El que debe estar más que tranquilo es el secretario general de Gobierno, Erick Lagos Hernández, cuyos enemigos políticos –de adentro y fuera del gabinete– intentaron inquietar soltando el “borrego” de que por el distrito electoral de Acayucan, en 2015, el PRI podría postular a la diputación federal a Miguel Alemán Magnani con el supuesto propósito de perfilar al cachorro del cachorro del “Cachorro de la Revolución” hacia el Palacio de Gobierno de Xalapa.

Sin embargo, a diferencia de su padre, el ex gobernador Miguel Alemán Velasco –quien desde joven tuvo aspiraciones políticas pero las cuales tuvo que postergar hasta la muerte del ex presidente Miguel Alemán Valdés porque éste nunca lo dejó participar electoralmente–, Alemán Magnani, al menos por el momento, parece estar más interesado en los grandes negocios particulares fraguados al amparo del poder público que acceder a un cargo de elección popular.

Y es que ha trascendido que el Grupo Alemán, que encabeza el hijo del ex mandatario veracruzano, es el primer interesado en comprar Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez que desde febrero pasado, cuando se destapó el fraude millonario a Banamex, había sido inhabilitada para recibir contratos públicos hasta noviembre de 2015, lo que prácticamente la condenaba a la quiebra pues su único cliente importante es Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, a solicitud del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), administrador de Oceanografía –que desde el 27 de junio demandó levantar “temporalmente” la inhabilitación, la cual le había sido impuesta por entregar a la paraestatal diez fianzas que no cubrían el 10 por ciento de los contratos respectivos–, el juez Felipe Consuelo Soto ordenó este martes 9 suspender la inhabilitación de esta contratista petrolera, pese a que en octubre de 2010 la Suprema Corte de Justicia prohibió a todos los jueces federales conceder suspensiones para que las empresas sancionadas por el gobierno puedan seguir participando en licitaciones y obteniendo contratos.

La Segunda Sala del máximo tribunal, en jurisprudencia obligatoria, fue categórica: “Esa sanción (la inhabilitación) goza de la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos, por lo que el interés particular se subordina al general, evitando que participe en una licitación o se otorgue un contrato público a la persona sancionada respecto de la cual existe duda sobre su honradez”, resolvió.
Empero, para suerte de Alemán Magnani, el juez Consuelo Soto encontró y aprovechó un detalle técnico: la suspensión no fue otorgada en un juicio de amparo, que es donde aplica la jurisprudencia de la Suprema Corte, sino en un concurso mercantil, por solicitud del SAE, la agencia del gobierno federal que administra la empresa naviera desde marzo.

Apenas el pasado 19 de mayo, el juez Décimo Cuarto de Distrito en Coatzacoalcos, Pedro Antonio Rodríguez, había negado a Oceanografía una suspensión definitiva contra la inhabilitación, como parte de un amparo que aún está en trámite. En dicho juicio se resolverá la legalidad de la inhabilitación, e incluso se analizará la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente desde 2013, que tuvo en el de Oceanografía su primer caso relevante. Sin embargo, para fines prácticos, lo único que importa es la orden del juez Felipe Consuelo, que resucita a la empresa de Yáñez y la convierte en un blanco atractivo para inversionistas ante la inminente reforma energética.

Y es que según justificó el juez, la suspensión de la inhabilitación de Oceanografía para celebrar contratos con el gobierno federal tiene como propósito salvar fuentes de empleo y garantizar el pago a los acreedores. El perdón lo consideró indispensable porque Pemex es el único cliente y fuente de ingresos de la compañía petrolera, y su vigencia perdurará sólo mientras transcurre el concurso mercantil. Tampoco significa el otorgamiento automático de contratos, sino que representa un mensaje positivo para posibles inversionistas y acreedores de que los adeudos serán cubiertos, afirmó Consuelo Soto, quien consideró acreditada la insolvencia de Oceanografía, pues sus deudas totales ascienden a 17 mil 823 millones de pesos, de los que 14 mil 669 millones son deudas vencidas, mientras que solo cuenta con mil 76 millones de pesos en activos líquidos.

Vaya paquetazo el que estaría por adquirir Alemán Magnani, aunque las deudas de Oceanografía son mucho menores comparadas con las del gobierno del estado de Veracruz.

Por su parte, ayer, acompañado de 11 alcaldes de la región de Acayucan y de los delegados federales encabezados por Alberto Amador Leal, representante de la SEGOB, Erick Lagos arrancó este jueves en su cabecera distrital la primera de 20 reuniones regionales en el estado con el fin de que cada acción y programa impulsado por la Federación y el gobierno del estado aterricen en cada uno de los 212 municipios de Veracruz.

Mota bien con Slim

Sobre el comentario hecho ayer en este mismo espacio acerca de una versión atribuida a la viuda de don José Iturriaga Sauco, el secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, la consideró “evidentemente falsa” pues aseguró que al ingeniero Carlos Slim, con el cual coincidió este martes en el puerto de Veracruz durante la inauguración de una escuela donada por el dueño de Grupo Carso, “es la primera vez que lo saludo en mi vida”.

“Mi relación con don José Iturriaga siempre fue de cariño y afecto hasta el último de sus días”, afirmó el titular de la SEV.