Desde hace muy buen rato, los periodistas veracruzanos no han protagonizado una nota positiva.

Entre 2011 y 2012, lamentablemente, sólo ocuparon titulares, primeras planas y artículos en la prensa nacional y extranjera los comunicadores que fueron ejecutados por el crimen organizado. El caso más reciente fue el de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero policiaco de Coatzacoalcos, quien fue sacado de su vivienda en Villa Allende el 5 de febrero de este año y cuyo cadáver apareció una semana después en una fosa clandestina de Las Choapas.

Ahora otra periodista, María José Gamboa Torales, columnista del diario porteño Notiver y quien además es funcionaria del Ayuntamiento panista de Boca del Río, está en el centro de la polémica ya que la madrugada de este sábado 12, mientras conducía a exceso de velocidad y presuntamente bajo los influjos del alcohol, atropelló y mató a José Luis Burela López, un joven tatuador de 30 años de edad que vivía y era el único apoyo económico de su abuela.

Pero lo más trágico de esta tragedia es la forma en que se ha polemizado y politizado lo que debería estar sujeto a la más estricta e imparcial aplicación de la ley. Estas presiones y desviaciones de algunas autoridades motivó que ese mismo sábado por la noche, familiares y amigos de la víctima marcharan con veladoras en mano desde la Plaza de la Soberanía hasta una funeraria porteña de la avenida 20 de Noviembre donde era velado su cuerpo, para exigir justicia y que no haya favoritismo para la influyente periodista que lo atropelló.

Y es que la discrepancia principal en este asunto es si la columnista Gamboa Torales manejaba su automóvil alcoholizada, ya que el Artículo 147 del Código Penal para el Estado de Veracruz establece que a los conductores de vehículos particulares que, en estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna droga o en forma temeraria conduzca un vehículo, se les aplicará la pena prevista para los delitos culposos, aumentada hasta en una mitad.

Por un lado está la versión oficial de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Boca del Río, cuyo titular es el yunista Jaime Téllez Marié, quien la madrugada del sábado 12 llegó personalmente para apoyar a la periodista que actualmente se desempeña en el Ayuntamiento boqueño como directora del Instituto Municipal de la Mujer.

Por ello ha despertado sospechas que el examen de alcoholimetría practicado por esa dependencia municipal a Gamboa Torales diera negativo. El certificado médico que la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Boca del Río solicitó para descartar que la funcionaria condujera alcoholizada fue firmado por la doctora Teresita Álvarez Reyes.

Esa misma versión propaló el ex candidato del PAN a gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, padrino político de la columnista y padre del alcalde boqueño Miguel Ángel Yunes Márquez, quien en un ríspido debate por Twitter con el vocero del gobierno del estado, Alberto Silva Ramos, insistió en que Marijose Gamboa “atropelló accidentalmente a una persona” y que “iba totalmente sobria”, aunque por la tarde del sábado, en las redes sociales, trascendió la versión de que supuestamente el panista habría mandado a ofrecer 500 mil pesos a los familiares de la víctima para que facilitaran la liberación de la funcionaria.

Sin embargo, el agente Primero del Ministerio Público Investigador, Eduardo García San Martín, quien desde las primeras horas del sábado tuvo que resistir la presión de abogados y emisarios de la familia Yunes Linares que acudieron a la sede del MP para exigir que liberaran a la autora material del homicidio culposo, sostuvo que el peritaje de la PGJE confirmó que la funcionaria panista sí conducía bajo efectos del alcohol, lo que sería tomado en cuenta al momento de decidir si alcanzaba el beneficio de la libertad caucional.

Y dio otros datos que abonaron sobre la presunción de su culpabilidad: el hecho de que la propia inculpada admitiera que viajaba “como a 70 kilómetros por hora”, cuando la velocidad límite en esa zona es de 50 km/h, y que se haya negado a ser sometida a exámenes de sangre y orina para cuantificar la cantidad de alcohol que circulaba por sus venas.

Ante el presunto encubrimiento de las autoridades municipales de Boca del Río a la periodista, la Procuraduría General de Justicia emitió ayer un comunicado sobre la integración de la indagatoria ministerial 928/2014/I/BR-07 iniciada con motivo del homicidio culposo cometido en agravio de José Luis Burela López, en el que precisa que “la probable responsable María Josefina Gamboa Torales permanece en calidad de detenida al existir elementos de prueba que permiten acreditar que al momento del accidente conducía el vehículo de motor en estado de ebriedad y con temeridad, razones que sirvieron de fundamento legal para negar la libertad bajo caución que solicitó”, pero además consignó que se ampliarán “incluso las investigaciones contra servidores públicos municipales que pretendieron ocultar su evidente estado de ebriedad, lo que quedó debidamente demostrado en actuaciones con base en dictámenes periciales y otros elementos de prueba recabados”.

Y concluye que la situación jurídica de la funcionaria del Ayuntamiento panista “se resolverá conforme a estricto derecho en las próximas horas”.

Se anunció que hoy por la mañana, el procurador Luis Ángel Bravo “ampliará esta información y aportará datos fundamentales para esclarecer los hechos y cumplir con la demanda ciudadana de justicia para todos y sin distingos”.

Atento aviso

Debido a un compromiso personal esta columna no aparecerá el día de mañana, martes 15, reanudándose su publicación diaria el próximo miércoles 16. Gracias.