso, por grupos criminales, ya podemos imaginar el reducido embudo en que se han convertido los procesos de selección de candidatos, que marginan a quienes realmente han logrado fortalecer socialmente a sus institutos políticos en los ámbitos más pedestres.

Cuando llega el candidato, sea a diputado local, alcalde o diputado federal, estos dirigentes políticos y sociales son los que deben cargar con los aspectos más duros de las campañas electorales: la movilización de los simpatizantes, el convencimiento de los ciudadanos para que voten por el perfecto desconocido al que ha postulado su partido y el acarreo de las bases a las casillas electorales el día de la votación.

Con ello se ha roto el castillo de las ilusiones. Antes, un dirigente de esta naturaleza aceptaba no ser postulado con la esperanza de que a la próxima le tocara su oportunidad. Hoy esa posibilidad se ha cerrado ante la desmedida ambición que muestran desde el gobernador o dirigente estatal partidista hasta el alcalde y el dirigente distrital o municipal.

Esto genera varios escenarios: o se fugan dirigentes sociales probados hacia otros partidos, o se convierten en piratas que ofrecen sus seguidores al mejor postor (una vez al PRI, otras al PAN y puede que hasta el PRD, el PT o el MC), o cambian su deseo por canonjías, o buscan aprovechar la oportunidad de convertirse en candidatos independientes, abierta por la reciente reforma político-electoral.

De Veracruz, nueve (pre)candidatos

Es sintomático que ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en esta ocasión hayan buscado una candidatura independiente 15 veracruzanos, con todo y lo que de valor y entereza se requiere para hacer la complicada tramitología impuesta por los partidos políticos, a través de sus diputados y senadores, en una maniobra para evitar el empoderamiento de los simples mortales.

Y es que esa cantidad de jarochos representa el 12 por ciento de los 122 mexicanos que lo intentaron a nivel nacional, no obstante que finalmente el INE solo aceptó como aspirantes a 52, nueve de ellos de nuestra comarca.

Entre quienes no fueron aceptados, por no cumplir con todos los requisitos que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se encuentra el periodista José Valencia Sánchez, actual director de El Heraldo de Xalapa, quien por tercera ocasión buscará probar las mieles y las hieles de los recorridos proselitistas, aunque ya no como independiente sino probablemente como candidato del Panal, gracias a la intermediación de su jefe, el diputado local Eduardo Sánchez Macías.

Pese al fracaso de Pepe Valencia, es interesante observar que los veracruzanos fueron, junto con los sinaloenses, los que supieron manejar mejor los procedimientos para ser reconocidos por el INE.

En la lista original de peticionarios, el Estado de México marchaba a la cabeza con 19, seguido por el DF (18), Veracruz (15), Tamaulipas (10) y Sinaloa (8). Sin embargo, el INE solo registró a uno del Edomex, dos del DF y cuatro de Tamaulipas, mientras que fueron 9 los veracruzanos que accedieron al siguiente y definitivo paso de demostrar que cuentan con respaldo ciudadano, mientras que los sinaloenses lograron los ocho que se propusieron. De hecho, en Veracruz y Sinaloa se concentra el 32 por ciento de los precandidatos aprobados por el INE.

Para que logren la candidatura independiente, lo que viene es sumamente rudo y complicado. Así lo impusieron los partidos, que temen ser desplazados por los ciudadanos.

Los 52 precandidatos tienen hasta el 27 de febrero próximo para recabar las firmas de apoyo de al menos el 2 por ciento de la lista nominal de electores del distrito electoral federal por el que quieren contender para lograr la representación ante la Cámara de Diputados.

Desde hace días, estos 52 primeros e históricos precandidatos independientes pueden hacer reuniones públicas, asambleas, marchas y todo tipo de acto que les permita obtener el porcentaje de apoyo ciudadano exigido por la ley, y deberán crear una Asociación Civil y abrir una cuenta bancaria para recibir financiamiento, garantizando recursos de origen privado para su campaña.

¿Fácil? Para nada. A finales de febrero sabremos cuántos de esos 52 lo consiguieron.

El dato de hoy

Para este año, la Secretaría de Gobernación destinará 8 mil 190 millones 964 mil 440 pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal. Gracias a los criterios de asignación, Veracruz será una de las tres entidades que más recursos reciban en el país. La lista de los estados más beneficiarios con este fondo son el Estado de México, que recibirá 626 millones 530 mil 252 pesos; el Distrito Federal (497 millones 121 mil 087 pesos) y Veracruz (387 millones 021 mil 332 pesos). Las tres recibirán más del 18 por ciento de los recursos. Entre los estados que recibirán más de 300 millones de pesos este año se cuentan Baja California, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Sonora.

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