No han comenzado los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando ya se siente la mano autoritaria del gobierno estatal. Por todas las sedes y subsedes en que se escenificarán las competencias, las decisiones unilaterales, no consensuadas y no informadas adecuadamente a los involucrados, empiezan a afectar la vida cotidiana de los veracruzanos.

Ya no es solo que se hayan retirado los puestos fijos que, ilegalmente, se encontraban en áreas públicas, para evitar dar mala imagen y para que el tráfico, que será infernal, no sea más difícil. El temor a que los juegos sean objeto de alguna discordia o acto de violencia ha hecho que se impongan protocolos de seguridad que afectan sin más a quienes habitan en las áreas circundantes a las instalaciones.

Las protestas de los vecinos en el Puerto de Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos porque se les tratará casi como sospechosos por el solo hecho de entrar o salir de sus hogares, y la obligatoriedad para ello de portar señalamientos oficiales en sus vehículos y en gafetes en sus propias personas, han hecho que esta competencia sean todo menos del agrado de quienes serán los anfitriones.

La mayoría de las instalaciones deportivas no cuentan con estacionamiento, por lo que estos se habilitarán en calles adyacentes, como cuando se realizan los carnavales y fiestas populares. La diferencia estriba en que afectarán también carreteras y rutas de transporte público que, por ejemplo, en una ciudad como Xalapa, significará un verdadero caos.

El viernes pasado, sin anunciar a la población, se cerró la autopista de Coatepec, haciendo circular tanto el transporte público como el privado por la carretera vieja, sin que un solo elemento de Tránsito fuera destinado a organizar el tráfico en el acceso a Xalapa. Como consecuencia, un recorrido que normalmente lleva entre 10 y 15 minutos, se realizó en 45 a 60 minutos. Muchos vehículos de modelos pasados quedaron a la orilla de la rúa por sobrecalentamiento de sus motores.

La experiencia, sin embargo, fue una ligera práctica de lo que ocurrirá cuando durante varios días se cierre la autopista y el libramiento de Coatepec para dar pie a competencias de ciclismo, cuya fase más intensa, por fortuna, será en sábado y domingo, justo cuando los prestadores de servicios de los dos pueblos mágicos (Coatepec y Xico) reciben más turistas locales y nacionales.

En las sedes más fuertes, como Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos y Córdoba, las grúas estarán muy activas quitando los vehículos estacionados que afecten la circulación, sin embargo, nada han hecho por habilitar espacios de aparcamiento, así sean provisionales, como enfrente del velódromo.

Los juegos también afectarán las actividades académicas de la Universidad Veracruzana, cuyas instalaciones serán usadas para competencias o para prácticas de las delegaciones que, en este momento, han debido gastar para concentrarse en otros estados porque aquí no terminan las instalaciones comprometidas, como el caso de la delegación ciclista venezolana que debió trasladarse a Aguascalientes y Toluca porque es hora que no se termina el velódromo.

Y no solo para actividades netamente deportivas sino también para que todo el espacio universitario, tanto en Xalapa como Veracruz y Boca del Río, se use como estacionamiento.

Veinte días, en fin, en que los veracruzanos sentirán sus juegos en la parte baja del vientre.                                  

No hay criminales en Coatepec

Si no son producto del cinismo más exacerbado sí, al menos, son penosas y desagradables las declaraciones hechas este domingo por un alcalde de Coatepec que por fin saca la cabeza y lo hace para afirmar que en su municipio no hay delincuencia organizada.

Sin la menor formación en criminalística ni tener bajo su mando a un cuerpo de inteligencia que le permita conocer los tenebrosos pasillos de la violencia criminal, Roberto Pérez Moreno, Juanelo, descartó temerariamente la presencia de organizaciones criminales en Coatepec y su dicho lo ha basado en que ni él ni los integrantes de la comuna han recibido amenazas provenientes de dichas organizaciones.

Es claro que quien fuera su tesorero, Guillermo Pozos Rivera, no fue víctima de ninguna organización criminal, al menos no de las conocidas. Su asesinato a mansalva, tras su levantamiento a plena luz del día en el mero centro de la ciudad, no fue producto de alguna organización criminal. No. Como en el caso de Iguala, fue levantado y asesinado por la propia policía municipal que el alcalde comanda, según lo describe nuestra Carta Magna.

“No existe nada de eso”, dijo, y quien lo escuchó y quien leyó sus declaraciones deberá estar más tranquilo por ese solo hecho.

México, en la cuerdita. ¿Qué sigue?

La violencia que está viviendo el país, derivada de la impunidad, pero que se ha extendido al ámbito social y político, nos está poniendo en la cuerdita. No hay mejor escenario para los grupos delictivos que el que se está viviendo. Hace ya varias semanas que nadie se acuerda de ellos, nadie condena su actividad facinerosa, su participación en las masacres que se suceden por todos los rumbos del país.

La desaparición y, según la versión de la PGR, asesinato e incineración de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, se ha convertido en un crimen de Estado, y los propios dirigentes del Partido de la Revolución Democrática que llevaron al poder a José Luis Abarca en Iguala y a Ángel Aguirre Rivero al gobierno de esa entidad, piden ahora la cabeza del presidente Enrique Peña Nieto y del procurador Jesús Murillo Karam.

 ¿Quién se acuerda de la organización Guerreros Unidos, brazo ejecutor de uno de los más sanguinarios y deplorables actos de lesa humanidad? ¿Quién reclama la aclaración de las decenas de asesinatos que han ocurrido en el último mes? ¿Quién ha pedido que se identifique a las víctimas halladas en incontables fosas clandestinas tanto en Guerrero como en Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, entre otros?

La reacción unánime de repudio, la atención mediática sobre las marchas y el curso de las investigaciones, la incorporación a las movilizaciones de sectores tradicionalmente pasivos, la exigencia de que se aclare al cien por ciento un acto deleznable que pudo evitarse si la PGR hubiera actuado jurídica y no políticamente al momento en que se presentaron pruebas de la acción criminal del alcalde guerrerense, la reacción internacional tanto de gobiernos y organismos multilaterales como de ciudadanos, todo ello tendrá poco impacto si no ampliamos la exigencia para que se modifique la inactividad del Estado en el combate a toda expresión de violencia criminal.

Mientras Peña Nieto se dirige a China y Australia, el país se le puede ir de las manos. La percepción generalizada es que su gobierno no ha sido capaz de gobernar con justicia y legalidad, ha preferido las componendas con el PAN y el PRD para sacar sus reformas, ha dejado indefensa a la población en manos de la delincuencia y de autoridades estatales y municipales aliadas con ella, y ha dejado a los grupos sociales a merced del autoritarismo político de alcaldes y gobernadores.

Esta gran fuerza ciudadana movilizada no debe enfocarse a un par de consignas políticas, como el de la renuncia de Peña, sino establecer las bases para un movimiento que le quite las riendas del país a los partidos políticos, causantes de la degradación moral del país, de tender lazos con grupos criminales para lograr cuotas de poder y de servirse impunemente del erario.

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