Se ha ido Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero. Ayer, por fin, solicitó licencia al Congreso de su entidad para separarse del cargo y, con ello, concluir una de las administraciones estatales más desastrosas de ese estado del litoral del Pacífico, asolado por la violencia criminal, la política vinculada al quehacer de las organizaciones delictivas, los desastres naturales que no cesan de flagelar a los más pobres, el vandalismo y las masacres.

El mundo entero pedía su cabeza (también la de Peña Nieto, pero esa no caerá). Llevado al poder por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido cada vez más identificado con actos propios de dictadores, Ángel Aguirre está vinculado política e históricamente a actos represivos del gobierno local, primero como funcionario del sanguinario exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien mandó a la policía a asesinar a 17 campesinos y herir a 21 más en el paraje de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en junio de 1995.

Casi 20 años después, el propio Aguirre, investido gobernador por el PRD, fue copartícipe, por comisión u omisión, de la masacre de Iguala contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y la desaparición de 43 normalistas que es la hora que nadie encuentra, como si se hubieran esfumado o convertido en polvo, la que fue perpetrada por el grupo criminal Guerreros Unidos, bajo las órdenes del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, previamente acusado de asesinato de un líder social.

La ingobernabilidad se convirtió de anécdota en agobiante realidad para los guerrerenses. Con una estructura estatal paralizada por la complicidad, los hechos debieron, tardíamente, ser retomados por el gobierno federal que, este miércoles, mostró su inutilidad para mantener el orden en Iguala, tras la marcha que, como en todo el país, se realizó para exigir la aparición de los estudiantes, y que derivó en la destrucción de archivos y mobiliario del Palacio Municipal, y el saqueo de un centro comercial, en actos que hacen sospechar la intervención de la delincuencia para desacreditar el movimiento reivindicatorio y para quemar evidencias que pudieran conservarse en los archivos municipales.

Ángel Aguirre no fue capaz (o no quiso) investigar a fondo los hechos violentos que acabaron con la vida de seis personas y el levantamiento de 43 más, a manos de policías municipales y la delincuencia organizada.

Apoyado cínicamente por la dirigencia nacional del PRD, comandada por Carlos Navarrete, en los últimos días había sido mantenido en el puesto, evitando en el Senado la desaparición de poderes, hasta que convinieron una salida menos indecorosa mediante la solicitud de licencia ante el Congreso local.

Gobierno federal, cómplice a modo

La necesidad de mantener vigente el Pacto por México, en que el PRD fue una pieza clave para la aprobación en el Congreso de la Unión de la mayoría de las reformas estructurales propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, obligó tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Procuraduría General de la República a hacer mutis en torno a las denuncias sobre la evidente participación del alcalde de Iguala en actos criminales.

Acusado por la corriente Nueva Izquierda por la desaparición de Arturo Hernández Cardona, dirigente de Unión Popular y consejero estatal del PRD, quien apareció muerto junto con otros dos hombres el 3 de junio a la orilla de una carretera estatal, el alcalde perredista no fue tocado por la más mínima sospecha por parte de la Fiscalía estatal y, llevado el caso al ámbito federal, los hidalguenses que se hacen cargo de la seguridad nacional y la procuración de justicia no hicieron nada por atraer el caso, pese a las denuncias que les fueron expuestas.

Según testigos, la desaparición del dirigente social fue precedida por una protesta en la plaza principal de Iguala para exigir fertilizantes al gobierno municipal. Un testigo que pudo escapar del grupo armado, aseguró que Arturo Hernández Cardona fue asesinado personalmente por el alcalde José Luis Abarca Velázquez, hoy prófugo junto con su esposa.

¿Qué dijo el procurador Jesús Murillo Karam ante la denuncia presentada por el perredista René Bejarano sobre la culpabilidad del alcalde? Ante periodistas extranjeros dijo que no contaba con información de posibles nexos de Abarca con el crimen organizado, y que estaba a la espera de las pruebas que presentaría Bejarano, en lugar de atraer el caso y coadyuvar con la Fiscalía estatal en el esclarecimiento del homicidio.

A tan alto grado llega la ineficacia de la PGR, que hasta apenas el miércoles brindó una conferencia de prensa en que reconoció la autoría intelectual del ataque a los normalistas tanto del alcalde como de su esposa, una verdad que todo mundo sabía tanto en Iguala como en el país.

Este jueves, versiones lanzadas en redes sociales y por un diario digital daban por hecho la detención de la pareja en un hotel de la zona conurbada del Puerto de Veracruz, una versión que inmediatamente fue desmentida por la PGR.

Lo que ha quedado claro es la complicidad del gobernador que este jueves pidió licencia y la inutilidad tanto de la PGR como de las fuerzas federales para garantizar la seguridad de los guerrerenses.

¿Cuándo aparecerán los desaparecidos? Nadie podría predecirlo.

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