El debate en torno a la reforma política local, en respuesta a los lineamientos hechos por la reforma federal en el tema, está haciendo correr mucha tinta, ha provocado tragos con sabor a estopa y ha puesto en crispación a los más conspicuos aspirantes a la gubernatura de Veracruz en 2016, porque uno de los puntos en la agenda tiene que ver con la de unificar al menos uno de los procesos electorales locales con otro federal.

Hasta los directivos de sectores empresariales, como la Coparmex y la Canaco, han saltado a la palestra para oponerse a lo que no ha sido sino un mero rosario de invocaciones a una supuesta elección de un gobierno estatal de dos años, tema en que los extremos se tocarían, porque el Partido Acción Nacional ya lo ha propuesto, el Partido de la Revolución Democrática (dominado desde Palacio de Gobierno) estaría en posición de respaldar la iniciativa y el Partido Revolucionario Institucional parece en vísperas de hacerlo realidad en el Congreso estatal.

¿Por qué se ha convertido en el punto más álgido de la agenda política de nuestra aldea? Por una razón poderosa: con ello se asegurarían dos años más al Maximato fidelista y, de paso, por lo menos se postergaría la posibilidad de que alguno de los tres Yunes que pujan fuertemente desde el PRI y el PAN acceda al inmueble de Enríquez, con la enjundia necesaria para echarle el guante a más de un miembro de la estirpe roja que hoy encabeza Javier Duarte de Ochoa.

Y una mala noticia: en el Congreso no hay oposición que valga, de manera que cualquier cosa que se ordene desde Palacio pasará sin tocar baranda. Ni el PAN ni el PRD tienen independencia; ya no hablemos del Panal y el Verde Ecologista, que llegaron gracias a su alianza con el PRI y, para más, la mayoría de sus diputados ni siquiera pertenecen a sus filas sino a las del PRI. Los únicos diputados que pueden hacer un poco de escándalo son los solitarios y desamparados representantes del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo.

Con ese hándicap a favor, el Gobierno del Estado y el PRI ampliaron de tres a cuatro años la gestión de los alcaldes y mañana pueden reducirla a uno y después regresarla a tres; pueden hacer que la elección local de 2016 sea para elegir a un gobernador de colchón que permita esconder posibles daños patrimoniales en los ejercicios de 2011 y 2012, y preparar una buena carta fidelista para colocarlo, sin discusión, en la puerta de salida de la carrera gubernamental rumbo al 2018, un año que será verdaderamente de terror para el PRI tanto en la local como en la federal.

No es extraño, entonces, que tanto los Yunes priistas (los senadores Héctor y José Francisco) como el panista (el senador Fernando) se hayan manifestado abiertamente en contra de esa hipotética iniciativa que ayer, según algunos analistas, aterrizaría en el Congreso local con la firma del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que en 2016, contra lo que proponía el PRD, sea elegido un gobernador de dos años y no por designación del Congreso. El propio Fernando Yunes Márquez ha presentado, en medio del escándalo, una iniciativa para gobernador de cinco años.

Una elección, por cierto, que sería la más desangelada porque los ciudadanos veracruzanos verían como una pérdida de tiempo acudir a las casillas electorales para votar por un personaje que no tendría la más mínima oportunidad de abogar por el desarrollo de una entidad que se ubica entre las que más han contribuido a la caída del Producto Interno Bruto del país.

Ya veremos qué sucede durante el supuesto fragor que provocará la presencia de miles de deportistas de México, Centroamérica y el Caribe, fechas en que podría pasar desapercibida para la opinión pública una iniciativa de ese talante.

Las fosas de la ignominia

Ayer, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Fidel Robles Guadarrama, se refirió a una circunstancia de la que poco se habla en Veracruz: la existencia de múltiples fosas clandestinas donde han sido desaparecidos los cuerpos de personas que encontraron la muerte a manos de la delincuencia organizada.

En efecto, como él señala, al menos según los datos oficiales antes del caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, cuya búsqueda permitió localizar varios cementerios clandestinos, Veracruz ocupaba el segundo lugar en número de cuerpos exhumados en promontorios ilegales. Hace unos días se dio a conocer en redes sociales y portales informativos de otros hallazgos en el norte de la entidad.

De este tema ya habíamos dado cuenta en la Hora Libre del lunes 27 de octubre, bajo el subtítulo “Veracruz, con sangre en las manos”, donde plantee que si bien lo de Guerrero era ignominioso, todo el país está hundido en el pantano de la violencia. Me permito repetir dichos comentarios:

“Un caso terrible es Veracruz, porque aunque se han vuelto famosas las fosas clandestinas de Guerrero no debemos olvidar que nuestra entidad es la segunda en el país, luego de Tamaulipas, con cuerpos enterrados en tumbas sin nombre.

“Una investigación realizada por el periódico El Universal señala que de los mil 243 cuerpos hallados en fosas clandestinas, los estados que muestran un mayor número de ellos son Veracruz y Tamaulipas, según datos de la Procuraduría General de la República, y no hemos sido capaces los veracruzanos de exigir el esclarecimiento de los hechos o, al menos, la identificación de las víctimas.

“En Tamaulipas se han localizado 252 cuerpos, mientras que en Veracruz el número llega a 144, seguido de Jalisco (119) e Hidalgo (112); en Guerrero se habla de 58. Las cifras corresponden al periodo 2006-2013, por lo que los recientes hallazgos tanto en Iguala como en otros municipios guerrerenses, así como los cuerpos que se han descubierto en tumbas clandestinas localizadas en Nopaltepec, en la Cuenca del Papaloapan, seguramente harán crecer estas cifras macabras tanto en Guerrero como en Veracruz”.

Pero olvidemos estos hechos y dispongámonos para ver por televisión (ya todos los boletos fueron repartidos entre los burócratas) los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por cierto los mejores de la historia.

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