La semana política comenzó este lunes a tambor batiente. No solo porque el gobernador Javier Duarte de Ochoa aprovechó una rueda de prensa, que había sido postergada por semanas, para defender su iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), sino porque volvió a tirar el tablero y a reacomodar las piezas, con la incorporación de los nuevos titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de la Contraloría del Estado.

Con los cambios en el gabinete, que le seguirán a estos dos y que se sumarán a numerosas remociones, enroques, ceses fulminantes y reacomodos en poco menos de cuatro años, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa habrá impuesto récord, lo que puede significar que ha impuesto una manera muy nerviosa de afrontar la responsabilidad gubernamental, ha experimentado una constante pérdida de confianza en los colaboradores o, simplemente, ha seguido una estrategia muy clara para afrontar cada periodo con los perfiles convenientes.

El problema es que muy pronto tendrá que cambiar a buena parte de su gabinete y, lo que es peor, deberá desprenderse de funcionarios en quienes el cordobés ha depositado toda su confianza (en algunos casos, de manera inexplicable), porque los mandará a la lucha por las diputaciones federales.

Piénsese en Adolfo Mota Hernández, de la SEV; Érick Lagos Hernández, de la Segob; Jorge Carvallo Delfín, de la Sedesol; Tarek Abdalá, subsecretario de Sefiplan, y Alberto Silva Ramos, de Comunicación Social, entre otros.

Y es que queda claro que en estas próximas elecciones, el gobernador Javier Duarte de Ochoa querrá desprenderse de la camisa de fuerza impuesta por su antecesor Fidel Herrera Beltrán que, ante la desesperación por su posible marginación del manejo político en las elecciones intermedias de 2015, ya ha adelantado algunas escaramuzas para hacerse sentir, como su asistencia al bautizo de la hija de la exalcaldesa Carolina Gudiño Corro, a quien quiere apadrinar para que sea la candidata a la diputación federal por Veracruz.

Pero el Tío Fide quiere todas las canicas. Hace unos días soltó un borrego que varios periodistas dieron por cierto sobre quiénes serían los candidatos priistas a las diputaciones. En la lista, además de su queridísima ahijada porteña, se hallaba su hijo Javier Herrera Borunda, jefe de asesores del güero Manuel Velasco Coello, gobernador chiapaneco, y a quien quiere empujar por Cosamaloapan; seguramente irá aunque sea por algún partido satélite.

Como quiera que las cosas no son como antes, que en todo el país los gobernadores priistas no quieren regresar al viejo estilo por el que el presidente de la república, de extracción priista, definía todo en el ámbito nacional, sobre todo en las elecciones cuyos resultados afectan directamente su gestión, estaremos viendo en los próximos meses una batalla bajo la mesa en la que, para colmo, se inmiscuirán oscuros personajes del pasado.

En fin, que en medio de todo ese escenario político, el gobernador ha debido salir a la ventana mediática a explicar su reforma al IPE y a dar posesión a dos nuevos colaboradores, una vez por cierto que el juez le dictó auto de formal prisión a la periodista Maryjose Gamboa.

Sefiplan, la resbalosa oficina

Si ha habido una dependencia que ha sentido más severamente la escoba duartista, esa es la Sefiplan. En menos de cuatro años han desfilado por el edificio construido por el arquitecto Enrique Murillo en el rumbo de Banderilla, cinco secretarios: Tomás Ruiz González (quien tiene la marca de más tiempo en el puesto), Salvador Manzur (por el contrario, con dos meses, el de menor duración), Carlos Aguirre, Fernando Charleston Hernández (quien retornará al Palacio Legislativo de San Lázaro) y, apenas ayer, Mauricio Audirac Murillo.

El periodo que medió entre la renuncia de Charleston y la toma de protesta del excontralor del Estado se enriqueció con cargas de pirotecnia política: no solo se jugó al tarot para predecir al sustituto, que al principio osciló entre Antonio Tarek Abdalá (acelerado con la candidatura priista a la diputación federal por Cosamaloapan), y quien ya fuera bateador emergente, Carlos Aguirre, sino que también hubo actos de brujería, como el de invocar como posible la entrada de Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, que puso blanco del miedo a más de uno.

Esta última jugada, que se atribuye a Miguel Ángel Yunes Linares, buscó poner en la candela mediática la supuesta animadversión del gobierno federal ante los manejos financieros de Javier Duarte y su gobierno.

Aportela, quien es mencionado como posible carta del gobierno federal para la gubernatura de Veracruz, vendría prácticamente en calidad de “comisionado financiero” de Peña Nieto a Veracruz, al estilo del comisionado político en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

A no ser que tuviera el consentimiento de Javier Duarte, es evidente que no están dadas condiciones de ingobernabilidad, en este caso financiera, como para que el gobierno federal tome medida tan determinante como la que sí tomó en el caso de Michoacán.

Pero Mauricio Audirac Murillo no la tendrá muy fácil; mientras unos empresarios le dan el beneficio de la duda, los de Canacintra le gritaron desde Coatzacoalcos que hiciera de inmediato el pago de obras pendientes y, aunque el nuevo secretario dijo que actuará de inmediato para pagar adeudos a proveedores, el problema financiero subsiste. Es muy difícil pensar que no se pagaba porque a Charleston simplemente no le daba la gana saldar las deudas.

Nuevo Contralor, golpe político

Si en una zona de la entidad tiene fuerza Miguel Ángel Yunes Linares es en el norte, en la zona de Pánuco, y uno de sus antiguos aliados dejó sus bártulos panistas para convertirse en el tercer Contralor del estado: Ricardo García Guzmán, quien ya estuvo en ese puesto en el gobierno de Miguel Alemán y fue alcalde de Pánuco.

 En efecto, previendo la próxima contienda, cada vez veremos con sospecha a más panistas en el gobierno estatal; no me refiero a panistas de hueso azul, aunque en el Congreso despache como diputado uno de ellos, José Ramón Gutiérrez de Velasco, pero sí a varios que huyeron del PRI para comerse a los blanquiazules o a quienes lograron puestos de elección popular sin haber hecho demasiados esfuerzos ideológicos, como la actual directora de Espacios Educativos, Xóchitl Tress.

Por eso, aunque pocos lo preveían, a muchos menos sorprendió que Duarte hubiera recuperado para su causa a un excamarada de Yunes Linares. Con ello, no solo puede pensarse en que debilitará la posición del choleño sino que podría tener a un perro de caza que le permitiera limpiar el camino pensando en el término de su gobierno en poco más de dos años, aún si esto significara sacrificar a quienes lo han acompañado en su gobierno.

Sale cara la transparencia

Cabe ser prudentes en eso de que se vigilará la actuación gubernamental; ya lo dijo el diputado federal xalapeño Uriel Flores Aguayo, de que ni hacía falta nombrar a nadie pues los contralores no controlan mucho. Y tiene razón.

Como en el aspecto político, en el país (y en Veracruz, por supuesto) no solo sale muy cara la democracia sino también la honestidad y la transparencia.

El problema es que, pese a que cada vez se inventan más candados, se crean más vigilantes, se gasta en nuevas estructuras burocráticas en los tres poderes para contener la corrupción, más altas cifras se malversan, los funcionarios se enriquecen más ominosamente y menos oportunidades hay para llevar ante la justicia a los defraudadores de la hacienda pública.

¿Podrá Ricardo García Guzmán crear los mecanismos no solo para castigar a los corruptos sino para amarrarles a tiempo las manos? No creo que debamos abrigar ni la más miserable de las esperanzas.

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