Aunque pareciera un tema exclusivo del sector educativo y, más recientemente, del judicial o policiaco, la verdad es que el bullying (traducido como acoso escolar pese a que el fenómeno también se da fuera de las escuelas) debe ser preocupación de toda la sociedad pues significa que la violencia criminal ha permeado las áreas más cercanas de la familia.

Y no es un tema que deba ser tratado solo con talleres y cursos en los planteles escolares, en que participen estudiantes, maestros y padres de familia, como lo ha planteado Julio César Arango Chontal, coordinador del programa Escuela Segura de la SEV, sino abordado con una estrategia gubernamental que involucre a prácticamente todas las dependencias con programas de impacto social, incluidas las del área de justicia y seguridad pública.

Hace tiempo que, ante la falta de expectativas de mejora en sus condiciones de vida, miles de jóvenes mexicanos buscan sumarse a bandas delictivas, relacionarse con narcotraficantes, incorporarse a tareas criminales que les permita ascender en la escala social, algo que es imposible en su situación. La violencia en escuelas y barrios, en redes sociales, en la convivencia cotidiana, está reproduciendo un clima de violencia que ha permeado en toda la sociedad.

Y el problema en México es realmente preocupante, según cifras de un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

México, medalla de oro en bullying

Según el estudio realizado por la OCDE, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en casos de bullying en planteles de educación básica, y no afecta a un grupo reducido de niños y jóvenes sino a cerca de 19 millones de alumnos de primaria y secundaria.

Por supuesto, se refiere al acoso escolar, que se da en el marco de los horarios escolares sin que sea visto ni impedido por la estructura directiva y docente del sistema educativo y tampoco por las familias. Es decir, no se refiere a los casos que suceden fuera de las instalaciones escolares, tanto reales como virtuales.

El fenómeno recientemente nos ha estallado en las manos pero han debido pasar décadas para fortalecerse y recrudecerse, sin que autoridades educativas y judiciales, ni tampoco las familias mismas, hayan hecho nada para contenerlo.

Los datos aportados por la OCDE permiten ver con mayor recelo las medidas anunciadas desde el sector educativo de Veracruz. Si hiciéramos una comparación, sería como si el Estado quisiera abatir la delincuencia mediante la oferta masiva de talleres y conferencias sobre las ventajas de actuar en el marco de la ley.

Según el análisis del organismo multilateral al que pertenece México, poco más del 40 por ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, una cuarta parte dijo haber recibido insultos y amenazas, 17 % ha sido golpeado y casi la mitad reconoció haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física o por redes sociales.

Acoso en redes sociales

En nota aparecida en el portal Sin Embargo, se ofrece información de un estudio levantado en noviembre de 2012 por la compañía McAfee, dedicada a seguridad informática, que revela que el 47 % de las jóvenes entre 12 y 16 años ha sufrido algún tipo de agresión mediante redes sociales, fundamentalmente (92.6 %) a través de Facebook y, enseguida, por Twitter (23.8 %).

¿Cuáles son las consecuencias de esta violencia física y psicológica? En realidad son muchas: las menos perniciosas es que las víctimas muestren desinterés por sus estudios e incluso consideren la posibilidad de abandonarlos, baja autoestima y problemas de sueño y alimentación, pero hay más fuertes, como la depresión profunda que puede conducir al suicidio (o, al menos, a varios intentos), heridas graves provocadas por compañeros de escuela e, incluso, la muerte, sea por motivaciones conscientes del agresor o por accidente.

Los casos de muerte de jóvenes en varios rumbos del país, a manos de sus compañeros de escuela, sin que un solo profesor mostrara interés en impedirlo, solo han servido para llamar la atención sobre este problema que ha crecido sin que nadie haga nada para detenerlo.

Tan fuerte ha sido el impacto mediático que el propio presidente Enrique Peña Nieto apresuró al titular de la SEP, Emilio Chuayffet, a emitir lineamientos que lo contengan, aunque ya sabemos en qué términos se refirió al tema el funcionario mexiquense.

Y eso que, según datos de la Procuraduría General de la República, una de cada seis víctimas de bullying termina suicidándose, y que además reconozca que es necesario tipificar este comportamiento violento como delito.

Por ello, poco impacto tendrán acciones persuasivas planteadas por la SEV, sobre todo si consideramos que el programa Escuela Segura apenas incluye 3 mil 500 planteles.

Mota arrecia el paso

Efectivamente, el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, está arreciando el paso, pero no para resolver el problema del acoso escolar (bullying), tema que poco le debe quitar el sueño, sino para adelantar su imagen en los municipios del distrito electoral federal VIII, Xalapa Rural, única tarea en que se ha concentrado en los últimos dos años al menos.

Y es que el coatepecano quiere asegurar la candidatura priista a la diputación federal para 2015, no importa que para ello utilice todos los recursos que tiene disponibles en su carácter de secretario de despacho. Aquí hemos insistido en que su responsabilidad abarca todo el territorio estatal, pero él lo ha desdeñado, para centrarse en los municipios del distrito por el que quiere colarse de nuevo al Congreso de la Unión.

Por lo visto, su estrategia ha considerado maicear a los dirigentes y diputados, locales y federales, tanto del PAN como del PRD, porque ninguno ha levantado la voz para exigir al Gobierno del Estado que obligue a Mota a parar su abierta y cínica precampaña.

El lunes acudió a una escuela de la congregación La Alborada, municipio de Emiliano Zapata, y ayer martes, en Banderilla, atestiguó la firma de convenios de colaboración entre el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) y los ayuntamientos de Banderilla, Tepetlán, Rafael Lucio y Landero y Coss, para ofrecer alfabetización y estudios de nivel básico a adultos mayores de 15 años.

Aunque la directora del IVEA, María del Socorro Sandoval Vázquez, ha signado 58 convenios de colaboración con diferentes ayuntamientos veracruzanos, los únicos que le han interesado al joven Mota son los que le servirán de plataforma para colarse a la Cámara de Diputados. ¡Menudo defraudador!

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