La constatación de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa no cuenta con operadores políticos efectivos, que sostengan un adecuado nivel de diálogo y negociación con los grupos sociales para la resolución de los conflictos, se dio este lunes en Veracruz.

Que Duarte haya debido llamar telefónicamente desde España al alcalde de Soledad Atzompa, Bonifacio Aguilar, para tratar de desbloquear la caseta de peaje de Fortín y la carretera federal Fortín-Huatusco, puso de relieve que en la Secretaría de Gobierno y en la de Seguridad Pública no hay quien traduzca sus instrucciones en acciones efectivas de gobierno.

Y es que, para colmo, estos bloqueos realizados por los habitantes del municipio de la sierra de Zongolica, encabezados por su alcalde (‘yo gobierno obedeciendo’), fueron porque no se les ha brindado la seguridad prometida y, por añadidura, fueron detenidos los autobuses en que se trasladaban a Xalapa para manifestarse y dialogar.

Fue en el momento del bloqueo en que el alcalde recibió en su celular la llamada del gobernador Duarte desde España, quien trató de convencerlos de que liberaran las vías comprometidas; Bonifacio Aguilar puso el auricular en un micrófono y los manifestantes escucharon las palabras de Duarte. No tuvieron mella. Al contrario, recibieron la rechifla de los olvidados de la sierra de Zongolica. Luego les habló el subsecretario de Gobierno, Marlon Ramírez Marín, y ni siquiera le tomaron la llamada. El diálogo con la secretaría de Gobierno ha sido roto.

Y no fueron los únicos afectados por una ley de Tránsito que ni siquiera ha sido aprobada. Esa insana costumbre de dar por hecho lo que apenas se cocina también afectó a pobladores del norte de la entidad que venían a plantarse frente a Palacio de Gobierno porque Érick Lagos Hernández, secretario de Gobierno, sigue la máxima del Tío Fide de dar atole con el dedo.

En efecto, los miembros de la Unión de Comuneros y Ejidatarios del Norte (UCEN) y del Consejo Nacional Ciudadano Tamakxtumit (Conacit), del norte del estado, también fueron obstruidos en circunstancias que pudieron generar una tragedia pues a un policía acreditado y capacitado se le “escapó” una bala que estuvo a punto de herir a una mujer que permanecía en uno de los autobuses detenidos.

¿Seguridad, vialidad o represión?

Aquí mismo me he pronunciado porque el gobierno estatal evite la realización continua de manifestaciones que convierten al centro xalapeño en una verdadera sucursal del infierno, afectando la sostenibilidad de los pequeños negocios que mal funcionan en el primer cuadro de la ciudad.

Pero una cosa es negociar con sus propias huestes, esas organizaciones parapriistas que colapsan sin ninguna conmiseración el centro de la ciudad, ocupando recursos públicos para sus traslados (como el Movimiento de los 400 Pueblos, Antorcha Campesina y Partido Cardenista, entre otros), y una muy distinta es que se impida la libre manifestación de los grupos sociales que sí tienen legítimas demandas, mientras aquellos solo buscan afectar a terceros o aparentar fuerza social para obtener soluciones que muy bien pueden negociar en las oficinas del propio gobernador o su encargado de la política interna, Érick Lagos.

¿Por qué se destina un fuerte contingente de Seguridad Pública para detener los autobuses de Soledad Atzompa y los que transportaban a los miembros de la Unión de Comuneros y Ejidatarios del Norte (UCEN) y del Consejo Nacional Ciudadano Tamakxtumit (Conacit), de los municipios de Tantoyuca y Papantla? ¿Por qué, en cambio, no solo se permite sino hasta se financia la movilización de las organizaciones parapriistas?

Porque el interés de quienes se quedaron a atender el Gobierno de Veracruz no es el interés de los xalapeños sino aplicar una embozada política de represión que crecerá paulatinamente, como está ocurriendo en todo el país, a raíz de la asunción del presidente Enrique Peña Nieto. Y quien lo dude que descubra lo que ocurrió en Iguala y en Tlatlaya.

El siguiente paso que sospechamos en el ámbito gubernamental puede ser la descalificación de los manifestantes y su posible vinculación hasta con organizaciones criminales.

La cuestión es que las manifestaciones no se impiden con la fuerza pública sino con compromisos de solución a las demandas de los grupos sociales y su cumplimiento conforme a lo acordado en las mesas de diálogo. De otra manera, se multiplicarán los focos rojos por toda la entidad.

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