Cuando a mediados de abril de 2013, en la víspera de la elección local, estalló el escándalo mediático del llamado “Boca-gate” –que no sólo motivó el cese de varios funcionarios de la delegación estatal de la Sedesol federal sino que además obligó al presidente Enrique Peña Nieto a firmar un adéndum con los dirigentes nacionales del PAN y PRD para salvar el Pacto por México–, el ex diputado federal y ex senador priista Dionisio Pérez Jácome era uno más de los que llegaron a creer que esa crisis política precipitaría la salida del gobernador Javier Duarte de Ochoa, e inclusive corrieron versiones de que en algunas reuniones privadas el coatepecano hasta habría llegado a sugerir que no se descartara a su hijo Dionisio Pérez-Jácome Friscione entre los prospectos para sustituir al mandatario veracruzano, considerando su cercanía al círculo presidencial.

Sin embargo, Pérez Jácome-Friscione, quien el sexenio panista anterior había sido subsecretario de Hacienda y titular de la SCT, fue nombrado una semana después del escándalo de Boca del Río como representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, Francia, frustrando así el anhelo de su padre, quien siempre ha soñado con gobernar Veracruz. El último intento de Nicho por obtener la candidatura del PRI fue en la sucesión estatal de 1998. Y aunque en las encuestas figuraba muy lejos de Miguel Alemán Velasco, en esa ocasión sus amigos le veían posibilidades al político de Coatepec por el simple hecho de su buena relación con el presidente Ernesto Zedillo, cuya cercanía más bien se atribuía a que un cuñado de Pérez Jácome, Alberto Friscione Carrascosa, era el instructor de buceo del entonces mandatario mexicano que solía ir a nadar a las playas caribeñas de Quintana Roo.

El último cargo desempeñado por Pérez Jácome fue el de Director General del Comité Organizador de los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, al cual renunció hace apenas seis meses, en diciembre de 2013, saliendo prácticamente por la puerta de atrás. En su lugar, el gobernador Duarte designó a Carlos Sosa Ahumada.

Lo último que se supo de él fue que presuntamente andaba buscando ser delegado del gobierno federal en Veracruz. Uno de sus amigos asegura que a principios de este año se habría entrevistado con el actual director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, su ex compañero diputado en la LVI Legislatura federal (1994-1997).

Sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido nada. Y ahora, para colmo, a Pérez Jácome le ha estallado el escándalo de su yerno Martín Díaz Álvarez, casado con su hija Gloria, un sospechoso empresario que hasta el sexenio anterior fincó su poder en el tráfico de influencias al amparo de algunos vínculos familiares con influyentes personajes de la política mexicana, ya que es sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; primo político de Juan José Suárez Coppel, ex director de Pemex, y cuñado de Dionisio Pérez-Jácome Friscione, representante permanente de México ante la OCDE.

Primero, a mediados de febrero de este año, trascendió que la Procuraduría General de la República investigaba a la empresa Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), operada por los hermanos Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio, en cuyas filiales –que en total suman 61 en todo el país– vendían hidrocarburos ordeñados por grupos delictivos. Según la indagatoria de la PGR, el dinero, las ganancias ilícitas se “lavaban” en la Caja Libertad, de la que Díaz Álvarez es presidente del Consejo de Administración desde enero de 2013.

De acuerdo a la indagatoria ministerial, en ese cargo lo habría colocado su socio Javier Rodríguez Borgio, quien a fines de 2012 encabezó a un grupo de empresarios para comprarle a José Antonio Rico las acciones de la entonces Caja Popular Libertad y convertirla en un banco. Ahora Rico es uno de los empresarios más acaudalados de Querétaro, mientras que los Rodríguez Borgio y Martín Díaz son buscados por la PGR que ha pedido la colaboración de la DEA, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, así como del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, para que proporcionen cualquier antecedente de sus personas.

Pero aparte de la Caja Libertad Servicios Financieros, Díaz Álvarez figuraba también como accionista de los casinos Big Bola –uno de los cuales funciona en Xalapa, Veracruz– y de Oceanografía, empresa propietaria del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro.

Ayer, el diario capitalino Reforma publicó que en la indagatoria número UEIORPIFAM/AP/115/2014, Amado Yáñez, socio principal de Oceanografía, acusó directamente a Martín Díaz del fraude cometido a Banamex.

En declaraciones hechas el pasado 2 de mayo ante la SEIDO, Yañez dijo que contrató en 2009 a Díaz Álvarez para que reestructurara financieramente a su compañía. “Lo único que sé es que Martín Díaz Álvarez tenía relación con Emilio Granja, José González y Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda en el gobierno del presidente Vicente Fox y consejero de Banamex, quien según Martín Díaz Álvarez presumía que era su tío”.

Yañez afirmó que fue el yerno de Pérez Jácome quien consiguió para Oceanografía el fondeo de la empresa, las líneas de factoraje, cediendo los contratos de Pemex. “A partir de que llegó Martín Díaz Álvarez a la empresa, éste manejó directa, celosa y posesivamente las operaciones que Oceanografía realizaba con Banamex”, declaró tras detallar que fue el ex tenista Oliver Fernández quien le presentó a Díaz, al cual contrató cuando su empresa pasaba por un mal momento financiero, por lo que para pagarle tuvo que hacerlo socio cediéndole el 15 por ciento de las acciones de Oceanografía.

Yáñez sólo reconoce 480 millones de dólares en créditos de factoraje obtenidos en Banamex, de los cuales afirma que ejerció 446 millones en distintos momentos. Sin embargo, rechaza que haya presentado documentos falsos o que le deba dinero a Banamex.

El problema es que ya “quemaron”, sin deberla, al pobre Nicho.