Para medir el nivel de interés del gobierno veracruzano por quienes han sido objeto de acciones delictivas, bastaría mencionar que al frente de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito fue nombrada, en julio de 2012, la abogada Mireya Toto Gutiérrez.
Ese solo dato nos podría dar la fotografía perfecta de la nula importancia que esta creciente población de veracruzanos tiene para los funcionarios estatales: la oficina que la tuxtleca dirige es solo un pretexto para tenerla como alta asalariada de los contribuyentes, sin que a cambio brinde la atención para la que ha sido contratada.
Famosa por sus desplantes de aristócrata bananera, la exdiputada local priista y, durante muchos años, seguidora política del exgobernador Dante Delgado Rannauro en el partido anaranjado (seguramente los nuevos vientos en el Movimiento Ciudadano la expulsaron), no solo cobra sin trabajar y sin rendir fruto alguno, sino además aprovecha el presupuesto para darse la vida de millonaria que la vida le negó.
Doctora en Derecho por una universidad francesa, Toto Gutiérrez ha navegado con bandera de experta en la defensa de los derechos humanos y adalid de las mujeres, pero lo primero que ha hecho en su entrecortada carrera como funcionaria pública y dirigente partidista ha sido violentar vergonzosamente los derechos humanos de sus empleados (principalmente los de sexo masculino, pero también de las mujeres), a quienes prodiga el trato de un tratante de esclavos.
Poca consideración podríamos darle a un carácter atrabiliario que obliga a una intensa movilidad de empleados y empleadas en sus oficinas (se habla de más de 30 personas que no han resistido su mezquindad y carácter extremadamente abusivo y corriente) si, pese a ello, los resultados de su trabajo estuvieran expuestos a la luz pública como extraordinarios, a favor en este caso del creciente ejército de víctimas de una violencia que crece y se solaza en la impunidad.
Pero no. Como en el caso de la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Namiko Matzumoto Benítez, también egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana como el negro personaje que nos ocupa, la aristócrata bananera negligentemente se dedica a la pereza y al uso dispendioso de recursos humanos, financieros y materiales para complacer sus más increíbles deseos.
Con esos procederes, más convendría a los veracruzanos que fueran desaparecidas inmediatamente ambas comisiones y se ahorraran los recursos para destinarlos a obras que no se realizan por carecer de financiamiento o para pagar más pronto la enorme deuda que arrastra el gobierno estatal.
Más se agravia a los veracruzanos
Creada para vigilar que se brinde un trato digno e integral a quienes sufran agresiones por parte de la delincuencia y apuntalar la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, que encabeza Mireya Toto Gutiérrez, no ha servido para maldita la cosa. Esta funcionaria solo se acuerda de que tiene unas funciones que desempeñar cuando se acerca el informe anual de gobierno.
En los últimos meses, la violencia se ha cebado con miles de víctimas inocentes; ya no es necesario tener u ostentar una fortuna para ser pasado por la báscula por delincuentes cada vez más jodidos.
Por desgracia, las víctimas y sus familiares reciben de las autoridades judiciales y otras instancias públicas lo que el gobierno estatal quiso evitar con crear la comisión de que damos cuenta: nuevos agravios, “ya sea indiferencia, frialdad, arrogancia, negligencia y hasta corrupción”.
Es una terrible paradoja que, a dos años de su creación, esta comisión haya incurrido en todos esos agravios, gracias a la destacada leguleya, cuyos máximos apremios han sido encauzados a la comodidad de cargos académicos, como el que ostenta como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.
¿Quiere una muestra de su inutilidad como funcionaria, en una actitud consentida abiertamente por su jefe directo, el secretario de Gobierno, Érick Lagos Hernández?
A ocho meses de la gestión de los 212 presidentes municipales de Veracruz, la perezosa funcionaria solo ha logrado ‘convencer’ a ¡tres ayuntamientos!, leyó usted bien, a tres comunas para que crearan centros municipales de atención a víctimas, cuando a estas alturas al menos debiera llevar convencidos a los alcaldes de los municipios más importantes y donde se ha manifestado con mayor temeridad la delincuencia organizada y la violencia del orden común.
En efecto, los municipios de Xalapa, Pánuco y Tantoyuca han accedido a crear dichos centros y podríamos considerarlos en la hipótesis arriba señalada, pero qué sucede con los casos de Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Boca del Río, Perote, Córdoba, Orizaba, Minatitlán y Coatzacoalcos, por citar solo los municipios cuyas poblaciones sufren los embates de las bandas delictivas.
Al paso que va, de tres municipios por semestre, en 35 años habrá terminado su labor, si no sucede que se crean nuevos ayuntamientos en el ínterin. ¿Y qué dice la abogada? Que como los ayuntamientos son autoridad autónoma, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito solo los puede ir acompañando y articulando la capacitación cuando así lo soliciten. ¡Pero qué desvergüenza!
Y todavía se escuda detrás del argumento de que avanzan lentamente porque es una institución de reciente creación. ¿Se imagina lo que haría en el Instituto Nacional Electoral que, aunque es continuidad del IFE, asumió 27 nuevas funciones? Seguramente estaría proponiendo, desde la comodidad de su hogar por supuesto, que los comicios locales y federales se posterguen en lo que ella se acomoda.
A bote pronto
Una fuga de gas y aceite fuera de control en Naranjos y una fuga de gasolina que afectó al Arroyo Hondo en Tierra Blanca son apenas los más recientes desastres industriales con que nos prodiga Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacer más grande el pasivo ambiental.
En Tierra Blanca se vertieron 250 mil litros de combustible que provocaron que todas las especies acuáticas sucumbieran ante la falta de oxígeno; aunque se supone que la paraestatal ha recuperado el total de lo derramado, lo cierto es que el daño ecológico tardará años en ser remediado.
En Naranjos, la situación es más alarmante. Ayer se habían cumplido cuatro días de la fuga que afecta a un pozo que está fuera de control; según datos oficiales, cada día se derraman cinco mil barriles de combustibles a un predio particular.
Da miedo que, como lo anunció este lunes el gobernador Javier Duarte de Ochoa en su conferencia de prensa, Veracruz reciba en los próximos años inversiones calculadas en 300 mil millones de pesos para la explotación energética tanto de Pemex como de empresas petroleras particulares, mexicanas y extranjeras.
Hasta el momento, en el entusiasmo por las cifras de inversión, nuestras autoridades están olvidando cómo le harán para prevenir y, si esto no es posible, remediar el enorme daño ecológico que ello significará para Veracruz.
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