No han hecho mella en los índices de criminalidad en el país los operativos de seguridad implantados por el gobierno federal. Del periodo enero-mayo de 2013 al mismo periodo en 2014, los homicidios dolosos se incrementaron en un 24 por ciento, los secuestros crecieron en 50% y las extorsiones se multiplicaron en 54 puntos porcentuales, según los datos proporcionados este miércoles por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el delito de homicidio doloso, que muestra una dinámica menor a la de los otros dos delitos de alto impacto (secuestro y extorsión), el estado de Veracruz no figura en los primeros lugares. Se considera que, a mayo de 2014, Tamaulipas es el estado más violento del país, junto con Michoacán, Chihuahua y Sinaloa, demarcaciones territoriales que mostraron el mayor número de homicidios dolosos.

Según el SNSP, durante abril y mayo, Tamaulipas fue la entidad en que hubo más víctimas de homicidio doloso, con 128 y 168 casos, respectivamente, lo que representó, tan solo entre un mes y el siguiente, un incremento del 28.5 por ciento. Entre 2013 y 2014, considerando los primeros cinco meses de cada año, Michoacán muestra un incremento del 41.9 %, mostrando una diferencia preocupante en su crecimiento entre abril y mayo de este año.

Pese a que estos dos estados (Tamaulipas y Michoacán) presentan durante abril y mayo el mayor número de homicidios dolosos, no lo es así en la contabilidad de los primeros cinco meses del año. El Estado de México sigue siendo la entidad con más homicidios dolosos (se han cometido 970), seguido por Guerrero (677), Chihuahua (575), Michoacán (558), Tamaulipas (506) y Sinaloa (484).

Por fortuna, Veracruz no figura entre los primeros lugares en estas estadísticas de la muerte.

El secuestro creció en Veracruz

Siguiendo la tendencia del primer cuatrimestre, ahora que se agrega lo sucedido en el mes de mayo y se le compara con los primeros cinco meses de 2013, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, en Veracruz, el delito de secuestro experimentó un notable crecimiento, 79.55 por ciento, pues mientras en los primeros cinco meses de 2013 se registraban 44 averiguaciones, en el mismo periodo del presente año se reportan 79 averiguaciones.

Pese a este incremento en Veracruz, en el documento se puede observar que el estado con mayor número de víctimas de secuestros es Tamaulipas: al 31 de mayo tiene contabilizadas 177 víctimas de secuestro, seguido de Michoacán (97), Veracruz (81), Estado de México (73) y Morelos (69).

Por fortuna (pese a que solo se refiere a los datos de las averiguaciones previas), el Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que en mayo se observa una disminución de este delito respecto a los meses anteriores.

Morelos, en cambio, tuvo una disminución considerable de secuestros en el mes de mayo: la cifra bajó a 8 secuestros en mayo, lo que significa una disminución del 60% con respecto al mes de abril.

Hay muertos que son decentes y otros que para nada

Por supuesto que los índices de Veracruz en comisión de delitos como los señalados (homicidio doloso y secuestro) podrían ajustarse al alza luego del descubrimiento de la fosa clandestina en el rancho El Diamante, en Nopaltepec, donde las últimas cifras daban cuenta de al menos 41 cuerpos de personas asesinadas, hombres la mayoría.

Un hallazgo, por cierto, que dio pie tanto al relevo del subprocurador de la zona sur Arturo Herrera Cantillo por haber revelado datos exactos sobre lo encontrado, como al regreso en Veracruz del discurso calderonista que criminalizaba a las víctimas, dándoles el carácter de delincuentes, como si ese solo hecho significara una atenuante y permitiese evitar que las cifras se consideren en las estadísticas nacionales.

En efecto, el inefable secretario de Seguridad Pública en Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, ha descalificado a las personas que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente en las fosas halladas en la Cuenca del Papaloapan.

“Son ajustes entre bandas delictivas, y ninguno de estos personajes es una persona de labor social, o una persona decente que trabaja de manera cotidiana”.

Con ello, se equiparó al entonces procurador general de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez, quien el 20 de septiembre de 2011, luego de que un grupo delictivo arrojó los cuerpos desmembrados de 35 personas al pie de la escultura de los voladores de Papantla, en Boca del Río, de inmediato los identificó como integrantes del crimen organizado, pese a que ni siquiera se habían cotejado las fichas del sistema nacional de seguridad. Investigaciones posteriores desestimaron tan audaz declaración.

Como entonces, muy difícilmente el titular de la SSP ha podido realizar una investigación policiaca para determinar su dicho, que exige la realización de estudios forenses para identificar los cuerpos y compararlos con los datos de quienes fueron en vida. Con ello, además de faltar a su responsabilidad como funcionario público que debe actuar sin prejuicios, sobre todo si es jefe policiaco, ha ofendido y lastimado a los familiares de las víctimas.

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