La creciente inseguridad, la enorme deuda pública que ha secado las arcas locales y la corrupción en dependencias estatales y municipales han construido una década perdida para el desarrollo de Veracruz.

Con el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y lo que va de Javier Duarte de Ochoa, llevamos ya nueve años sin que la infraestructura de educación, salud y comunicaciones haya crecido al ritmo de las necesidades de los veracruzanos.

En contrapartida, el daño que genera la creciente delincuencia sobre los factores de la producción y las economías a escala, y la estampida de microempresarios por la represión fiscal del gobierno federal, están obligando al cierre de las principales fuentes de empleo, las micro y pequeñas empresas, que dan trabajo a casi el 90 por ciento de la población económicamente activa.

Para colmo, según afirman investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la principal causa de migración de enormes contingentes de campesinos veracruzanos no es la búsqueda del ‘sueño americano’, sino la inseguridad que viven en sus comunidades: no migran para trabajar sino para salvar el pellejo, y sus tierras están quedando en manos de los delincuentes.

Pese a su hipotética riqueza, Veracruz no solo no ha crecido en infraestructura ni elevado su competitividad, frente a otros estados que se están distanciando aceleradamente, sino que cada día es evidente su paulatino e inexorable deterioro.

Tras el desastroso gobierno de Fidel, la entidad padece una severa escasez de circulante; la mayoría de los negocios que no han cerrado hace tiempo que sopesan la decisión de bajar sus cortinas, los constructores buscan en otros estados obras que les permita sobrevivir, cuando no ya quebraron por falta de trabajo y de pago; las dependencias públicas viven de meras declaraciones y no hay obra pública de trascendencia.

El mayor gasto público en los últimos tres años se ha orientado al avituallamiento de una policía estatal que no logra contener la violencia.

La delincuencia organizada se ha atomizado y multiplicado; a diferencia de décadas pasadas en que las grandes organizaciones delincuenciales se dedicaban al trasiego de estupefacientes, hoy estamos ante la amenaza de cientos de pequeñas organizaciones que mantienen a raya no solo a grandes empresarios, sino aún a pequeños productores agropecuarios, transportistas, profesionistas, pequeños comerciantes y trabajadores, a quienes hacen víctimas de delitos de alto impacto como secuestro y extorsión.

Escasez de recursos públicos y violencia se han convertido en los caballos de la apocalipsis.

Ahogados en deudas impagables

Aunque se niega persistentemente, los municipios no reciben las participaciones federales completas ni a tiempo; las que corresponden al gobierno estatal, según un documento emitido por el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están comprometidas en 75 por ciento, por los próximos 30 años, al pago de la enorme deuda contraída.

Para hacer frente a compromisos financieros vencidos o por vencer, el actual gobierno ha debido contratar enormes empréstitos desde el inicio de su gestión. Hasta el momento, según el documento citado, se han negociado 23 préstamos. En diciembre de 2010, a 15 días de iniciado, el gobierno de Javier Duarte debió contratar con el Banco del Bajío un crédito por 1 mil 500 millones de pesos; al año siguiente, en septiembre, se contrataron dos créditos más por un total de 4 mil 756 millones de pesos para financiamiento de la deuda (cupón cero), y en diciembre del mismo 2011, otros dos créditos con Banobras por un total de 5 mil 820 millones de pesos. En los años siguientes, la tendencia ha sido similar, lo que supone que la deuda frisa los 87 mil millones de pesos.

Esta situación explica que no se haya destinado prácticamente nada a inversión productiva, a la realización de obra pública de relevancia y al pago incluso de compromisos adquiridos con proveedores.

La perspectiva para el pequeño y mediano plazos es aterradora. Prácticamente no habrá ningún avance en la modernización de la entidad, mientras entidades cercana como Puebla, México y el Distrito Federal no solo logran avances en infraestructura de comunicaciones sino, gracias a ello, están logrando atraer grandes inversiones privadas en los sectores más dinámicos de la economía, particularmente el automotriz y de alta tecnología.

La modernización del Puerto de Veracruz, ya lo estamos viendo, nos dañará más de lo que nos habrá de beneficiar, y una de las primeras afectaciones será en el terreno medioambiental.

Para colmo, la inseguridad se acrecienta.

Más dinero, pero a Seguridad Pública

Pese a ser la dependencia más favorecida en términos presupuestales, la Secretaría de Seguridad Pública está justificando su ineficacia para contener la delincuencia con el garlito de falta de recursos. El propio titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, declaró ayer que la falta de respuesta al llamado de auxilio de las comunidades de la sierra de Zongolica es que no tienen suficiente presupuesto.

Ante la crítica de Román Vázquez González, líder del Movimiento Indígena Liberal, Popular y Autónomo de Zongolica (Milpaz), quien aseguró que el gobierno estatal no estaba cumpliendo las promesas hechas en materia de seguridad, Bermúdez Zurita respondió socarronamente:

“A mí me gustaría tener muchos más recursos, pero todos los recursos son limitados y lo que estamos haciendo es cumplir a los 212 municipios, estamos logrando avanzar en algunos casos, nuestros amigos se desesperan que no llegan las cosas”.

Prácticamente dijo que los habitantes de Soledad Atzompa no tienen llenadera. Mientras tanto, por doquier proliferan las demandas de seguridad y, en varios municipios (más recientemente, Mixtla de Altamirano), se empiezan a crear policías comunitarias, denominación que esconde la operación de organismos de autodefensas.

Ayer mismo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció una inversión de 117 millones de pesos provenientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), para equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, conforme a los programas federales.

¿Quién operará estos recursos? Según el convenio, el secretariado Ejecutivo del SNSP y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que dirige el exalcalde cordobés Francisco Portilla Bonilla. En total, se recibirán 117 millones 258 mil 704 pesos, por los que el gobierno estatal deberá reportar a la Secretaría de Gobernación.

Según el comunicado oficial, Veracruz deberá reportar trimestralmente los destinos de gasto, rubros, acciones, metas, cuadros de conceptos y montos. Lo que faltaría es reportar los resultados tangibles que esa inversión tiene en la seguridad de los veracruzanos.

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