Aunque el titular de la Sefiplan, Mauricio Audirac, el 30 de julio aseguraba que la deuda pública de Veracruz había disminuido a 38 mil 172.3 millones de pesos, y señalaba que Hacienda pondría esa cifra en su informe a junio, lo cierto es que la dependencia federal pone a Veracruz como la cuarta entidad más endeudada, con un pasivo de 40 mil 767.4 millones. Y esta diferencia de más de 2 mil 600 millones de pesos es verdaderamente perturbadora.

Según Audirac, al 31 de marzo de 2014 la deuda ascendió a 38 mil 500.5 millones de pesos (25 mil 859.7 mdp de deuda pública directa a largo plazo contratada con la banca comercial; 7 mil 733.3 mdp proveniente de la emisión bursátil del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos registrada en 2006, y 4 mil 907.5 mdp por concepto de la bursatilización efectuada en 2012).

Dicha cifra, sin embargo, habría descendido para el mes de junio pasado a 38 mil 172.3 millones (una reducción de 328.2 mdp respecto al trimestre anterior) y el funcionario aseguró que esa sería la deuda pública directa que publicaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su portal.

Según la información publicada en medios nacionales, a junio pasado, la deuda de estados y municipios llegó a un saldo máximo de 489 mil 643.4 millones de pesos, del cual el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y estado de México concentran casi 50 por ciento.

Es posible que la diferencia entre lo señalado por el funcionario estatal y lo publicado por Hacienda tenga que ver con el hecho de que Audirac no se refirió a la deuda de los ayuntamientos veracruzanos.

En este espacio referimos que, según la consultora Aregional, con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a marzo de 2014, los municipios de Veracruz acumulaban una deuda de 2 mil 649.3 millones de pesos, colocando al estado en el sexto lugar nacional en monto de deuda de sus municipios,

Al mencionar a las entidades más endeudadas en su informe del primer semestre, la SHCP incluye a las siguientes: Distrito Federal (61 mil 402.8 millones de pesos), Nuevo León (58 mil 443.9 millones), Chihuahua 41 mil 603.1 millones), Veracruz (40 mil 767.4 millones) y estado de México (39 mil 124.1 millones). En conjunto, las cinco entidades sumaron 241 mil 341.4 millones de pesos, monto que representa 49.28 por ciento del total de la deuda local.

Veracruz, con un complicado horizonte

Lo cierto es que el estado de Veracruz está metido en un complicado embrollo político y financiero. Nadie sabe si lo que sucede tiene un sentido definido o es que las cosas se han ido dando de tal manera que nadie parece estar interesado en darle un poco de orden.

Mientras los xalapeños amanecen este lunes con una ciudad sitiada por obras que tienen el sello de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (reconstrucción total de calles en Xalapeños Ilustres e Hidalgo) y de otras pequeñas en el centro histórico, que convertirán a la ciudad en una sucursal del infierno con el regreso a clases, la sensación de haber sido engañados por el gobierno estatal en el Tecnológico xalapeño abre temas de posible corrupción que nadie se ha atrevido a abordar desde las oficinas gubernamentales.

En efecto, las 10 hectáreas que el gobierno estatal consiguió de buena fe de maestros y estudiantes en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Xalapa, a cambio de ampliación y mejora de espacios, para la construcción de las villas centroamericanas, que finalmente no serán usadas pese a que ya han sido concluidas y empiezan a ser comercializadas, suena a un verdadero absurdo.

¿Se consiguieron los terrenos para donarlos a empresas constructoras de las denominadas vivienderas, para que éstas obtuvieran ganancias extraordinarias con la venta de departamentos? ¿Qué funcionarios salieron beneficiados con esta operación? ¿Por qué se ha incumplido con los donantes?

Obras que colapsan el tráfico sin que se decrete un alto en las labores escolares en lo que se resuelve el nudo gordiano, operaciones inmobiliarias que no sirven al fin previsto, sectores que se sienten defraudados y, para colmo, la deuda que nos tiene en los primeros lugares en el nivel nacional e impiden que se haga obra pública de trascendencia, son ingredientes que en el pasado habrían sido separados para evitar una situación política complicada.

Pero no ha habido ninguna operación en ese sentido. El año 2014 pareciera afectado por dos factores: la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (cuyo presupuesto federal no alcanzó o no fue invertido en lo conducente, lo que ha obligado a tomar de otras partidas, afectando acciones e instituciones) y la anticipación de los procesos electorales de 2015 y 2016, en el que están involucrados personajes y recursos.

El riesgo del autoritarismo

En efecto, mientras se hace una dura cruzada contra los Yunes, principalmente el priista Héctor y el panista Miguel Ángel, que se apuntan para el cambio gubernamental de 2016, los adalides del régimen para los escaños en la Cámara de Diputados que estarán en juego en 2015 están entregados en cuerpo y alma al trabajo proselitista, y han dejado sus responsabilidades en la administración pública a sus segundos de a bordo.

En los medios, las cosas parecen fuera de control. El caso de la periodista Maryjose Gamboa, que fungía como directora del Instituto de la Mujer en Boca del Río, ha sido una verdadera papa caliente por la forma tan atrabiliaria con que ha sido llevada a juicio, escamoteado sus derechos fundamentales y roto su equilibrio emocional con la pérdida de la custodia de su hija.

Este caso, que tiene como trasfondo la confrontación con Miguel Ángel Yunes Linares y que puede ser tema de distanciamiento durante la próxima visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha perturbado la percepción ciudadana sobre la forma de gobernar la entidad. Y sin que hubiera necesidad alguna.

La judicialización de la política va de la mano con la politización de la justicia. Este modelo perturbador en nada contribuye al ejercicio democrático y se acerca peligrosamente a un modelo autoritario, en el que la aplicación de la justicia puede ser un elemento para la venganza personal o del grupo en el poder contra sus oponentes. Y eso, justo cuando habíamos avanzado en instituciones democráticas a nivel nacional.

Lo cierto es que Veracruz está recibiendo dosis extremadamente peligrosas de confrontación que, en un ámbito de violencia e inseguridad, podrían colapsar la iniciativa de los veracruzanos para el crecimiento y el desarrollo.

¡Ya bájenle de volumen!

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