Ahora que en el estado ha subido de intensidad el debate sobre la supuesta conveniencia de nombrar un gobernador de dos años para homologar la elección local de 2016 con la federal de 2018 con el aparente propósito de reducir los costos de nuestra democracia, algunos comienzan a preguntarse por qué entonces no se desintegra de una vez el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), cuyos consejeros en funciones –algunos de los cuales aspiran a ser ratificados en sus cargos, aunque muy difícilmente pasarán la aduana central del INE que integrará los nuevos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) que a partir de este año operarán en las primeras 17 entidades federativas– siguen cobrando jugosos sueldos y viáticos para viajes nacionales y al extranjero.

Y es que de hecho los integrantes del Consejo General del IEV prácticamente ya nada tienen qué hacer luego de que en la sesión ordinaria del pasado 30 de junio fueron presentados los informes finales remitidos por los presidentes de las Comisiones Temporales que se crearon con motivo del proceso electoral extraordinario 2014 para elegir Ayuntamientos en los municipios de Chumatlán, Las Choapas y Tepetzintla, por lo que dichas comisiones quedaron formalmente desintegradas.

Por mera congruencia, los diputados locales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que inicialmente lanzaron la propuesta de elegir o designar un gobernador de transición en 2016 para reducir el gasto electoral, deberían ponderar esta posibilidad sobre todo ahora que la crisis financiera del gobierno del estado parece estar tocando fondo, pues ha trascendido que la administración del gobernador Javier Duarte habría contratado un nuevo crédito por casi 700 millones de pesos.

Aunque se enoje doña Carolina Viveros García, actual presidenta del IEV, la cual busca prorrogar ocho meses más, de enero hasta septiembre de 2015, su estancia legal en ese puesto. “Permaneceré en este puesto hasta que el INE designe a un sustituto, y no renunciaré al cargo por las críticas recibidas hasta el momento”, declaró Viveros, quien acaba de participar en la ciudad de México en una reunión con Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral.

La pobreza de Sedesol

La administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa se ha propuesto abatir en 50 por ciento la pobreza extrema en Veracruz al final de su sexenio; sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social, que es la dependencia estatal que tiene a su cargo la operación de los programas y las políticas públicas para lograrlo, paradójicamente es la que sigue contribuyendo a la multiplicación de pobres.

Y es que existe un aberrante caso de injusticia que la Sedesol del estado, encabezada desde febrero de este año por Jorge Carvallo Delfín, ha venido prolongando mediante un tortuoso proceso judicial iniciado por la demanda laboral de seis empleados despedidos en 2011 presuntamente porque no encajaron en el nuevo equipo que inicialmente llegó con Marcelo Montiel a esa dependencia en el cambio de administración estatal.

Gabriel Olivo Callejas, Víctor Carlos Velázquez Olmedo, Sandra Clara Hernández Molina, Mónica Itzel Briones Hernández, Javier López Ortega y Celso Aldán Portugal decidieron recurrir al Tribunal Estatal de Conciliación y  Arbitraje, donde fue integrado el expediente número 1154/2011, tras ser notificados de que estaba terminada su relación laboral con la Coordinación de Programas Especiales, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Social  y Medio Ambiente –la desaparecida Sedesma, de la cual surgieron las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Medio Ambiente (Sedema)–, en la que dos de ellos llevaban laborando en dicha institución todo un sexenio, y los demás entre 11 y 14 años.

En la primera etapa procesal no existió ningún problema ya que los afectados ocurrieron en tiempo y forma para proporcionar sus respectivas versiones. Sin embargo, cuando tocó el turno a los testigos de la institución, sucedió que uno de ellos, Ricardo de la Rosa, ya no labora en la citada dependencia, y el otro se niega a declarar en contra de sus ex compañeros. Los agraviados se quejan de que mañosamente se pretendería darle largas al asunto para favorecer a la dependencia de Carvallo Delfín, ya que los testigos designados por dicha instancia gubernamental no han comparecido pese a que pueden ser hasta obligados por la fuerza pública a presentarse, lo que hace suponer una argucia para ganar tiempo al tiempo y así desalentarlos de su lucha por conseguir su liquidación económica por los más de tres años que han permanecido desempleados.

Y es que a estas alturas ya sólo son tres personas las que se han mantenido firmes en su lucha legal: Javier López Ortega, Sandra Clara Hernández Molina y Celso Aldán Portugal, ya que sus ex compañeros, de manera individual y en diversos momentos, fueron invitados por representantes de la dependencia del gobierno del estado para negociar el desistimiento de su demanda laboral a cambio de ser reinstalados en sus antiguos puestos de trabajo. Empero, al día de hoy, ninguno de ellos labora ya en la Sedesol.

Por esto es que los tres demandantes que decidieron continuar el proceso legal argumentan que no aceptaron ni aceptarán ningún tipo de negociación, y que su única exigencia es que el juicio continúe su curso normal para que se les procure justicia pronta y expedita, ya que han pasado más de tres años y hasta el momento no ven una fecha probable en el corto plazo de solución a su demanda laboral, pues los representantes jurídicos de la institución se han encargado de hacerlo lento y tortuoso al prolongarlo de manera artificial.

¿A poco el desafío de la Sedesol a la diosa griega Temis –o Iustitia, para los romanos– será nomás por ahorrarse una buena lana por el pago de las indemnizaciones?