Cada vez más, el presidente Enrique Peña Nieto parece emular al “Chavo del 8”, el popular personaje creado y protagonizado por el comediante de Televisa recién fallecido Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

Y es que al atribulado mandatario mexicano últimamente no sólo se le “chispotean” algunas desafortunadas expresiones como esa de que “todos somos Ayotzinapa” –que enardeció aún más a los familiares, estudiantes y a la sociedad en general que siguen exigiendo justicia y la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Guerrero, lo que inclusive le valió que la actriz y economista Ana Colchero lo calificara de “hijo de puta” en las redes sociales–, sino que ahora, con su polémica propuesta de reforma constitucional que acaba de enviar al Senado para desaparecer las mil 800 policías municipales y entregar el control de la seguridad a los gobernadores a través del Mando Único de Policía Estatal, seguramente Peña va a terminar por responder a sus más reacios opositores, entre ellos a los legisladores del PAN: “es que no me comprenden”.

¿Por qué? Pues porque paradójicamente el año pasado, a propuesta del PAN, se creó el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) precisamente para restarles poder a los gobernadores, despojándolos en esa ocasión del control de los órganos electorales locales y hasta de la designación de los magistrados electorales de cada entidad federativa, atribución que a partir de entonces le fue transferido a los miembros del Senado de la República; sin embargo, los mandatarios estatales acaban de ser empoderados de nueva cuenta por Peña Nieto, ya que ahora en su iniciativa presidencial se establece que los Ejecutivos de cada estado podrán asumir el mando de las policías municipales en casos de alteración del orden, fuerza mayor o cuando considere “que la situación lo amerita”, además de que en el articulado se contempla que los municipios paguen a los gobiernos estatales por el servicio de seguridad pública.

“Los municipios deberán realizar las aportaciones a los estados, en los términos que determinen sus leyes, para la realización de esta función”, ordena la nueva disposición presidencial que deberá aprobar la Cámara alta del Congreso de la Unión.

Y también detalla que en el régimen transitorio, los alcaldes deberán entregar a los gobernadores los presupuestos y recursos materiales y financieros que los municipios destinen a la seguridad, lo que incluye el equipamiento, armamento y vehículos.

Este nuevo atentado al municipalismo –como si se ignorara que el origen de la corrupción y la complicidad de las policías municipales con los grupos criminales se debe en buena parte también a que sus directores, comandantes y hasta alcaldes actúan con plena impunidad por la protección que les brindan legisladores y altos funcionarios de los gobiernos estatales que a su vez han recibido favores económicos o electorales de las mismas bandas delincuenciales– seguramente va a sacar chispas en algunas entidades donde los ediles de oposición están políticamente muy confrontados con los gobernantes locales.

En el caso de Veracruz, por ejemplo, habrá que ver cómo reacciona el alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, ante esta polémica disposición presidencial que inicialmente, “por tratarse de entidades que tienen la mayor urgencia de atención”, comenzará a aplicarse de manera paulatina en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

Sin embargo, más temprano que tarde habrá de aterrizar también en la entidad veracruzana.

¿A ello se deberá acaso el reciente cambio de discurso y de actitud que ha mostrado el primogénito del rijoso aspirante del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en las últimas semanas se ha mostrado mucho más condescendiente hacia el gobernador priista Javier Duarte?

Este lunes 1 de diciembre, por ejemplo, Yunes Márquez coincidió con Duarte de Ochoa en la ceremonia de cambio de mando de la Sexta Región Militar efectuada en la sede castrense de La Boticaria, donde rindió protesta como nuevo comandante Martín Cordero Luqueño, en sustitución del también general divisionario Genaro Fausto Lozano Espinosa, el cual, dos días antes, en una comida ofrecida en el Hospital Militar de San Carlos, había recibido del mandatario estatal la “Medalla Veracruz” por considerarlo un “ejemplo para todos en una de las encomiendas más altas que puede recibir un mexicano: defender a la Nación y servir a su pueblo”.

Por cierto, el sucesor de Lozano Espinosa llegó a la entidad veracruzana procedente del estado de Guerrero, donde en medio del alza en ejecuciones y hechos de violencia –como la desaparición masiva de estudiantes en los municipios de Cocula y de Iguala, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso cuya gravedad no detectó a tiempo el aparato de inteligencia militar y que ha derivado en la peor crisis política para la administración del presidente Peña Nieto– fue relevado por el General de División Diplomado de Estado Mayor, Alejandro Saavedra Hernández, como comandante de la Novena Región Militar, en la que Cordero Luqueño apenas estaba por cumplir un año este miércoles 3 de diciembre.