Si alguien dudaba de que el proceso electoral intermedio de 2015 ya ha comenzado, la agobiante escalada publicitaria y judicial contra el Partido Acción Nacional (PAN), tanto en el país como en el estado, debió haberle quitado cualquier atisbo de incertidumbre. Y la batalla es dura, devastadora, acojonante, como diría un habitante de la península ibérica.

El propio presidente Enrique Peña Nieto, el lunes pasado dio por terminado el pacto que sostenía con el PAN para sacar las reformas estructurales (el PRD se había salido ya, motu proprio), una vez que decretó las leyes secundarias de la madre de todas las reformas, la energética, y no bien ocurrió eso se destapó el tema de los denominados ‘dipu-tables‘ panistas, que tiene en un verdadero brete al dirigente nacional, Gustavo Madero.

Al buen entendedor, pocas palabras: para Peña Nieto, una vez logradas sus reformas estructurales (educativa, política, fiscal, energética y de telecomunicaciones, entre otras), es momento de pasar del armisticio a la confrontación abierta, porque el próximo año necesita ganar los comicios para la renovación del Congreso de la Unión y poder dar continuidad en lo microscópico a las reformas aprobadas y evitar que, en una de esas, varios preceptos puedan ser modificados.

Por supuesto que esta batalla no es unilateral. El propio Madero había comenzado a establecer distancia con el presidente Peña y el PRI, alegando que prácticamente el contenido de las reformas estructurales había sido establecido por su partido.

La cosa es que, siete meses después, el video sobre las escandalosas bacanales de los diputados panistas en Puerto Vallarta, Jalisco, donde se reunieron para definir la agenda legislativa de cara a 2014, fue filtrado a Reporte Índigo (los blanquiazules ya le cambiaron el nombre a Reporte Méndigo), un periódico de Monterrey que pasó las escenas cachondas de los relajados diputados derechistas, con sus nombres y fichas curriculares, así como los nombres artísticos de las bellas acompañantes.

En Villa Balboa (residencia rentada para las bacanales), participaron animosamente los coordinadores parlamentarios del PAN en las cámaras de senadores y diputados, Jorge Luis Preciado y Luis Alberto Villarreal; los diputados federales Martín López (Nuevo León) y Máximo Othón Zayas (Sonora); José Alfredo Labastida Cuadra, secretario técnico del grupo parlamentario del PAN, y el exdiputado y excandidato a gobernador de San Luis Potosí, Alejandro Zapata Perogordo, entre otros.

Este escándalo solo representa la confirmación de un viraje ideológico de los jóvenes dirigentes blanquiazules, que ya eran señalados desde que en Fortaleza, Brasil, tras la derrota de la selección mexicana ante Holanda, tres funcionarios y exlegisladores de ese partido fueron detenidos (y enfrentan juicio desde la cárcel) por agredir a una mujer brasileña y golpear como pandilleros a su marido, cuando éste quiso detener los lascivos y vergonzantes manoseos.

Pero lo ocurrido en Puerto Vallarta, donde hicieron un derroche de dinero a costa del erario para llevar vida de juniors, con el apoyo de un oscuro personaje aparentemente ligado con el crimen organizado, está teniendo un impacto devastador.

En cualquier momento podría suceder que salgan a la luz pública escenas más explícitas de sexo de estos diputados, obtenidas de la manera más tonta, porque no hubo quien evitara que fueran pillados en tales comercios, sobre todo porque son representantes de un partido caracterizado por detener cualquier iniciativa legal orientada al reconocimiento de la diversidad sexual, el respeto a la mujer, la tipificación del feminicidio y la legalización del aborto aún en aquellas hipótesis en que se pone en riesgo a la embarazada.

Es nada menos que la consolidación del cinismo ideológico del PAN que, por un lado, defiende a ultranza la educación confesional, el sometimiento de la mujer al ámbito que ellos consideran como único válido, el hogar, y a la familia como valor único y determinante, y por otro, se lanzan desde el trampolín del poder a verdaderas albercas de corrupción e impunidad, al comercio carnal ilícito y al atropellamiento de los demás con tal de satisfacer sus más bajos instintos.

Misiles contra los Yunes blanquiazules

Mientras esto se destapaba a nivel nacional, la situación en Veracruz se ha vuelto sumamente virulenta en el ámbito legal y mediático.

Tras el enjuiciamiento severo e inmediato de la periodista Maryjose Gamboa, quien ostentaba el cargo de directora del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río, por el atropellamiento y muerte de un joven mientras conducía en estado de ebriedad, lo que ha trascendido ahora es el enjuiciamiento político del alcalde de ese municipio, Miguel Ángel Yunes Márquez, derivado de la filtración de dos llamadas telefónicas donde su padre ofrece sumas millonarias provenientes, en apariencia, de las arcas de los ayuntamientos de Boca del Río y Pánuco.

 Y la estrategia diseñada no tiene desperdicio. En este momento se ha levantado una solicitud a la Procuraduría General de la República e, incluso, al Instituto Nacional Electoral, para que se investigue una posible desviación de recursos públicos para favorecer a un partido, el PAN.

 En esta solicitud participan los diputados del PRI, del Partido Nueva Alianza (Panal) y del Partido Verde (PVEM) en el Congreso local.

Colateralmente, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), a través de su consejero presidente José Luis Bueno Bello, ha ordenado al ayuntamiento boqueño responder a las solicitudes de información hechas por el ahora diputado local priista José Ramón Gutiérrez de Velasco, exalcalde panista de Boca del Río, sobre diferentes tópicos relacionados con el manejo presupuestal.

El sustituto en el IVAI del procurador Luis Ángel Bravo (quien por cierto es el más activo enjuiciador de la periodista Maryjose Gamboa), ha declarado a la prensa que no hay ningún trasfondo político o partidista en la exigencia de transparencia a la comuna encabezada por el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares.

La situación suena tensa porque, al mismo tiempo, han sido detenidos varios agentes de Tránsito que trabajan para la dirección municipal del ramo en el ayuntamiento conurbado, por haber modificado presuntamente los dictámenes periciales sobre el estado en que se encontraba Maryjose al momento del accidente automovilístico.

Tal vez por eso, Miguel Ángel Yunes Linares, en lugar de responder explicando a qué se refería en las grabaciones hechas públicas (que no pueden ofrecerse como pruebas periciales en caso de proceso judicial en su contra), ha denunciado que es objeto de persecución política por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

La guerra se ha recrudecido y va a intensificarse.

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